¿Ha llegado el momento de que Estados Unidos considere cambiar el impuesto sobre la renta por un impuesto progresivo al consumo como forma de abordar la creciente desigualdad de la riqueza? Desde hace tiempo, muchos economistas han favorecido un sistema fiscal basado en el consumo para recaudar ingresos por razones de eficiencia y simplicidad. Sin embargo, pese a algunos defensores ocasionales y muy visibles, nunca ha ganado tracción política. ¿Ha llegado el momento de volver a pensarlo?
Una de las principales objeciones es que cambiar de sistema requeriría una transición potencialmente compleja para evitar penalizar a los actuales titulares de riqueza, que pagarían impuestos cuando intentaran gastar los ahorros acumulados sobre los que ya habían pagado impuestos sobre la renta. Sin embargo, en un entorno en el que la desigualdad de la riqueza está aumentando inexorablemente, ese inconveniente podría ser una virtud. Además, una gran fortaleza de un sistema de impuestos al consumo es que no grava el ahorro y, además, ofrece a las empresas más incentivos para invertir.
Ciertamente, existen otras ideas más sencillas para abordar la desigualdad de la riqueza. La senadora estadounidense Elizabeth Warren ha propuesto un impuesto a los ultramillonarios sobre los 75.000 hogares estadounidenses más ricos, que equivaldría a un impuesto anual del 2 % sobre la riqueza para quienes tengan más de 50 millones de dólares, que aumentaría al 3 % para los multimillonarios. La audaz propuesta de Warren ha desatado un intenso debate entre los economistas sobre cuántos ingresos generaría realmente. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de California en Berkeley, figuras destacadas en la literatura sobre desigualdad, han respaldado el plan de Warren, estimando que recaudaría casi 3 billones de dólares en diez años. Varios destacados ultrarricos también se han sumado.
Pero Lawrence Summers, de la Universidad de Harvard, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y figura destacada en las finanzas públicas, ha sostenido que tales estimaciones son extremadamente optimistas. Summers y su coautora, Natasha Sarin, profesora de Derecho en la Universidad de Pensilvania, han sugerido que un camino mejor hacia el mismo fin sería aplicar una amplia gama de soluciones más convencionales, entre ellas un aumento del tipo del impuesto de sociedades y la eliminación de la capacidad de las familias ultrarricas para evitar el impuesto sobre las ganancias de capital mediante herencias.
El debate sigue abierto. Por convincente que sea el argumento moral a favor de un impuesto sobre la riqueza, históricamente ha resultado difícil obtener grandes ingresos de él. Pero Saez y Zucman han mantenido su postura, argumentando que mucho depende de los recursos que se asignen al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos para aplicar el impuesto. En cualquier caso, ambas partes coinciden en el objetivo, y la orientación general del debate anticipa lo que cabe esperar si un progresista como Warren gana la presidencia de Estados Unidos.
No me resulta antipático el plan de Warren, ni el enfoque de Summers y Sarin, pero ambos son complejos de implementar. ¿Por qué no perseguir los mismos objetivos con un sistema mejor, que cuente con un apoyo más amplio y que, por tanto, resulte más duradero?
A mediados de los años ochenta, Robert Hall y Alvin Rabushka, de la Universidad de Stanford, defendieron lo que era esencialmente una variante del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que separaba las rentas salariales y permitía una mayor progresividad (aún más en un perfeccionamiento propuesto por David Bradford, de la Universidad de Princeton, en su “impuesto X”). Un impuesto al consumo (que no es un impuesto sobre las ventas, sino que utiliza información similar a la que exige el sistema fiscal vigente) es sencillo y elegante, y podría ahorrar un par de cientos de miles de millones de dólares al año en costes administrativos de pérdida irrecuperable. Es importante destacar que estos planes contemplan una gran exención para que las familias de menores ingresos no paguen impuesto alguno.
Pero, en lugar de usar una exención para los hogares de bajos ingresos, el sistema puede lograr la progresividad mediante una gran transferencia de suma fija (como en una renta básica universal), tal como sugiere la destacada macroeconomista portuguesa Isabel Correia, quien estima que su plan daría lugar tanto a un mayor crecimiento como a una mayor igualdad de ingresos que el sistema fiscal actual. El análisis de Correia se centra en el largo plazo, pero con una transición adecuadamente diseñada para proteger a las pequeñas empresas familiares, debería ser posible garantizar también ganancias a corto plazo.
Por supuesto, en términos de equidad, mucho depende de cuán grandes sean las transferencias y exenciones, y de cuán bajo sea el tipo impositivo. Hasta ahora, han sido sobre todo unos pocos republicanos los que han favorecido el cambio hacia impuestos progresivos al consumo (aunque una variante fue defendida por el icono liberal Bill Bradley, excongresista estadounidense por Nueva Jersey). Irónicamente, una de las razones por las que la idea no ha recibido un apoyo republicano más amplio es que los conservadores reconocen que un impuesto al consumo sería tan eficiente que el Gobierno podría recaudar fondos con demasiada facilidad para ampliar los programas sociales.
Mientras tanto, muchos en la izquierda reaccionan ante la idea de forma automática, creyendo que un impuesto al consumo debe ser de algún modo regresivo porque los impuestos sobre las ventas son regresivos. No comprenden que un impuesto progresivo sobre las ventas puede aplicarse de una manera totalmente distinta.
Por supuesto, cualquier cambio importante en la fiscalidad federal tiene efectos complejos, incluida su interacción con los sistemas fiscales estatales y locales. Y es probable que el Congreso de Estados Unidos tenga un sesgo innato a favor de un sistema fiscal complejo, con muchas lagunas y exenciones, que da a sus miembros ventaja frente a posibles donantes. Pero eso es aún más motivo para aprovechar la oportunidad de depurar el sistema y, al mismo tiempo, ayudar a mitigar la desigualdad de la riqueza.
