La renta básica universal apenas es un concepto nuevo, pero en los últimos años ha cobrado nueva vida. Voces de la izquierda y de la derecha sostienen ahora que una RBU podría ser la clave para abordar importantes problemas sociales y estructurales, como el desempleo y el subempleo tecnológicos, la pobreza extrema, las trampas de bienestar y los desincentivos ocultos al trabajo. Según esta lógica, al liberar a las personas de las cadenas de empleos de baja calidad y de una burocracia interminable, una RBU les permitiría alcanzar su pleno potencial.
Sin duda, es un argumento atractivo, sobre todo en un momento de estancamiento prolongado de los salarios, pobreza persistente, aumento de la desigualdad y bajo crecimiento económico. Pero, hasta ahora, las únicas versiones de la RBU que se han probado –en lugares como Canadá, Finlandia, Kenia, y los Países Bajos – son esencialmente nuevas modalidades de desempleo y de prestaciones de bienestar. Estos experimentos contradicen la lógica fundamental de una RBU.
Sin duda, los enfoques incrementales de la RBU pueden impulsar la reforma del bienestar. En particular, al reducir o eliminar la necesidad de comprobación de medios y otras formas de condicionalidad, estos llamados esquemas basados en la RBU pueden aliviar las cargas burocráticas y los costes administrativos asociados, al tiempo que proporcionan una nueva fuente de ingresos a los pobres.
Los controles y condicionalidades que han caracterizado a los programas sujetos a comprobación de medios que han proliferado desde la década de 1990, especialmente en el Sur Global, están demostrando ser ineficaces. Hacer que las transferencias de ingresos sean verdaderamente “libres de obligaciones”, como ha subrayado el filósofo belga y defensor de la RBU Philippe Van Parijs, sería una gran victoria. Sin embargo, esto podría lograrse menos en nombre de la justicia y la equidad, y más porque sirve a un nuevo régimen de acumulación que puede garantizar que todos tengan un ingreso monetario regular sin condiciones. A su vez, todos los ciudadanos tendrán acceso permanente a los mercados financieros, cuyo avance ha adquirido dimensiones asombrosas.
En 1990, los activos financieros mundiales equivalían al 50 % del PIB mundial, es decir, unos 150 billones de dólares; en 2015, esa cifra superó el 400 % del PIB mundial, es decir, 500 billones de dólares.
En el capitalismo financiarizado, los flujos regulares de ingresos facilitan la incorporación al mercado y la inclusión financiera. Sirven como garantía en un mundo donde la deuda, contraída mediante diversos tipos de préstamos y líneas de crédito al consumo, se utiliza cada vez más para pagar no solo bienes duraderos, sino también servicios como la atención sanitaria y la educación, que antes constituían la mayor parte de la provisión pública.
Las innovaciones financieras basadas en préstamos garantizados con ingresos a particulares son un pilar de una dinámica de titulización que permite la renegociación continua de la deuda y, por tanto, la expansión y consolidación continuas de nuevos instrumentos financieros. La transformación de la política social en garantía refleja la lógica del capitalismo financiarizado, que convierte las transferencias monetarias, las pensiones y otros esquemas monetarios –es decir, fuentes de flujos regulares de ingresos– en activos puestos a disposición del sector financiero.
Cuando la política social se utiliza principalmente para atender la deuda y obtener nuevos préstamos, deja de servir como mecanismo de desmercantilización, tal como se concibió originalmente. En cambio, se convierte tanto en un vector de aumento de los ingresos de los hogares como en una fuente de beneficios financieros para el sistema bancario y la industria de seguros.
Siguiendo esta pauta, al proporcionar un flujo de ingresos estable y, por tanto, una forma fiable de garantía, pagada por el Estado, la RBU fortalecería e incluso crearía mercados financieros, en particular para el crédito al consumo, las hipotecas y las pensiones. Lejos de servir como una vía revolucionaria para liberarse del látigo del mercado, la RBU podría acabar uniendo a todos los ciudadanos al capital rentista mediante el endeudamiento.
No tiene por qué ser así. Deben cumplirse ciertas condiciones para evitar que la RBU quede subordinada a la mentalidad dominada por las finanzas.
Ello significaría, ante todo, que la RBU debe establecerse no como un complemento de las medidas de bienestar, sino como un medio para desmercantilizar plenamente el acceso a las necesidades básicas, incluidos la alimentación, la vestimenta y el transporte. Los experimentos actuales ofrecen muy poco dinero en efectivo. Proporcionar una cantidad suficiente es la única manera de reducir la probabilidad de que la RBU sirva principalmente y sobre todo como garantía.
En segundo lugar, los gobiernos deberían garantizar servicios públicos vitales, como la atención sanitaria universal gratuita, la educación y la formación. También serían necesarias políticas de vivienda sólidas –que incluyan una regulación enérgica de los alquileres, un aumento de la tributación sobre la propiedad y una oferta ampliada de vivienda asequible–, sobre todo para garantizar que el aumento de los ingresos reales no alimente la especulación inmobiliaria.
Por último, sería necesario reforzar considerablemente la regulación del sector financiero. También deberían introducirse impuestos elevados sobre las rentas financieras, a fin de revitalizar la economía real.
Sin duda, se trata de un esfuerzo enorme y sumamente complejo. Pero debe emprenderse si se quiere que el ideal de una renta básica siga intacto y se sustente en principios sólidos y valores dignos.
