La mayoría consideraríamos nuestro hogar el refugio por excelencia: es el lugar que hacemos nuestro y protegemos de los demás, un espacio seguro para nuestras familias. Puede que nos preocupe el costo de alquilar o comprar nuestra vivienda. Puede que nos cueste mantenerla. Pero no pasamos la noche en vela con el temor constante de que nos desalojen porque otra persona reclama su propiedad.
Tenemos suerte. Se estima que 1.000 millones de personas que viven en algunas de las megaciudades del mundo no tienen ningún derecho sobre la propiedad o la tierra en la que viven. Desde los barrios marginales de Cantagalo, en Río, hasta Kibera, en Nairobi, varias generaciones viven bajo el control de un submundo de redes ilegales —una paraeconomía dirigida por pandilleros—, de las que dependen para obtener servicios a los que, de otro modo, no tendrían acceso debido a su condición.
Las consecuencias son enormes y repercuten en todos los ámbitos, desde la salud y el bienestar hasta los conflictos y la violencia. Pensemos en esto: sin una propiedad que ofrecer como garantía, es menos probable que podamos pedir dinero prestado a prestamistas legítimos; es menos probable que los gobiernos y las empresas financien infraestructuras y servicios básicos si la propiedad no está clara; y la estabilidad de toda la comunidad está en riesgo.
Cómo se quedan atrás las mujeres
La seguridad y la propiedad de la tierra son fundamentales para el empoderamiento social y económico. Sin embargo, este ámbito está lleno de paradojas. Basta con poner algunas de estas cifras en perspectiva: la tierra y las propiedades pueden representar hasta el 75 % de la riqueza de una nación, pero tres cuartas partes de la población mundial no pueden demostrar que son propietarias de la tierra donde viven o trabajan. De hecho, el 90 % de las tierras de África sigue sin estar documentado por completo.
Este vacío de derechos afecta sobre todo a las mujeres. Está más extendido en Asia Meridional y en la región de Oriente Medio y Norte de África. En particular, en Oriente Medio y Norte de África, se estima que 25 millones de mujeres urbanas carecen de los mismos derechos de propiedad constitucionales y legales.
Los datos específicos de cada país también ofrecen revelaciones sorprendentes. Tomemos Uganda. Allí, la proporción de hombres propietarios de tierras es un 21 % mayor que la proporción de mujeres. Tradicionalmente, las mujeres no tienen derechos sobre la tierra de forma independiente. La seguridad de sus derechos sobre la tierra depende de la solidez de su relación con la familia y el clan de su marido. Además, 20 años de conflicto han agravado esta situación y, como resultado, las mujeres tienen enormes dificultades para hacer valer sus derechos sobre la tierra.
Las mujeres poseen menos del 20 % de las tierras del mundo. Una encuesta realizada en 34 países en desarrollo por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sitúa ese porcentaje en apenas un 10 %. Es una cifra asombrosa si se considera que las mujeres representan la mitad de la población mundial. Más de 400 millones de ellas trabajan en la agricultura y producen la mayor parte de los alimentos del mundo. Sin embargo, las agricultoras carecen de los mismos derechos para poseer tierras en más de 90 países.
Un poderoso catalizador económico
Para las mujeres en particular, la propiedad de tierras y bienes pone fin a la incertidumbre y la vulnerabilidad económicas, y puede repercutir en toda la comunidad. Las mujeres invierten el 90 % de sus ingresos en sus familias directas y, cuando poseen sus propiedades, tienen más poder en las decisiones del hogar, mejora la seguridad alimentaria y las perspectivas de sus hijos y de las generaciones futuras mejoran considerablemente.
Investigaciones recientes incluso sugieren que la seguridad y la propiedad de la tierra reducen el riesgo de violencia doméstica para algunas mujeres, porque la independencia económica les permite salir de una relación abusiva.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU reflejan la importancia de los derechos de las mujeres a la tierra y la propiedad, y fijan una meta específica para garantizar la igualdad de derechos de propiedad y control de la tierra para 2030.
Muchos países, sobre todo del mundo en desarrollo, han aprobado nuevas leyes progresistas para consagrar la equidad de género en la propiedad de la tierra. Por ejemplo, en Kosovo, donde la propiedad femenina ronda el 15 %, la falta de sistemas de registro de tierras tras la guerra y la desintegración de Yugoslavia ha dejado a la gran mayoría de las mujeres sin pruebas de propiedad de tierras y bienes. Allí se está trabajando para crear un nuevo sistema de registro que extienda la documentación a las mujeres.
Pero la realidad es que, incluso cuando se introducen cambios legislativos, en algunas partes del mundo sigue existiendo una enorme brecha entre la ley y las costumbres.
En más de la mitad de los países, la tradición patriarcal y antiguas creencias sociales amenazan los derechos de las mujeres sobre la tierra, incluso cuando están consagrados en la ley. Tomemos Bangladesh, por ejemplo: aunque las leyes del país otorgan a hombres y mujeres el mismo derecho a comprar y poseer tierras, en la práctica este derecho está limitado por normas sucesorias regidas por la ley sharía, que colocan a las mujeres y las niñas en una situación muy desfavorable.
Las cifras recientes muestran que en 34 países las hijas no tienen los mismos derechos sucesorios que los hijos. Además, en 35 países las viudas son especialmente vulnerables, ya que no heredan automáticamente los bienes de sus difuntos maridos: estos pueden pasar a la familia de ellos o a sus hijos. Una cosa es avanzar en la legislación y otra muy distinta cambiar las costumbres y las creencias.
Los derechos sobre la tierra y la propiedad son los derechos humanos por excelencia y, en manos de las mujeres, pueden actuar como un poderoso catalizador económico.
