Las pruebas de resistencia bancaria de EE. UU., concretamente la Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST) y el Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), supuestamente exigen balances sólidos como fortalezas, capaces de soportar condiciones «muy adversas»: en 2018, definidas como una caída del 65 % en los precios de las acciones, descensos del 30 % y el 40 % en los bienes raíces residenciales y comerciales, y un desempleo del 10 %. Sin embargo, las pruebas utilizan medidas regulatorias, en lugar de medidas de mercado, tanto para el valor como para el nivel de riesgo de los activos bancarios; medidas que fracasaron estrepitosamente durante la crisis financiera.
En las condiciones descritas, la Reserva Federal proyecta pérdidas del 5 % en las segundas hipotecas y los préstamos con garantía hipotecaria, y del 5,5 % en los préstamos estudiantiles y para automóviles. Nueve de los 35 bancos obtienen un beneficioregulatorio: Wells Fargo obtiene 10.000 millones de dólares. En conjunto, las pérdidas netas y otros cargos de capital representan apenas el 1,3 % de los activos.3 Las pruebas afirman que, aunque los bancos sigan pagando dividendos y (en la versión CCAR) ejecuten las recompras de acciones previstas, dispondrán de abundante capital regulatorio.
Durante la crisis, los bancos evitaron valorar los activos de forma realista de dos maneras. Primero, valoraron sus activos «mantenidos hasta el vencimiento» utilizando modelos propios, en lugar de valores de mercado o valores razonables. Por ejemplo, en 2008 el Federal Home Loan Bank de Atlanta estimó que las pérdidas a valor razonable de sus hipotecas de marca privada ascendían a 2.700 millones de dólares, pero las pérdidas según su modelo eran de 44.000 dólares. Las pruebas de 2018 estiman las pérdidas utilizando la relación histórica entre las pérdidas según los modelos y el valor razonable. Segundo, se permitió a los bancos comerciales valorar sus activos «disponibles para la venta», supuestamente a valor razonable, de forma mucho más agresiva que los denostados bancos de inversión. Citibank valoró su cartera alt-A al 85 % del valor nominal, mientras que Lehman, el banco de inversión más agresivo, la valoró al 39 %. Wachovia valoró sus obligaciones de deuda garantizadas con hipotecas de alto riesgo al 58 %, frente al 15 % de Morgan Stanley.
Entre 2008 y 2011, de los más de 400 bancos que quebraron en EE. UU., el 90 % ocasionó pérdidas a la Federal Deposit Insurance Corporation de al menos el 14 % de sus activos, pese a contar con capital regulatorio positivo. Como referencia, el estándar para considerarse «bien capitalizado» era un capital regulatorio del 6 %.
Las pruebas también ignoran el fuerte aumento del riesgo de los activos que se produce durante una crisis. Supongamos que un prestatario aporta una garantía de 120 para respaldar un préstamo sin recurso de 100. El tipo de interés sin riesgo es cero y los inversores son neutrales al riesgo. Hay un 10 % de probabilidades de que la garantía pierda valor y, si eso ocurre, caerá un 25 %, hasta 90. Entonces, el reembolso esperado es 99 y el préstamo puede respaldar 90 de deuda sin riesgo. Pero supongamos que la garantía es solo de 100 y sigue habiendo un 10 % de probabilidades de una caída del 25 %. Entonces, el reembolso esperado baja a 97,5, pero el crédito del banco es más arriesgado y solo puede respaldar 75 de deuda sin riesgo. El capital propio exigido es 97,5-75=22,5, en lugar de 99-90=9, un aumento del 150 %.
¿Qué ocurre en el ámbito regulatorio? Los requisitos de capital son proporcionales a los activos ponderados por riesgo. Durante la crisis, la proporción de activos ponderados por riesgo respecto del total de activos apenas pasó del 74,9 % a finales de 2006 a un máximo del 75,9 % en el tercer trimestre de 2007. Siguiendo esa pauta, el escenario de 2018 de condiciones muy adversas eleva la proporción del 63 % al 64 %. Un aumento enorme del riesgo apenas genera tensión en las pruebas. Los bancos estadounidenses aumentaron el capital neto negativo desde el comienzo de la crisis financiera (mediados de 2007 o antes) hasta el final del tercer trimestre de 2008, aunque dos de los bancos más sofisticados (JP Morgan y Goldman Sachs) sí captaron fondos en las semanas posteriores al colapso de Lehman y AIG. Las pruebas de resistencia institucionalizan un rumbo similar, o peor, para la próxima crisis.
