Cualquier intento de redactar un nuevo contrato social deberá, en primer lugar, desentrañar siglos de políticas que han reforzado la discriminación y la segregación.
Estas son algunas ideas sobre cómo podríamos empezar a desmantelar estos fallos sistémicos de las políticas en beneficio de todos.
Toda persona que protesta en las calles con una pancarta con el lema “desfinanciar a la policía” está cuestionando el contrato social vigente. Lo que expresa es que, al no proteger ni ofrecer igualdad de oportunidades a las personas de color, el gobierno no ha cumplido su parte del pacto. Y cuando eso ocurre —como ya sucedió antes, en particular en los años sesenta durante el movimiento por los derechos civiles—, se impone un ajuste de cuentas.
¿Saldremos de esta crisis más fuertes, más igualitarios y en el camino hacia una sociedad más justa? ¿O tomaremos un camino más oscuro, envuelto por ahora en incertidumbre y miedo?
El contrato social ha llegado a significar muchas cosas, pero, en última instancia y de forma más implícita, es un acuerdo entre los miembros de una sociedad para cooperar bajo un conjunto compartido de normas, normalmente plasmadas en leyes y reglamentos.
Desde la filosofía griega, pero asociado sobre todo a pensadores posteriores como Hobbes, Locke y Rousseau, el contrato social defiende la idea de que la sociedad se sirve mejor bajo una autoridad, ya sea un gobierno u otra institución. Para que un contrato social funcione, la autoridad que gobierna debe cumplir, y los miembros de la sociedad deben dar su consentimiento. Aunque esto parece sencillo, la pandemia de la COVID-19 sigue generando estragos sociales y económicos a escala mundial, lo que provoca que los contratos sociales se rompan o dejen de ser adecuados para los tiempos actuales.
Es importante destacar que nuestro contexto actual pone de manifiesto que el contrato social no es uno, sino muchos.
Solo en la última década hemos presenciado las secuelas de la crisis financiera de 2008, las temperaturas más altas en 140 años y, ahora, una pandemia mundial que se ha cobrado más de 860.000 muertes al tiempo que sigue dañando los mercados laborales. Tras una década de desigualdades acumuladas y escepticismo público, la crisis actual se presenta como un arma de doble filo.
Históricamente, los modelos económicos no han sido inclusivos ni han dado igualdad de oportunidades a las comunidades marginadas. Basta una mirada superficial a la historia negra para comprender que la población negra sufrió una privación extrema de derechos en todos los ámbitos
En ausencia de un contrato social legítimo, de un Estado de derecho y de disposiciones adecuadas de protección social ofrecidas por el Estado y los empleadores, los actores no estatales encuentran espacio para intervenir y prestar servicios como la atención sanitaria, la educación y agua potable a los ciudadanos, socavando así las relaciones establecidas entre el Estado y la sociedad. Encontramos ejemplos de ello en los talibanes de Afganistán, la mafia en Italia y los cárteles de la droga en América Latina. En Italia, por ejemplo, las carencias del Estado a la hora de prestar servicios sociales han provocado el posible resurgimiento de la mafia Camorra y casas de empeño para proporcionar liquidez temporal, préstamos y paquetes de alimentos, lo que deriva en un arriesgado sistema bancario en la sombra.
Son numerosas las propuestas para reformar los modelos económicos actuales, desde el Gran Reinicio hasta la campaña «Un nuevo contrato social» de la Confederación Sindical Internacional.
Subsanar los fallos sistémicos históricos
En primer lugar, un nuevo contrato social implica reparación y compensación.
Históricamente, los modelos económicos no han sido inclusivos ni han dado igualdad de oportunidades a las comunidades marginadas. Basta una mirada superficial a la historia negra para comprender que la población negra sufrió una privación extrema de derechos en todos los ámbitos. En Estados Unidos, las nuevas políticas sociales de Roosevelt concedieron a los trabajadores el primer salario mínimo nacional y el derecho a la huelga, a sindicarse y a la negociación colectiva. Con esas mismas políticas, la Administración Federal de la Vivienda (FHA) sirvió para perjudicar a la población negra. La FHA utilizaba mapas para determinar las zonas en las que se garantizaban las hipotecas y, a menudo, las zonas no blancas eran sometidas a redlining; se marcaban en rojo por considerarse peligrosas. Abrir el mercado hipotecario significaba acumular riqueza, lo que, por la propia naturaleza de las políticas de la FHA, favorecía a las personas blancas frente a las negras.
Otro ejemplo en Estados Unidos es el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) (1996), concebido para ayudar a las familias necesitadas a alcanzar la autosuficiencia como parte de un gran reforma del sistema de bienestar social emprendida durante la presidencia de Clinton.
