Los bienes comunes digitales también podrían ser una respuesta a la necesidad de nuevas estructuras de mercado para recursos como los datos o la inteligencia artificial.
Un "bien común digital" permitiría sistemas más flexibles, receptivos y regenerativos para desarrollar e implementar tecnología.
Así es como las empresas, los gobiernos y los líderes de la sociedad civil pueden crear un bien común digital.
Lea el documento "Building Back Broader: Policy Pathways for a Post-Pandemic Transformation" aquí.
La COVID-19 puso de relieve y aceleró la centralidad de la tecnología digital en nuestras vidas. Sin embargo, el ecosistema digital es uno de los aspectos más desiguales y disfuncionales de nuestra vida colectiva. ¿Cómo podemos construir un ecosistema digital que garantice una participación y una prosperidad ampliamente compartidas?
Si bien los ecosistemas impulsados por el Estado en lugares como China e India, y los ecosistemas impulsados por el sector privado en gran parte de Occidente, han logrado avances significativos, ninguno ha conseguido alcanzar la combinación de amplia rendición de cuentas democrática y oportunidades distribuidas de forma significativa que fue fundamental para el crecimiento económico equitativo de las democracias en el siglo XX.
Como destaca el trabajo del Consejo Global del Futuro sobre la Nueva Agenda para el Crecimiento y la Recuperación Económicos, se necesita diseñar activamente valores democráticos compartidos en las estructuras de mercado y los modelos de gobernanza que impulsan el desarrollo tecnológico actual. Sostenemos que considerar la infraestructura tecnológica como un bien común digital podría señalar el camino a seguir hacia un ecosistema inclusivo y sostenible con beneficio social compartido. Este marco surgió del estudio y la práctica del intercambio exitoso de recursos basado en la comunidad, y estuvo en el centro de la concepción original de la “Red Informática Intergaláctica” que dio lugar a internet.
Puntos ciegos en la gobernanza digital
La innovación privada, así como la formulación de políticas públicas, la regulación y la redistribución, son fundamentales para gestionar la gobernanza de los sistemas técnicos en beneficio del bien común a gran escala. Sin embargo, estos enfoques también presentan importantes puntos ciegos, que son evidentes en el mundo que vemos hoy.
Por un lado, el statu quo de una infraestructura digital fundamental poco regulada y de propiedad privada ha estado ligado a un ecosistema informativo en deterioro, a una mayor polarización política, a preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia, y a un sesgo algorítmico significativo en cuanto a raza, género y clase. La lista cada vez más corta de empresas que construyen estos sistemas de vanguardia puede, esencialmente, dictar las condiciones de la vida en línea con poca o ninguna aportación pública ni rendición de cuentas democrática, a pesar de la importante influencia que las decisiones internas de estas empresas pueden tener en la oportunidad económica general, la conexión social y el debate político.
Por otro lado, los mecanismos estatales también se han quedado cortos. La regulación (con algunas excepciones) no ha logrado seguir el ritmo de la tecnología de vanguardia y, por ello, le ha costado proteger los intereses individuales y comunitarios. Pese a los importantes avances de los últimos años, también se ha observado una generalizada incapacidad para aprovechar la tecnología en colaboración con empresas privadas y organizaciones comunitarias para abordar nuestras crisis sociales más importantes: el cambio climático, la salud pública y la desigualdad económica. El auge de los usos autoritarios de la tecnología hace aún más urgente que las democracias construyan una alternativa exitosa, y, sin embargo, nuestros sistemas actuales no han sido capaces de ofrecer tal respuesta.
Por qué necesitamos un bien común digital
Está claro que aquí falta algo. Replantear cómo concebimos la tecnología y los paradigmas económicos vinculados a su uso y desarrollo podría ser parte de la respuesta. Muchas tecnologías básicas se parecen cada vez más a recursos como el aire, el agua y una Tierra habitable: recursos que se espera que sean accesibles para todos los miembros de la sociedad y que se gestionen en interés de estos. En otras palabras, un recurso basado en bienes comunes. Inspirándonos en el enfoque ostromiano, considerar la tecnología como un bien común digital podría empezar a crear sistemas más flexibles, receptivos y regenerativos para desarrollar e implementar tecnología.
