Una joven entra en una sucursal bancaria de Londres. Pronto la advierte un cajero, que ve que un hombre la sigue de cerca y no se separa de ella. La mujer parece bastante nerviosa, casi temblorosa. Y en lugar de acudir a una de las ventanillas abiertas, empieza a depositar dinero en un cajero automático, un proceso que tardará mucho más. El hombre parece controlar de cerca este proceso.
El cajero sospecha que la joven es víctima de trata con fines de explotación sexual. Sus sospechas se basan en información que las fuerzas del orden facilitaron al banco, las cuales habían informado recientemente sobre algunas características de la trata de personas y sobre cómo los fondos ilícitos derivados de delitos se blanquean a través de los bancos. De acuerdo con la formación que ha recibido del banco, el cajero no confronta a la mujer, sino que comunica sus inquietudes a su supervisor.
Una investigación interna del banco revela que la cuenta en la que se depositó el dinero está asociada a una dirección compartida por muchos otros titulares de cuentas. La información se entrega a la policía y, como resultado, tres personas son detenidas por trata de personas. La víctima es rescatada.
Ojalá pudiera decirles que hay cientos de historias como esta: casos en los que el intercambio de información entre bancos y fuerzas del orden permitió detener a los malhechores y rescatar a las víctimas. Mi esperanza es que algún día pueda hacerlo.
Sabemos bien que el sistema financiero mundial sigue siendo atractivo para los delincuentes que intentan blanquear fondos ilícitos a través de las fronteras. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que la cantidad de dinero blanqueada en el mundo en un año asciende al 2%-5% del PIB mundial, o entre 800 000 millones y 2 billones de dólares.
Se trata de cifras enormes. Pero detrás de ellas hay un nivel de sufrimiento humano que simplemente no puede medirse. El blanqueo de capitales está estrechamente vinculado a diversos males de la sociedad. Los traficantes de drogas, los traficantes de personas y los traficantes de fauna silvestre se lucran con el daño que causan a las víctimas y a nuestra sociedad. Y para avanzar en sus actividades delictivas, necesitan poder desplazar las ganancias de un lugar a otro.
Para un banco mundial como HSBC, situado en el centro del comercio internacional, esto plantea retos importantes. Tenemos la responsabilidad fundamental de contribuir a proteger la integridad del sistema financiero del que todos dependemos.
Reconocemos que no podemos hacerlo solos. Por eso defendemos firmemente un enfoque basado en alianzas público-privadas que permitan compartir información entre los bancos y con las fuerzas del orden.
Nuestro sistema actual para proteger a los bancos de que los delincuentes los exploten se diseñó en una época en la que las transacciones internacionales podían tardar días o semanas. Con algunas excepciones, hace 20 o 30 años gran parte de la actividad delictiva no traspasaba las fronteras.
En el mundo actual, donde las transacciones tardan segundos y el delito es tan internacional como cualquier gran negocio legítimo, seríamos complacientes si no adoptáramos un sistema más ágil: uno que permita un mayor intercambio de información entre bancos, o entre bancos y organismos públicos, y que, por tanto, esté en mejores condiciones de frustrar los intentos de los delincuentes de mover sus fondos ilícitos.
Para un banco, encontrar indicios de delito financiero entre los millones de transacciones legítimas de clientes que se realizan cada día es como buscar una aguja en un pajar. Por sí sola, cualquier transacción puede aportar pocas pruebas de actividad ilegal. Pero cuando reunimos un conjunto de información —como los datos de quienes realizan las transacciones y con quién operan— podemos empezar a construir una imagen más clara de un posible delito financiero.
Compartir información nos ayuda a construir esa imagen. Como banco, podemos ver los pagos que circulan por el sistema financiero de todo el mundo. Pero es posible que nos falte la información que nos permita centrarnos en determinados clientes o pagos.
Las fuerzas del orden pueden disponer de información específica sobre delincuentes, pero carecer de la capacidad de ver las transacciones que realizan. Los delincuentes se aprovechan de las lagunas que surgen cuando este tipo de información no se comparte.
El desarrollo de alianzas público-privadas ayuda a subsanar estas lagunas. Se trata de foros creados entre el sector público y los bancos. Ya se han establecido en el Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Canadá, Australia y Estados Unidos. Las alianzas permiten a los bancos compartir información con otros bancos y con las fuerzas del orden con mayor facilidad. También permiten a los organismos públicos proporcionar a los bancos información que nos ayuda a centrar nuestras búsquedas en los ámbitos adecuados.
Estas alianzas están dando resultados. La alianza del Reino Unido, el Joint Money Laundering Intelligence Taskforce, ha informado de detenciones y decomisos de efectivo de presunta procedencia delictiva gracias al intercambio de información.
Pero aún queda más por hacer.
Todavía solo existen seis alianzas en el mundo. En pocas palabras, necesitamos más. El intercambio de información bancaria está sujeto a requisitos normativos y de privacidad en muchos países. Esto puede dificultar compartir información incluso dentro de un mismo banco, y aún más con otros socios. Hemos visto avances para abordar este problema a nivel internacional a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de carácter multilateral. Pero aún podría hacerse más para garantizar que los beneficios de las alianzas público-privadas se materialicen de verdad.
Seguiremos apoyando el desarrollo de alianzas y defendiendo una mayor compartición de datos. Es una de las claves para mejorar la capacidad de los bancos para frenar el flujo de dinero blanqueado. Y, sobre todo, como descubrió una joven que visitó el banco en Londres, puede llegar a salvar vidas.
Este artículo forma parte de una serie de dos partes con motivo del Día Mundial contra la Corrupción, seleccionada por la Iniciativa de Colaboración contra la Corrupción (PACI) del Foro Económico Mundial.