Dos décadas después, el TANF llega a cada vez menos familias. Los investigadores han utilizado la ratio TANF-pobreza (TPR) para examinar e ilustrar las causas, que tienen que ver con el lugar de residencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, los estados con un mayor porcentaje de población negra sufren políticas menos generosas y más restrictivas mientras que los estados con mayor población blanca tienden a tener la ratio TANF-pobreza más alta. Estas diferencias se corresponden con desgloses raciales que, en última instancia, han ampliado las brechas raciales y limitado la movilidad socioeconómica de las personas negras. Junto con el persistente legado del redlining, la capacidad históricamente limitada del TANF para ofrecer a las mujeres de color acceso a asistencia financiera directa demuestra que las consideraciones y políticas de bienestar social han fracasado de forma continua con las minorías.
«Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo».
Audre Lorde
Cualquier aspiración a un nuevo contrato social deberá, en primer lugar, desentrañar siglos de políticas —en la mayoría de los casos, sancionadas por el Estado— que reforzaron la discriminación y la segregación. Hoy, los manifestantes salen a las calles en plena pandemia mundial, y no pueden luchar en vano. El momento actual insta a todos a unirnos para combatir las desigualdades raciales en las políticas públicas.
Las intervenciones de protección social, tanto a corto como a largo plazo, son elementos esenciales de las estrategias y políticas para reducir el hambre y la pobreza y garantizar la continuidad de los medios de vida. En tiempos de crisis, las protecciones sociales proporcionan redes de seguridad para que los hogares accedan a bienes básicos, como los alimentos, o a los medios para comprarlos. Sin embargo, es poco probable que las protecciones sociales por sí solas saquen a los hogares de la pobreza si no se complementan con programas suficientes de medios de vida y con la existencia de un Estado de derecho que haga cumplir los contratos en beneficio de todos.
Reorientar la financiación pública y ampliar la protección social
En todo el mundo, los grupos más pobres, las minorías y las mujeres –a menudo incapaces de quedarse en casa, que viven en entornos abarrotados sin acceso a agua limpia ni saneamiento, ni a centros médicos– son quienes más sufren. Algunos países, como Estados Unidos y otros, han reducido el gasto fiscal y han optado por la austeridad fiscal para gestionar los déficits presupuestarios en su respuesta a la pandemia. Sin embargo, la austeridad en plena recesión no funciona, ya que debilita aún más a los pobres mientras mantiene el statu quo para la élite. Si bien las políticas monetarias y las transferencias de efectivo pueden ayudar a paliar las restricciones temporales de liquidez, no pueden resolver los problemas de solvencia ni garantizar la continuidad ni la protección de los medios de vida de las comunidades e individuos desfavorecidos.
Las políticas de finanzas públicas y de protección social deberían reflejar nuestras prioridades. Las condiciones para los rescates y paquetes de ayuda a las empresas deben incluir medidas adecuadas de protección social para que sus trabajadores sean tratados con dignidad. Esto incluye las salvaguardas del capitalismo de las partes interesadas, que incluye salarios mínimos más altos, mejores condiciones laborales, seguro de empleado con cobertura sanitaria, representación de los trabajadores en los consejos de administración y restricciones a los dividendos, las recompras de acciones y las primas de los directivos. Estas ideas, que en su día se consideraron radicales, ya forman parte del cambio de políticas: Francia, Polonia, Bélgica y Dinamarca, han impedido que las empresas vinculadas a paraísos fiscales offshore reciban rescates de recuperación, y el Reino Unido ha presionado a favor de una moratoria temporal sobre los dividendos y las recompras de acciones.
Estas condicionalidades orientan estratégicamente los recursos de las finanzas públicas hacia vías productivas que crean las redes de seguridad necesarias para personas y hogares, y que también pueden integrar de forma amplia planes de recuperación más ecológicos. Se ha comprobado que las políticas de estímulo verde, aunque en el corto plazo no muestran su impacto, son especialmente eficaces para crear empleo a largo plazo y reconfigurar la economía. Así, los responsables políticos europeos buscan incorporar objetivos de descarbonización a largo plazo en los paquetes de recuperación para avanzar de forma fundamental hacia una economía climáticamente neutra, lo que podría constituir un factor decisivo en los requisitos de consolidación fiscal posteriores a la COVID-19 en todo el mundo.
Los servicios públicos y las redes de seguridad ya estaban en ruinas mucho antes de la COVID-19. Reconstruir requiere grandes esfuerzos por la inclusión de todas las personas, sin distinción de raza, edad o sexo, para garantizar que la diversidad cultural se integre plenamente a la hora de reconfigurar el contrato social. Al escribir sobre raza, edad y sexo en 1984, la escritora estadounidense Audre Lorde afirmó que “las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo”. Sus palabras siguen resonando hoy y pueden ayudar a dar forma a un pensamiento transversal en torno a la respuesta, la recuperación y la reconstrucción.
