Cuando muchas personas piensan en los delitos financieros, suelen considerarlos delitos sin víctimas ni costos reales. Tal vez piensen en el uso de información privilegiada o en presentar una reclamación fraudulenta a una compañía de seguros. Nadie pierde dinero «real» ni sufre un daño verdadero.
Lamentablemente, esta percepción está muy lejos de la realidad. Desde la trata de personas en Malasia hasta la prostitución en Rumanía, desde las víctimas de las guerras contra las drogas en México hasta el trabajo infantil en muchas partes del mundo, el costo humano de los delitos financieros es muy real. Y es un fenómeno global.
Los delitos financieros son una industria de billones de dólares que inflige un enorme costo social y económico a las vidas que toca. Además, es una industria con la que muchas personas interactúan a diario sin darse cuenta. Los delitos financieros están detrás de quienes lavan su coche en el aparcamiento de un supermercado y no reciben nada de su salario; también de quien le pinta las uñas mientras se prepara para una fiesta de Navidad y luego se ve obligado a entregar todas sus ganancias al propietario del local.
La corrupción y los delitos financieros no son nuevos; han sido una característica de la sociedad durante milenios, desde que surgió el concepto de dinero. Lo nuevo es el grado de sofisticación de los delincuentes financieros y su capacidad para utilizar la tecnología y facilitar el blanqueo de capitales. Estamos presenciando el auge de la «tecnología delictiva», a medida que los delincuentes aprovechan las tecnologías más recientes para burlar el sistema y potenciar las redes delictivas internacionales.
Cada año, se blanqueará en los mercados financieros y los sistemas bancarios del mundo un total estimado de 2,4 billones de dólares procedentes de actividades como la prostitución forzada, el terrorismo y el tráfico de drogas. Actualmente, solo se detecta una parte muy pequeña de esta actividad en el sistema financiero mundial.
En 2011, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que se cree que las fuerzas del orden congelan y confiscan menos del 1 % de los fondos delictivos que circulan cada año por estos sistemas. Si avanzamos seis años, esperaríamos encontrar un porcentaje igualmente bajo.
Los bancos, las empresas de servicios financieros y las instituciones públicas están a la vanguardia de la lucha contra estos delitos. Pero, con el auge de la tecnología delictiva, necesitan herramientas cada vez más sofisticadas para vigilar y rastrear a los delincuentes y las transacciones que realizan.
Por eso es tan crucial utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para intensificar la lucha contra los delitos financieros. Una de esas herramientas son los datos.
Hoy en día, los macrodatos reciben mucha atención, ya sea por el escrutinio de qué datos se recopilan o por las formas en que pueden ayudar a las empresas y a la economía a crecer. Pero también están en el centro de los conflictos actuales. Los datos son la carrera armamentista del siglo XXI. Como dice el viejo refrán, la información es poder, pero quizá solo ahora empecemos a ver realmente todas sus implicaciones.
La cantidad de datos en el mundo crece a un ritmo asombroso, y detectar señales entre tanto ruido puede ser un desafío considerable. Esto incluye determinar si los datos y su procedencia son fiables, cómo recopilarlos, cómo garantizar que estén actualizados y cómo transformarlos en algo que aporte información valiosa.
Los avances tecnológicos pueden ayudar a conectar los puntos con rapidez, para que podamos detectar patrones que constituyen pruebas de delitos y evitar desde el principio que se produzcan actividades maliciosas. La analítica de macrodatos ya puede utilizar datos sin procesar, estructurados y no estructurados, procedentes de distintas fuentes, como los datos de geolocalización y los de dispositivos móviles y redes sociales, para detectar actividades fraudulentas, descubrir conexiones ocultas entre cuentas y rastrear la relación entre las fuentes y el beneficiario.
También es imperativo que las organizaciones de los sectores público y privado colaboren para desarrollar estrategias de intercambio de datos e información a través de las fronteras, con el fin de influir de verdad en las redes globales que sustentan los delitos financieros y en el incalculable daño social que pueden causar.
Para abordar algunos de estos problemas, más de 20 países se han comprometido a desarrollar alianzas público-privadas de intercambio de información financiera (FISP, por sus siglas en inglés), que reúnen a las fuerzas del orden y otros organismos públicos con grupos de importantes instituciones financieras para combatir con más eficacia los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Necesitamos más alianzas de este tipo.
La lucha contra los delitos financieros ocupa un lugar prioritario en la agenda de todos los responsables de formular políticas. Si logramos combatir las operaciones financieras ilegales, también podremos abordar muchos problemas sociales. Pero, incluso con las mejores intenciones, debemos reconocer que la regulación a menudo solo rasca la superficie del problema. Los miembros de la comunidad de servicios financieros deben asumir la responsabilidad personal de ir más allá de lo que exige su deber.
La tecnología facilita la delincuencia, a medida que sus autores se vuelven cada vez más sofisticados y trasladan cada vez más sus actividades a Internet. Pero también puede ser una de las herramientas más poderosas de que disponemos para combatirla. Solo si trabajan juntos y aprovechan la tecnología, las instituciones privadas y públicas pueden esperar de verdad llevar la lucha hasta los traficantes de menores, los cárteles de la droga y las redes de prostitución, y aspirar a vencerlos.
