Los bonos verdes están en auge en todo el mundo, a medida que los inversores buscan inversiones sostenibles y rentables
Pero el «lavado verde» amenaza con socavar los esfuerzos para cumplir el Acuerdo de París de 2015
Una política climática eficaz aumenta la credibilidad de los activos verdes y atrae a inversores sostenibles, responsables y de impacto (CRI)
Desde que en 2015 se alcanzó el histórico Acuerdo de París, un movimiento creciente de inversores ha empezado a cuestionar la ortodoxia tradicional de invertir anteponiendo los beneficios a todo lo demás.
Muchos de ellos ahora rechazan ese enfoque y optan, en cambio, por la inversión sostenible, responsable y de impacto (SRI), que da prioridad al bienestar social y, al mismo tiempo, genera rendimientos financieros.
Los inversores de todo el mundo empiezan a preocuparse por el cambio climático, y el auge mundial de las emisiones de bonos verdes —utilizados para financiar proyectos respetuosos con el clima— es una prueba de ello.
Aunque los ingresos de algunos bonos verdes sí financian la innovación y la producción verdes, cada vez se utilizan más otros para actividades de propósito general, o incluso intensivas en carbono, que no concuerdan con las afirmaciones iniciales de los bonos. Muchas empresas incluso exageran o falsifican sus compromisos ambientales para acceder al capital SRI, un fenómeno conocido como «lavado verde».
Cómo combatir el lavado verde
El lavado verde ha dificultado la identificación de activos verdaderamente verdes, desalentando la inversión SRI e impidiendo que el capital verde se destine a las actividades más eficaces para reducir las emisiones de carbono. Una política climática eficaz puede abordar este problema y, en última instancia, mejorar la eficiencia de la asignación del capital verde.
Al obligar a las empresas a internalizar el costo social de sus emisiones de carbono, la política climática puede motivarlas a destinar los ingresos de los bonos verdes a prácticas realmente ecológicas, como la tecnología limpia y las energías renovables, para reducir los costos de las emisiones.
Sin embargo, las empresas que buscan beneficios solo adoptarán actividades verdaderamente respetuosas con el clima —en lugar de recurrir al lavado verde— si tienen un incentivo financiero para hacerlo. Cuando la política climática está vigente, invertir en tecnología verde y producción limpia permite ahorrar en costos de emisiones. De hecho, las empresas de países que ya han adoptado políticas climáticas progresistas captan más fondos en el mercado de deuda verde que las de países que no lo han hecho.
Una política climática eficaz
La política climática que refleja y respalda el compromiso público de combatir el cambio climático puede promover las inversiones SRI de cuatro maneras.
En primer lugar, una política climática eficaz impone y regula la divulgación de información sobre las emisiones de carbono, lo que permite a los inversores SRI identificar mejor los activos verdes y seguir su impacto en la mitigación del cambio climático.
En segundo lugar, exige que los organismos nacionales y los fondos de capital, como los fondos de pensiones y los fondos soberanos, respalden la consecución de los objetivos climáticos, impulsando directamente las inversiones SRI.
En tercer lugar, brinda apoyo normativo e incentivos financieros para la tecnología y la producción verdes, lo que atrae a inversores SRI que buscan optimizar su impacto social.
Por último, una buena política climática aumenta la demanda y, por tanto, el precio de los activos verdes, lo que mejora la rentabilidad de las inversiones SRI y, a su vez, refuerza su sostenibilidad.
La creciente preocupación por el cambio climático ha acelerado la adopción de políticas climáticas en todo el mundo. En abril de 2021, 45 países ya habían aplicado o tenían previsto aplicar un impuesto nacional al carbono o un sistema de comercio de derechos de emisión (ETS). Sin embargo, está claro que estos esfuerzos no bastan para alcanzar las emisiones netas cero en 2050, un principio fundamental del Acuerdo de París.
Convencer a las empresas
Muchos gobiernos aún dudan en adoptar políticas climáticas. Una preocupación clave es la percepción de que estas políticas podrían frenar el crecimiento económico al aumentar los costos de producción y, con ello, desalentar la inversión empresarial.
Al fin y al cabo, las empresas buscan obtener beneficios por naturaleza. Por eso, para reducir su resistencia a las políticas climáticas, hay que demostrar que su introducción realmente les beneficia.
Un estudio reciente del Instituto de Economía y Finanzas Globales (IGEF) concluyó que la política climática reduce el riesgo de financiación empresarial, lo que a su vez fortalece los balances de las empresas. Mientras que las pequeñas y medianas empresas suelen endeudarse en los mercados nacionales, las grandes empresas recurren considerablemente a los mercados extranjeros. Históricamente, las grandes empresas fuera de Estados Unidos han tenido que endeudarse en los mercados internacionales en la moneda de los inversores extranjeros para obtener fondos, en lugar de hacerlo en su propia moneda.
Sin embargo, endeudarse en moneda extranjera mientras se generan la mayoría de los ingresos en moneda local expone a las empresas al riesgo de descalce de monedas. Si la moneda extranjera en la que se endeudaron se aprecia considerablemente frente a su moneda local, pueden afrontar un aumento repentino de la carga de su deuda, con el riesgo de impago o quiebra, aunque las empresas sean sólidas en lo fundamental.
Este riesgo de descalce de monedas no es una preocupación abstracta: hay muchos ejemplos muy reales de que esto ocurre, entre ellos la crisis latinoamericana de 1994 y la crisis financiera asiática de 1997. Más de dos décadas después de estas crisis, las empresas aún lidian con el riesgo de endeudarse en monedas extranjeras, pero la política climática podría mitigarlo.
La nueva política monetaria
El informe del IGEF concluyó que la política climática mitiga el riesgo de descalce de monedas al atraer a inversores SRI, que en gran medida están dispuestos a tolerar el mayor riesgo asociado a los activos verdes y lo hacen en su moneda local.
Cuando las empresas emiten bonos corporativos verdes en su moneda local, en esencia transfieren el riesgo de descalce de monedas a los inversores SRI, lo que supone un alivio para las empresas que dependen en gran medida de la financiación internacional y están expuestas a la volatilidad de los tipos de cambio.
Así, la política climática se relaciona con los bonos verdes como la política monetaria creíble con los bonos convencionales. Una política monetaria creíble reduce las probabilidades de que se imprima dinero para inflar la deuda denominada en moneda local, lo que mejora la capacidad de las empresas para emitir bonos en moneda local y mitigar el riesgo de descalce de monedas.
La política climática logra ese mismo objetivo al reducir la probabilidad del lavado verde y dirigir así la inversión SRI hacia bonos verdes que permiten a las empresas endeudarse en su moneda local. Por tanto, la política climática es la nueva política monetaria para la financiación verde.
