Según se informa, la Comisión de la UE está recopilando pruebas sobre el uso de los llamados créditos fiscales diferidos (DTC) en bancos de Grecia, Portugal, España e Italia, para determinar si algunos cambios regulatorios recientes y prácticas de reconocimiento constituyen ayudas estatales encubiertas. Aquí analizo qué son estos instrumentos y por qué importa esta cuestión.
Los activos por impuestos diferidos (DTA) son instrumentos que pueden utilizarse para reducir el importe de las obligaciones fiscales futuras. Normalmente, los DTA dependen de los beneficios: solo pueden utilizarse si un banco genera suficientes beneficios imponibles para que se origine una obligación tributaria que pueda compensarse con su uso.
Basilea III trata los DTA de manera diferente, según el grado en que pueda confiarse en ellos cuando se necesiten para ayudar a un banco a absorber pérdidas. El valor de los DTA que dependen de la rentabilidad futura solo puede realizarse en la medida en que un banco genere efectivamente beneficios imponibles en el futuro. Por tanto, el Reglamento sobre requisitos de capital (CRR) exige que estos DTA se deduzcan del CET1, sujeto a un periodo transitorio de aplicación gradual.
Sin embargo, varios países del sur de la zona del euro han introducido cambios legislativos que permiten transformar los DTA en otro instrumento —créditos fiscales diferidos (DTC)— que no dependen de los beneficios futuros y pueden contabilizarse como capital tanto si el banco obtiene beneficios como si registra pérdidas. Esta es la práctica que la Comisión está investigando ahora.
Fuente: BCE
La Figura 1 muestra el saldo de DTA que dependen de la rentabilidad futura y que mantenían los bancos al inicio de la Revisión de la Calidad de los Activos (AQR). El saldo agregado antes de la evaluación global ascendía a unos 105.600 millones de euros, equivalentes a aproximadamente el 10,6 % del capital CET1 inicial agregado. Grecia y Portugal destacan como casos extremos: allí, los DTA equivalían a más del 40 % y el 25 %, respectivamente, del capital de nivel 1 ordinario (CET1) previo a la AQR. Publicar este tuit
Aunque las diferencias entre países en los saldos absolutos de DTA pueden deberse en gran medida al tamaño de los bancos, las diferencias entre los DTA y el CET1 indican prácticas de reconocimiento divergentes.
Aunque las diferencias entre países en los saldos absolutos de DTA pueden deberse en gran medida al tamaño de los bancos, las diferencias entre los DTA y el CET1 indican prácticas de reconocimiento divergentes. Y dado que el reconocimiento de los DTA depende de una evaluación de la probabilidad de que los bancos generen suficientes beneficios imponibles en el futuro, esa probabilidad también debía de ser diferente.
El informe del BCE realiza un ejercicio en el que divide el saldo de DTA por una estimación de los gastos fiscales anuales futuros (basada en el escenario de referencia de la prueba de resistencia). Así, es posible determinar un número aproximado de años de beneficios que necesitaría un banco para realizar el valor íntegro de sus DTA vinculados a beneficios. Esto ofrece un indicador prima facie de cuán estrictas han sido las prácticas de reconocimiento de DTA.
El resultado es que, para 75 bancos (la mayoría), el saldo de DTA vinculados a beneficios que mantenían equivaldría a 5 años o menos de gastos fiscales anuales; sin embargo, en algunas entidades concretas, realizar el valor íntegro de todos los DTA mantenidos exigiría generar beneficios imponibles, según el escenario de referencia, durante bastante más de 10 años. Al mismo tiempo, se prevé que 31 bancos participantes no obtengan beneficio alguno durante el escenario de referencia de la prueba de resistencia, pero aun así mantienen un saldo de DTA de unos 15.700 millones de euros, lo que sugiere que en algunos casos las prácticas de reconocimiento podrían haber sido muy laxas.
Esto ya debería ayudar a aclarar por qué los DTA no son un instrumento totalmente transparente y por qué el CRR sugiere que deben excluirse de la definición de CET1.
Para algunos bancos del sur de la zona del euro, que registraron grandes pérdidas durante la crisis y mantienen una cantidad significativa de DTA en relación con su capital básico, esto habría sido problemático.
El artículo 39.2 de la Directiva sobre requisitos de capital (CRD IV) ha establecido una especie de cláusula de excepción, pues señala que los activos por impuestos diferidos seguirían aceptándose como capital si se transformaran de forma obligatoria y automática en un crédito fiscal y, en casos específicos, se sustituyeran por un derecho de cobro directo frente al gobierno.
Probablemente por ello varios países del sur de la zona del euro han introducido cambios legislativos que permiten transformar los DTA en créditos fiscales diferidos (DTC). La diferencia, como se ha dicho, es que los DTC no dependen de los beneficios futuros y podrían reclamarse tanto si el banco obtiene beneficios como si registra pérdidas. Los bancos recibirían una reducción fiscal si obtuvieran beneficios o un pago del gobierno si acabaran registrando pérdidas.
El WSJ informa de que España e Italia ya habían introducido estos cambios en diciembre de 2013, mientras que Portugal y Grecia aprobaron leyes más recientemente, antes de la AQR y las pruebas de resistencia del BCE. La DG de Competencia está cuestionando ahora si esto constituye una ayuda estatal encubierta (e ilegal), ya que podría exigirse a los gobiernos de los países en los que estos instrumentos se han contabilizado como capital que respalden esos DTC.
El cambio de DTA a DTC permite que los instrumentos sigan contabilizándose como capital, pero a cambio refuerza aún más el vínculo negativo entre bancos y soberanos. De hecho, los DTC dependen bastante de la intervención gubernamental si el banco no llega a obtener beneficios. La variante griega es un buen ejemplo. Reuters informó de que la ley exigía inicialmente que, si un banco que utilizara el DTC como capital no generaba beneficios en el futuro, el gobierno proporcionara el equivalente de la devolución fiscal en GGB (lo que podría reforzar el impacto de los problemas del gobierno en los bancos); sin embargo, la ABE pidió a Atenas que modificara la ley para que la contribución del gobierno tuviera que hacerse en efectivo (lo que podría reforzar el impacto de los problemas de los bancos en las arcas públicas).
Una conclusión de la Comisión de que la conversión de DTA en DTC constituye una ayuda estatal ilegal podría eliminar una parte de lo contabilizado como capital en los bancos que han dependido ampliamente de este instrumento. Esto podría tener consecuencias potencialmente perjudiciales, sobre todo en Grecia, donde el uso de estos instrumentos parece haber sido más extendido, la situación de las finanzas públicas parece más precaria y los bancos afrontan importantes problemas de liquidez.
En general, los reguladores no consideran que los DTA vinculados a beneficios sean de calidad suficiente para contabilizarse como capital, y es difícil negar que el principal logro de su conversión en DTC es que estos instrumentos reúnan los requisitos mediante el fortalecimiento del vínculo entre los bancos y sus soberanos. Atenuar este vínculo es uno de los objetivos más importantes de las iniciativas regulatorias emprendidas en los últimos años, incluida la creación de un supervisor único. No parece haber ninguna razón evidente para no proseguir ahora con este esfuerzo.
Este artículo se publicó originalmente en Bruegel, el grupo de reflexión con sede en Bruselas. Lea el artículo en su sitio web (aquí). La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Silvia Merler es investigadora asociada de Bruegel.
Imagen: Un hombre pasa junto a edificios en el distrito central de negocios de Singapur. REUTERS/Nicky Loh.
