En la última cumbre de las Naciones Unidas cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el matrimonio infantil no ocupó un lugar destacado. Sin embargo, poner fin a esta cruel práctica – que roba a las niñas su infancia, su autonomía corporal y la oportunidad de construir su propio futuro – es esencial para alcanzar una serie de ODS, como lograr la igualdad de género, mejorar la salud y garantizar una educación de calidad y oportunidades económicas para todas las personas.
Nacido de anticuadas tradiciones patriarcales y perpetuado por la ignorancia, la pobreza y la desigualdad socioeconómica, el matrimonio infantil sigue siendo muy frecuente en África, Asia y Oriente Medio. En Níger, el 76% de las niñas se casan antes de cumplir los dieciocho años – la tasa más alta del mundo. A continuación se sitúan la República Centroafricana (68%) y Chad (67%). En Oriente Medio, el 32% de las niñas de Yemen están casadas, seguidas de Irak (24%) y Egipto (17%).
En total, más de 12 millones de niñas menores de edad se casan cada año. Son 12 millones de niñas que, sin haber tomado ninguna decisión propia, ven truncadas su infancia y, con toda probabilidad, su educación, y se ven obligadas a afrontar múltiples embarazos físicamente exigentes y potencialmente mortales, criar a una familia y mantener un hogar.
El matrimonio temprano está correlacionado con tasas más altas de violencia psicológica y doméstica, y a menudo conduce a problemas de salud mental e incluso a la muerte prematura. Estos riesgos se pusieron de relieve gracias a la cobertura de los medios internacionales sobre el caso de Amina Filali, una joven marroquí de 16 años que se suicidó tras ser obligada a casarse con su violador.
A pesar de sus devastadoras consecuencias – y sin perjuicio de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los países a proteger a todos los residentes menores de 18 años – el matrimonio infantil a menudo es legal. Además, la cuestión rara vez forma parte de los debates sobre desarrollo nacional y es ampliamente ignorada por las autoridades gubernamentales, que se muestran reacias a desafiar una tradición arraigada desde hace mucho tiempo. Incluso cuando existe legislación para frenar el matrimonio infantil, a menudo no es lo suficientemente estricta, como ha ocurrido en Bangladés y en mi país de origen, Marruecos.
En 2004, Marruecos reformó su derecho de familia para limitar el matrimonio infantil. Sin embargo, debido a una cultura conservadora, a la complacencia con los fanáticos religiosos y a la prevalencia de la discriminación de género, la práctica no fue criminalizada. Por el contrario, las reformas dejaron una excepción para las «circunstancias atenuantes» vagamente definidas, como el embarazo.
Algunas familias están más que dispuestas a eludir las leyes sobre el matrimonio infantil, ya sea por creencias culturales anticuadas – por ejemplo, que el matrimonio es vital para evitar que las niñas caigan en la delincuencia, la prostitución o la depravación – o por la pobreza, que hace que cobrar una dote o «precio de la novia» resulte muy atractivo. Como resultado, más de 30.000 niñas menores de edad en Marruecos siguen siendo obligadas a casarse cada año. No es de extrañar que la violencia contra las mujeres no disminuya.
Lo que realmente se necesita para proteger a las niñas y las mujeres son leyes debidamente aplicadas que penalicen la facilitación o la participación en el matrimonio infantil. Las personas que oficien matrimonios infantiles y los adultos que tomen como esposa a una niña deberían enfrentarse a penas severas. Los matrimonios tempranos nunca deberían ser legales.
Dicha legislación debería integrarse en estrategias nacionales más amplias para involucrar a las mujeres en el desarrollo económico, social, cultural y político. Las niñas y las mujeres necesitan acceso a la atención sanitaria, la educación y la formación. (En cuanto al cierre de la brecha de género en educación, Marruecos – al igual que vecinos como Túnez y Argelia – ha realizado notables avances en las últimas décadas.)
Además, debería aplicarse un enfoque sensible al género en las escuelas, las empresas y el gobierno, a fin de fomentar la participación de las mujeres en todos los sectores clave. Los proyectos de generación de ingresos para las familias pobres, especialmente en zonas rurales y alejadas, también ayudarían, al igual que las amplias iniciativas educativas destinadas a corregir las creencias anticuadas y erróneas que sustentan el matrimonio infantil y a sensibilizar a las comunidades sobre sus verdaderas consecuencias. Para ello será necesaria la participación de todas las instituciones gubernamentales, la sociedad civil, los medios de comunicación y otros actores influyentes, como docentes, jueces y abogados.
Las niñas que ya se han casado también necesitan apoyo, a través de programas específicos que involucren tanto a ellas como a las personas de su entorno, como sus maridos y suegras. Asimismo, deberían realizarse esfuerzos para ayudar a las niñas que han escapado de un matrimonio no deseado o que han quedado viudas, ya que a menudo se enfrentan al rechazo social y al abuso.
Todas las mujeres y las niñas merecen la oportunidad de decidir si se casan, cuándo y con quién. Merecen autonomía sobre sus cuerpos, incluido cuándo y cuántos hijos tener. Y merecen la oportunidad de perseguir sus sueños y contribuir a sus comunidades y a la economía de su país, mejorando al mismo tiempo su propio nivel de vida. Si eso no basta para convencer a los gobiernos y a los líderes de la sociedad civil de luchar por poner fin al matrimonio infantil, quizá lo haga el impulso que supondrá para el desarrollo.