La valoración errónea crea problemas de incentivos que agravaron la crisis. Por ejemplo, consideremos un activo valorado en 90 con un requisito de capital del 10 %. Entonces, a efectos regulatorios, el activo equivale a 90 (1-.10) =81 en efectivo. Supongamos que su valor de mercado es 50. Una venta obligaría al banco a reconocer la pérdida y captar 31 de capital adicional, aunque redujera sus riesgos. Por otro lado, vender acciones para conceder nuevos préstamos valorados a valor razonable resulta mucho menos rentable si la prioridad para los rendimientos de esos nuevos préstamos es cubrir las pérdidas no reconocidas de los antiguos.
Tiene sentido utilizar el mercado aunque, como suelen argumentar los banqueros y los reguladores, los valores de mercado puedan ser erróneos. Si intento pedir un préstamo ofreciendo como garantía una acción de Facebook que se vende a 180 dólares, el importe que me prestará un banco dependerá del valor y el riesgo actuales de mercado. Que el mercado pueda equivocarse y que, en última instancia, Facebook valga 80 u 280 dólares no vuelve irrelevantes los precios de mercado ni los «recortes de valoración».
Las pruebas de resistencia han mejorado en algunos aspectos. Aunque ahora presuponen pérdidas menores que hace cinco años, los requisitos de capital que las pruebas imponen a los grandes bancos son superiores a los anteriores a la crisis. Además, se han reducido o cerrado algunas lagunas. Por ejemplo, muchos críticos han atribuido parte de la crisis a la liquidación de activos de la «banca en la sombra», en particular en el mercado de papel comercial respaldado por activos, durante la segunda mitad de 2007. El 74 % de este mercado correspondía a actividades fuera de balance de los bancos comerciales (y el 1 % a las de los bancos de inversión).9 Ahora, la regulación presta más atención a la financiación fuera de balance.
Sin embargo, pese a las miles de páginas de nueva regulación bancaria de los últimos diez años, en gran medida se han ignorado los cambios potenciales más importantes: adoptar valoraciones más realistas de los activos y sus riesgos.
Las pruebas de resistencia desempeñaron un papel útil en 2009. Con los bancos en grave peligro, las únicas formas de evitar la quiebra eran que el Gobierno inyectara de inmediato enormes cantidades de capital, que asegurara directamente casi todos los pasivos a corto plazo o, una opción mucho más aceptable políticamente, que de algún modo convenciera a los acreedores a corto plazo de que era seguro renovar sus créditos independientemente de la solvencia de los bancos. Para ello, los reguladores tuvieron que prometer a los prestamistas que los bancos recibirían un trato como si fueran lo bastante solventes para seguir operando, por muy insolventes que llegaran a ser. Las pruebas, junto con las promesas de los reguladores, dejaron claro que no se permitiría quebrar a ningún banco importante antes de finales de 2010. Así, la deuda «sin garantía» que vencía en 2009 podía renovarse por un año, con la seguridad para los acreedores de que podían adelantarse al asegurador de depósitos y retirar su dinero antes del cierre de cualquier banco, independientemente de su solvencia. Y en 2010 habría otra prueba, que prometería otro año de seguridad.
Hoy, en Europa, muchos bancos siguen siendo muy débiles y quizá los reguladores se sientan obligados a mantener las mismas ficciones sobre la salud financiera que resultaron tan útiles en las pruebas de 2009. Pero en EE. UU., la recuperación de diez años significa que los principales bancos son actualmente solventes. Ha llegado el momento de pasar a un sistema que utilice requisitos de capital basados en el mercado: un paso necesario para asignar de forma clara y creíble al sector privado la responsabilidad por las futuras pérdidas bancarias y mejorar los incentivos tanto para gestionar los riesgos existentes como para invertir en otros nuevos.
