La democracia se está convirtiendo en daño colateral en un mundo donde quienes tienen el poder de actuar han ignorado o agravado los riesgos globales. El creciente autoritarismo de los dirigentes electos, las acciones de dictadores afianzados y el uso y la amenaza del poder militar nos han llevado al borde de una crisis en toda regla.
2017 fue un año en que el mundo vivió peligrosamente. Se multiplicaron los indicios de incertidumbre, inestabilidad y fragilidad, como describe el Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial . Su predicción de que «en esta etapa temprana, es difícil estar seguros de que 2018 revertirá estas tendencias» debería servir de llamada de atención. Cuando solo el 7% de las respuestas a la última Encuesta de Percepción de Riesgos Globales (GRPS, por sus siglas en inglés) prevé una reducción del riesgo, frente al 59% que espera un aumento, 2018 debería ser un año de esfuerzos máximos para negociar soluciones globales.
Cuando los líderes humanitarios escasean, es demasiado fácil olvidar las lecciones del poema de John Donne «Ningún hombre es una isla». En nuestro mundo cada vez más fracturado, «la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy unido a la humanidad» parece un conmovedor llamado a la acción. Dada la época, podemos disculpar a Donne por centrarse exclusivamente en los hombres. Pero si tampoco reconocemos que la creciente ola de misoginia aumenta la necesidad de soluciones negociadas, simplemente consolidaremos las condiciones para los hombres fuertes del gobierno y las empresas.
El modelo económico imperante está fallándole a la fuerza laboral mundial. Pese al compromiso de varios directores ejecutivos de empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y con el Acuerdo de París sobre el clima, el poder de la codicia empresarial garantiza la persistencia del modelo dominante.
Cuando los gobiernos se amedrentan, o simplemente no les importa hacer cumplir los derechos humanos y laborales fundamentales ni garantizar el pago de los impuestos corporativos para poder invertir en protección social, salud y educación de la población, ceden el control a la codicia empresarial. Dado que en 2018 volverán a aumentar las emisiones de carbono, lo que amenazará aún más los ecosistemas y causará más pérdidas de vidas y medios de subsistencia, la acción climática debería ser prioritaria. Sin embargo, el poder de los intereses corporativos creados sigue dominando y representa el mayor obstáculo a la ambición de los gobiernos.
Cuando las empresas se niegan a ejercer la diligencia debida y no establecen mecanismos de reclamación para reparar los abusos contra el 94% oculto de su fuerza laboral en las cadenas de suministro globales, perpetúan un modelo de obtención de beneficios perverso que ha llevado la desigualdad a un nivel que ahora se considera un riesgo global en sí mismo. Cuando esas mismas empresas se niegan a destinar siquiera una pequeña parte de sus beneficios a garantizar un salario mínimo vital y niegan los derechos de negociación colectiva, tanto a nivel nacional como internacional, han quebrantado el contrato social de los acuerdos de paz de la posguerra del siglo XX.
Al acercarse este año el 70.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en 2019, el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha llegado el momento de negociar un nuevo contrato social. Este debe centrarse en la responsabilidad de las empresas, incluidas las empresas de plataformas. Toda empresa debe contar con una licencia social para operar. La uberización de la economía, que usa la tecnología como excusa para eludir responsabilidades, no puede aceptarse como eje de la «Industria 4.0». Según las encuestas de la CSI, lo que causa ansiedad a la gente no es la tecnología per se, sino la preocupación por sus empleos.
Aunque las instituciones globales deben buscar en sí mismas el valor para cumplir su mandato, el fracaso de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es otro clavo en el ataúd de la reforma global destinada a proteger los derechos de las personas y garantizar el desarrollo de todos los países. Cuando el 73% de quienes respondieron a la GRPS dice esperar que el próximo año aumenten los riesgos asociados al debilitamiento de las normas y los acuerdos comerciales multilaterales, debemos preguntarnos por qué guardan silencio los líderes empresariales. Y, peor aún, por qué la mayoría de los gobiernos simplemente se pliega al interés propio de unos pocos poderosos. La gente no acudirá al rescate de un sistema que le falla, y que está diseñado para fallarle.
«La desigualdad se siente con mayor intensidad cuando los ciudadanos creen que las reglas se aplican de manera distinta a distintas personas», dijo Pierre Rosanvallon. En efecto, la Encuesta Global de la CSI de 2017 reveló que el 85% de la fuerza laboral mundial quiere que se reescriban las reglas de la economía global.
Salvo unos pocos, los dirigentes elegidos democráticamente encabezan el repliegue nacional, restringen el espacio democrático y/o cierran las fronteras a personas desesperadas que buscan la dignidad de un trabajo con seguridad y protección. Otros niegan las lecciones de la historia y emprenden el camino de la expansión económica —o, peor aún, militar— a costa de la soberanía y los derechos humanos. Algunos conducen al mundo al borde de una guerra nuclear.
Esos pocos líderes empresariales que tienen el valor de reformar las prácticas corporativas y alzar la voz deben unirse a los líderes sindicales y a la sociedad civil para dar forma a un futuro distinto. En ese futuro importarán la paz, la democracia, los derechos y las libertades, y las reglas globales se aplicarán a todos.
