Las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a escala mundial están en auge, pero existe una brecha significativa entre los inversores en cuanto al respeto de los derechos humanos al tomar decisiones de inversión.
Un reciente informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ha identificado esta brecha y explica por qué los inversores deben situar a las personas y el planeta en el centro de su proceso de toma de decisiones.
El informe también sugiere algunas medidas que los inversores y los responsables de políticas pueden adoptar para garantizar que se respeten los derechos humanos de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Los inversores de todo tipo están cada vez más interesados en los enfoques de inversión medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como en la inversión sostenible: dos estrategias que a menudo se solapan y que a veces se utilizan indistintamente. Se prevé que los activos ESG a escala mundial superen los 40 billones de dólares en 2030, lo que supondrá más de una cuarta parte de todos los activos bajo gestión.
Es una expectativa comprensible que los enfoques de inversión ESG y de sostenibilidad, por sus referencias a las personas y al planeta, deberían incluir inherentemente los derechos humanos entre sus consideraciones. El respeto de los derechos humanos es responsabilidad de todas las empresas, incluidas las del sector financiero. Esta responsabilidad se establece en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), adoptados por la ONU en 2011. Los PRNU y los documentos relacionados se han aplicado desde entonces en la legislación internacional, regional y nacional, así como en otras normativas, como la reciente Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
Pero un reciente informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos muestra que la mayoría de los inversores necesitan mejorar notablemente en lo que respecta al respeto de los derechos humanos. Este informe, basado en consultas globales y en aportaciones escritas de inversores y otras partes interesadas, se centra en los inversores institucionales que aplican enfoques ESG en su papel de propietarios y gestores de activos.
Se constata que los enfoques ESG y de sostenibilidad varían considerablemente entre los distintos inversores, estrategias de inversión y clases de activos. Como resultado, existen pocas definiciones uniformes y no hay normas mundiales específicas, lo que corre el riesgo de crear oportunidades de «greenwashing» y de “rightswashing”. Esto no se ve contrarrestado por las metodologías actuales de calificación ESG, que carecen de transparencia y coherencia y que a menudo no incluyen datos detallados y fiables sobre los derechos humanos de las empresas que evalúan.
Los inversores necesitan datos sobre las empresas u organizaciones en las que invierten que indiquen su enfoque en materia de derechos humanos en cada uno de los criterios E, S y G (los derechos humanos no se limitan a la parte «S» de ESG). El informe explica cómo la creación de normas coherentes y sólidas para estos datos ayudaría a salvar la separación entre los criterios E, S y G y a garantizar que las consideraciones sobre derechos humanos se apliquen a todos ellos.
¿Qué importancia tienen los derechos humanos para los inversores?
La relación de un inversor con los impactos positivos o negativos en las personas y el planeta puede generar oportunidades o riesgos financieros para el inversor. Por ello, una cuestión clave para todos los inversores es hasta qué punto los impactos de sus inversiones en los derechos humanos (incluidos los efectos de los daños medioambientales y climáticos) son materiales para ellos. Se pueden aplicar dos conceptos principales de materialidad a los criterios ESG/de sostenibilidad.
La materialidad financiera, o materialidad simple, considera cómo los criterios de sostenibilidad (tanto positivos como negativos) pueden suponer riesgos y oportunidades para un inversor, afectando en última instancia a su capacidad para crear valor o generar rentabilidades ajustadas al riesgo mejoradas. Se caracteriza por una visión «de fuera hacia dentro» de los criterios de sostenibilidad, es decir, examina cómo afectan los criterios de sostenibilidad a la entidad receptora de la inversión.
La materialidad de impacto considera cómo una entidad receptora o un inversor puede repercutir en las personas y el planeta. Se caracteriza por una visión «de dentro hacia fuera» de los criterios de sostenibilidad, lo que significa que examina cómo una empresa afecta a los criterios de sostenibilidad. La participación de los grupos afectados, como los pueblos indígenas, las comunidades locales, los sindicatos, los trabajadores y otras partes interesadas pertinentes, es fundamental en el enfoque de materialidad de impacto.
Combinar ambos conceptos de materialidad en un enfoque de «doble materialidad» podría garantizar que los impactos negativos en los derechos humanos sobre las personas y el planeta se identifiquen, prevengan, mitiguen y contabilicen, todo ello en consonancia con los PRNU.
¿Cómo pueden los inversores garantizar el respeto de los derechos humanos?
Los inversores pueden cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos de diferentes maneras, en función del tipo de inversor, la clase de activo y la estrategia de inversión. Pero todos los inversores tienen esta responsabilidad de respetar los derechos humanos.
Para cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, los inversores deben situar en el centro de su toma de decisiones la identificación y gestión de los riesgos para las personas y el planeta, según el informe del Grupo de Trabajo de la ONU. Para ello, pueden, por ejemplo, integrar los derechos humanos en las políticas y estrategias de inversión, llevar a cabo una diligencia debida continua en materia de derechos humanos y reparar cualquier impacto negativo en los derechos humanos que hayan causado.
Los Estados también pueden adoptar medidas para garantizar que los derechos humanos se incorporen al proceso de toma de decisiones de inversión. Los Estados deben crear legislación y normativa que permita a los inversores aumentar su alineación con los PRNU en sus enfoques ESG/de sostenibilidad. Estas leyes y normas deben dirigirlos a proporcionar información transparente al respecto a las partes interesadas y a incluir requisitos de doble materialidad. Deben incluir disposiciones de ejecución eficaces y garantizar un acceso efectivo a vías de reparación para los titulares de derechos si alguna decisión de inversión repercute negativamente en sus derechos humanos.
Estas medidas podrían ayudar a animar a los inversores a pasar de un enfoque voluntario y fragmentario de los impactos en los derechos humanos a un enfoque de «cumplir o explicar», en lugar de un simple enfoque de marcar casillas. El informe también señala la necesidad de colaboración entre inversores, entidades receptoras, Estados y titulares de derechos para establecer un acceso significativo a vías de reparación y garantizar una consulta adecuada a las partes interesadas. Esto también podría contribuir a marcos más justos y responsables que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos en relación con las actividades de inversión.
Por supuesto, algunas normativas estatales vigentes ya destacan las consideraciones de derechos humanos en las prácticas de inversión, y algunos inversores ya tienen prácticas prometedoras en materia de derechos humanos dentro de sus enfoques ESG/de sostenibilidad. Pero aún queda un largo camino por recorrer.
Al adoptar estas medidas, los inversores, especialmente los que aplican específicamente enfoques ESG o de sostenibilidad, pueden asegurarse de cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos de conformidad con los PRNU.
