El impacto del cambio climático en la estabilidad de las instituciones financieras individuales y del sistema financiero en general es cada vez mayor. Influye en los tipos de actividades que las instituciones financieras financiarán y en el costo de la financiación.
Por ejemplo, el aumento de la frecuencia y la intensidad de las inundaciones, tormentas y sequías complica la capacidad de la industria de seguros para evaluar los riesgos asegurables. También está provocando un aumento de las primas de seguros.
Afecta la capacidad de los fondos de pensiones para planificar sus estrategias de inversión. Los bancos enfrentan mayores riesgos reputacionales y financieros derivados de actividades de financiación que contribuyen al cambio climático. Estas actividades incluyen la minería del carbón y la ganadería bovina.
A nivel mundial, las instituciones financieras y sus clientes enfrentan un mayor riesgo de litigios por no gestionar los riesgos asociados al cambio climático. Por ejemplo, el Commonwealth Bank of Australia fue demandado por engañar a los inversores al no revelar los riesgos relacionados con el clima en su informe anual de 2016.
Las autoridades reguladoras financieras están empezando a responder a estos acontecimientos. El banco central de Brasil exige a los bancos que expliquen cómo tratan los riesgos ambientales al determinar sus requisitos de capital. El banco central de China incorpora factores ambientales en su marco de política monetaria y en sus evaluaciones de estabilidad financiera.
Las nuevas normas internacionales animan a las instituciones financieras a ser más transparentes sobre su exposición a los riesgos relacionados con el clima.
Es en este contexto en el que debe considerarse la reciente decisión del Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) de unirse a la Red para Ecologizar el Sistema Financiero. La Red está integrada por 42 bancos centrales y autoridades de supervisión bancaria, entre ellos los bancos centrales de China, Inglaterra, Francia, Malasia, México, los Países Bajos y el Banco Central Europeo.
El objetivo de la Red es promover una gestión eficaz de los riesgos ambientales y climáticos en el sector financiero. También pretende movilizar las finanzas convencionales para apoyar la transición hacia una economía sostenible. Sus miembros advirtieron recientemente que, si los bancos no se adaptan al cambio climático, “dejarán de existir”.
La creación de la Red es un reconocimiento implícito de que los bancos centrales y otros reguladores del sector financiero no siempre han prestado la atención adecuada a los impactos ambientales del sector financiero. La existencia de la Red también es un reconocimiento de que el sector financiero tiene la responsabilidad de volverse más responsable con el medio ambiente.
Este es un desafío para los bancos centrales. Su independencia les exige actuar sin temor ni favoritismo. Pero abordar el cambio climático les exige alentar a las instituciones financieras a favorecer ciertos tipos de actividades por encima de otras. Por ejemplo, el banco central de Líbano modifica el monto de las reservas que exige a los bancos mantener frente a sus depósitos según cuánto presten para proyectos de energía renovable.
Si los bancos centrales no discriminan, las instituciones financieras podrían seguir financiando actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede aumentar el riesgo de sequías, inundaciones y una mayor variabilidad extrema de las temperaturas. A su vez, puede afectar la calidad y la cantidad de tierra y agua disponibles para producir alimentos y para construir nuevas viviendas, instalaciones educativas y de salud. Estos factores pueden afectar los patrones migratorios y los precios agrícolas y de otras materias primas. También pueden afectar la demanda agregada, los niveles de empleo, la salud pública y la confianza en la economía. Estos son algunos de los factores que a menudo repercuten en la estabilidad financiera y la inflación.
El clima también plantea un desafío jurídico
El mandato del Banco de la Reserva de Sudáfrica está establecido en la Constitución del país. El artículo 224 establece que el SARB debe “proteger el valor de la moneda en interés de un crecimiento económico equilibrado y sostenible”. Se trata de un mandato inusual, pero no sin precedentes. Entre los bancos centrales con mandatos similares se encuentran los de Filipinas, Rusia, Malasia y Tanzania.
¿Pero qué significa exactamente esto? El término “crecimiento equilibrado y sostenible” no tiene un significado económico preciso y universalmente aceptado. Tampoco está claro qué significa la Constitución cuando afirma que el mandato del SARB es proteger el valor de la moneda “en interés” de un crecimiento “equilibrado y sostenible”.
Como señaló recientemente el gobernador del SARB, la Constitución “nos dice qué hacer, pero no es explícita sobre cómo hacerlo”. Esto es cierto. La Constitución otorga al SARB una amplia discrecionalidad para interpretar su mandato. Actualmente, el SARB interpreta su mandato de forma restrictiva, al exigirle que priorice la protección del valor de la moneda. Esto sin duda se encuentra dentro del alcance de su autoridad constitucional. Sin embargo, no es la única interpretación que cumpliría este requisito.
Por ejemplo, el mandato también podría interpretarse de forma más amplia, como la imposición de una doble responsabilidad al SARB: proteger el valor de la moneda y promover un crecimiento ambientalmente sostenible. El crecimiento sostenible podría significar un crecimiento que satisfaga las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En este caso, el SARB no cumpliría con sus responsabilidades constitucionales si sus políticas y acciones protegieran el valor de la moneda, pero se implementaran de un modo que diera lugar a un aumento de la financiación para los grandes emisores de carbono.
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Cómo se vería un enfoque diferente
Un enfoque más responsable con el medio ambiente respecto a su mandato podría no llevar al SARB a adoptar decisiones de política diferentes. Sin embargo, sí lo llevaría a prestar más atención a su implementación.
Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley del Banco de la Reserva de Sudáfrica otorga al SARB una amplia autoridad para negociar con distintos tipos de instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen los emitidos por el gobierno, así como los emitidos con fines comerciales, industriales y agrícolas. El impacto ambiental de su decisión de subir o bajar las tasas de interés podría variar según los instrumentos financieros que decida comprar o vender al implementar dicha decisión.
La decisión del SARB de unirse a la Red es prudente y responsable. El cambio climático es una realidad y está afectando negativamente al sector financiero. Sin embargo, el SARB debe dar ahora el siguiente paso. Esto consistiría en reconsiderar si está interpretando su mandato de una manera que sea, a la vez, constitucionalmente defendible y ambiental y socialmente responsable.