Ya existen pruebas de que avanzar hacia bienes públicos digitales de recursos comunes podría generar beneficios ampliamente compartidos. Partes del mundo digital, a menudo las más útiles y admiradas, ya funcionan como bienes comunes: los protocolos de internet, que están regidos por instituciones internacionales y estándares abiertos; el software de código abierto que hace posibles estos protocolos, que a menudo es gestionado por la comunidad; y gran parte de la capa de información crucial de internet, incluidas Wikipedia, la Biblioteca Digital de los Bienes Comunes y la gama de contenidos bajo Creative Commons, todos los cuales tienen sus propias estructuras de gobernanza inspiradas en los bienes comunes.
Esto no fue casualidad: JCR Licklider, que sentó las bases de la internet moderna al crear la ARPANET, la concibió como un bien común global. Sin embargo, muchos de los aspectos cruciales de los bienes comunes que él imaginó (incluidos los sistemas de identidad y el intercambio de datos y de capacidad de cómputo) se descuidaron cuando la financiación pública para las redes se agotó en la década de 1970 y, en cambio, pasaron a ser dominio de las plataformas digitales hoy dominantes.
Quizá el mejor argumento para ampliar los bienes comunes digitales proviene de Taipéi, cuyo gobierno atribuye gran parte de su respuesta a la COVID-19 y su rápido crecimiento económico a un ecosistema de desarrollo e implementación tecnológica gestionado por la comunidad. Por ejemplo, un grupo colectivo de hackers llamado g0v, en colaboración con Audrey Tang, ministra digital, impulsó una infraestructura orientada a los bienes comunes para coaliciones de datos, que permite la participación activa y la propiedad compartida de conjuntos de datos.
Esta infraestructura se ha utilizado para recopilar datos de contaminación en todo el país, superando a sensores centralizados y costosos desplegados tanto por el gobierno como por empresas privadas, y permitiendo que los actores de estos sectores construyan a partir de estos ricos datos compartidos. La misma infraestructura, combinada con protocolos abiertos y API, se reorientó para permitir el desarrollo colectivo de tecnologías para combatir la COVID-19, desde aplicaciones de rastreo de contactos hasta plataformas de racionamiento de mascarillas.
Aunque no todos los recursos pueden o deben gestionarse como bienes comunes, el caso de g0v apunta a componentes de infraestructura digital que se beneficiarían especialmente de este tratamiento: protocolos de comunicación social, infraestructura de intercambio de datos y capacidad de cómputo, software de código abierto, estándares de identidad y pagos, y grandes modelos de aprendizaje automático entrenados con datos creados en el marco de Creative Commons.
Los bienes comunes digitales también podrían ser una respuesta a la necesidad de nuevas estructuras de gobernanza para recursos como los datos o la inteligencia artificial, como destacó recientemente una publicación del Foro Económico Mundial sobre los mercados del mañana. Los datos se prestan especialmente bien a un marco de bienes comunes: tanto los insumos como los impactos son fundamentalmente compartidos; distribuir el acceso a estos recursos sienta las bases para una mayor innovación y progreso tecnológico de abajo hacia arriba; mientras que aislarlos o privatizarlos erosiona la posibilidad de gestionar el beneficio colectivo. En conjunto, forman una capa compartida necesaria para el crecimiento económico y la participación democrática.
Cómo lograr un bien común digital
En esta época posterior a la pandemia, de amplia reconsideración y realineación económica y social, dar énfasis a los bienes comunes digitales puede señalar el camino hacia la recuperación colectiva, la solidaridad y el progreso. Para lograrlo, sin embargo, se requerirán cambios importantes en la forma de actuar de muchos actores.
Las empresas deberán reconocer el papel que desempeñan estos sistemas abiertos en el respaldo a sus beneficios, y aportar conocimientos especializados y un apoyo financiero significativo para que puedan prosperar de forma independiente.
Los gobiernos deberán avanzar en una regulación real de los sistemas bajo control privado, abrirse a la adopción de herramientas y procesos democráticos del sector social mediante hackatones y el respaldo gubernamental a las innovaciones del sector civil, así como proporcionar financiación para permitir un ecosistema sostenible de innovación que no esté sujeto a capitalistas de riesgo ni a grandes empresas.
Y los líderes del sector social, así como el público en general, deberán participar de forma positiva en la configuración de futuros favorables para los bienes comunes digitales, siguiendo el lema de g0v: “No preguntes por qué nadie está haciendo esto. Eres nadie.”
