La pobreza aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia, desde el maltrato doméstico hasta la trata de personas.
Las oportunidades de empleo, la baja remunerada y el acceso a asesoramiento jurídico pueden ayudar a frenar la violencia contra las mujeres.
El cambio climático hace que las mujeres sean más vulnerables: necesitan un papel reforzado en la elaboración de políticas.
Para acabar con la violencia contra las mujeres, la comunidad internacional debe identificar sus factores determinantes. Y la pobreza, aunque a menudo se pasa por alto, es un factor importante. Las mujeres y las niñas de bajos ingresos tienen opciones limitadas para escapar de la violencia doméstica o de la violencia de pareja. A menudo no pueden costear los recursos jurídicos o sociales que les permitirían abandonar una relación violenta. Desde buscar asesoramiento hasta trasladarse a un refugio lejos de su pareja, estas medidas suelen requerir una cantidad considerable de tiempo y también recursos económicos. Y cuando las mujeres con recursos limitados deciden dedicar tiempo a estas medidas de autoprotección tras sufrir abusos, pueden faltar al trabajo y perder su fuente de ingresos, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y vulnerabilidad a la violencia.
Las mujeres y las niñas que viven en la pobreza también son más vulnerables a la explotación sexual, como la trata de personas. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero, los fiscales ucranianos han descubierto que traficantes que se aprovechan de mujeres ucranianas desempleadas o de bajos ingresos, especialmente de aquellas que luchan por encontrar trabajo para mantener a sus hijos. Las mujeres que necesitan una fuente de ingresos para sostener a sus familias son vulnerables a los falsos incentivos económicos que ofrecen los traficantes. Tenemos el deber moral tanto de exigir responsabilidades a los autores como de apoyar económicamente a las mujeres.
La importancia de las oportunidades de empleo y de la licencia remunerada para reducir la violencia contra las mujeres
Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar juntos para ofrecer asistencia personalizada en la búsqueda de empleo a los refugiados, especialmente a las refugiadas. La investigación ha demostrado de forma constante que el género puede obstaculizar la integración de una refugiada en la sociedad de acogida. Y los refugiados suelen acabar en un país extranjero donde prácticamente no tienen conocimientos previos ni títulos reconocidos, por no hablar del acceso a redes sociales que les permitan acceder a oportunidades de empleo.
La asistencia personalizada en la búsqueda de empleo puede ayudar a superar estos desafíos. Las organizaciones de la sociedad civil, trabajando junto con las autoridades locales, pueden ayudar a validar las cualificaciones extranjeras que pueda tener un refugiado, ofrecer orientación para entrevistas y contextualizar las oportunidades existentes en el mercado laboral. Según un reciente informe de investigación publicado por la Universidad de Oxford, el coaching intensivo para la búsqueda de empleo en Suecia mejoró las tasas de empleo de los refugiados en un 43 por ciento.
Otra forma de proteger a las mujeres trabajadoras del ciclo de pobreza y violencia es introducir la licencia remunerada por violencia doméstica en el mercado laboral. Las mujeres trabajadoras a menudo se enfrentan al dilema de si arriesgan su empleo y sus ingresos para escapar cuando sufren violencia doméstica. Los programas de licencia remunerada por motivos familiares y de violencia doméstica, mediante los cuales se concede a las personas unos pocos días al año para ausentarse del trabajo con sueldo si sufren violencia doméstica, pueden ser de gran ayuda para las mujeres de bajos ingresos. Pueden dedicar ese tiempo a recibir tratamiento médico, a buscar organizaciones locales de mujeres o a obtener asesoramiento jurídico.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir estableciendo un programa piloto de licencia remunerada por violencia doméstica con empresas locales, lo que ayudará a sensibilizar a la sociedad y a despertar el interés del gobierno. La licencia remunerada por violencia doméstica de Australia, que se adoptó a escala nacional a principios de este año, comenzó como un programa piloto a pequeña escala hace una década. Un programa de licencia remunerada, implementado a escala local y financiado por grupos de la sociedad civil, puede mostrar a la sociedad en general cómo puede mejorar significativamente la seguridad de las mujeres.
Igualdad de género y protección del medio ambiente
La relación entre la igualdad de género y la protección del medio ambiente, incluida la acción climática, es cada vez más evidente a medida que se intensifica el cambio climático. El investigador principal de la Unidad de Cambio Climático de la ONU informó en 2020 de que las mujeres llevan demasiado tiempo viviendo "a la sombra del cambio climático". Las mujeres constituyen la mayoría de las comunidades pobres que dependen en gran medida de los recursos naturales locales para su subsistencia. Y cuando estos recursos se pierden por la subida del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación, las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada.
Para sacar a las mujeres de la pobreza, las organizaciones de la sociedad civil deben exigir no solo un tratamiento adecuado, sino también una mayor participación de las mujeres en el proceso de elaboración de políticas medioambientales y climáticas. Las organizaciones sin ánimo de lucro ayudan a los responsables políticos a identificar las comunidades afectadas por la injusticia ambiental, así como a las representantes femeninas de esas comunidades. Las organizaciones internacionales no gubernamentales también pueden contribuir organizando un evento especial que brinde a las mujeres de entornos de bajos ingresos y en situación de riesgo la oportunidad de dirigirse al mundo y pedir un mayor compromiso político.
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Mediante la reflexión compartida y la colaboración, el Centro permite a los socios explorar modelos económicos inclusivos que apoyen a las personas y las sociedades durante la transición.
Acceso a asesoramiento jurídico
Uno de los mayores obstáculos para las mujeres de bajos ingresos en relaciones abusivas es el coste prohibitivo de la asesoría jurídica. Para abordar este problema, las organizaciones de la sociedad civil deberían coordinarse con las líneas de atención existentes para la respuesta a la violencia doméstica con el fin de ofrecer recursos jurídicos asequibles a las mujeres en situación de pobreza. Es imprescindible que los proveedores de servicios jurídicos pro bono estén vinculados al sistema nacional de denuncia de violencia doméstica para facilitar a las mujeres de bajos ingresos el acceso a la ayuda que necesitan. Un número creciente de instituciones y organizaciones jurídicas está lanzando proyectos pro bono que ofrecen representación a supervivientes de violencia doméstica, y estos proyectos podrían tener un impacto aún mayor si las autoridades pudieran derivar directamente a estos proyectos a las mujeres que denuncian incidentes violentos.
La violencia contra las mujeres en todas sus formas vulnera los derechos humanos básicos y la dignidad humana. Y la pobreza ha sido un factor clave que alimenta el aumento de los abusos por motivos de género. Ha llegado el momento de que las organizaciones de la sociedad civil, los expertos jurídicos y las autoridades trabajen juntos para sacar a las mujeres de la pobreza generalizada y poner fin al ciclo de violencia que perjudica a las mujeres en todo el mundo.
