Desde 2014, la esperanza de vida general en Estados Unidos ha descendido durante tres años consecutivos, revirtiendo una tendencia de un siglo de descenso constante de las tasas de mortalidad. Esta disminución de la esperanza de vida refleja un fuerte aumento de las muertes por las llamadas ‘muertes por desesperación’ (alcohol, drogas y suicidio) entre los estadounidenses sin título universitario (Case y Deaton 2015, 2017). Entre 1999 y 2017, la tasa de muertes por sobredosis de drogas ajustada por edad aumentó un 256 %, mientras que los suicidios crecieron un 33 % (Hedegaard et al. 2017, 2018).
En su trabajo pionero que puso de relieve por primera vez estas tendencias, Case y Deaton señalan como principales impulsores de estas tendencias la disminución de las oportunidades económicas entre los blancos no hispanos de clase trabajadora, combinada con un aumento del dolor crónico, el malestar social y el deterioro de instituciones como el matrimonio y la crianza de los hijos. Case (2019) señala además que la entrada de heroína y fentanilo baratos interactuó con las malas condiciones económicas persistentes entre los trabajadores con menor nivel educativo para perpetuar la mortalidad por estas causas. Otros académicos han cuestionado el enfoque explicativo centrado en el malestar y la desesperación, especialmente en el caso de las muertes relacionadas con drogas (Roux 2017, Ruhm 2019, Finkelstein et al. 2016). Estos investigadores señalan, en cambio, factores específicos del lugar y del «lado de la oferta» del entorno de las drogas, en particular el papel de las drogas nuevas, altamente adictivas y peligrosas. Otros también han señalado el papel de la epidemia de obesidad y los efectos retardados de la crisis del VIH/sida como impulsores de estas tendencias (Masters et al. 2018).
Contribuimos a este debate examinando cómo dos políticas económicas que aumentan los ingresos netos de impuestos de los estadounidenses de bajos ingresos (el salario mínimo y el crédito fiscal por ingreso del trabajo (EITC)) afectan causalmente a las muertes por desesperación.
Nuestro estudio
Para estimar los efectos causales de los salarios mínimos y del EITC sobre la mortalidad, adoptamos un enfoque cuasiexperimental, aprovechando la variación a nivel estatal de las políticas económicas estatales durante un período de 16 años, de 1999 a 2015. Nuestra fuente de datos principal consiste en archivos de Múltiples Causas de Muerte de los CDC georreferenciados, vinculados con variables demográficas, económicas y de políticas a nivel estatal procedentes de diversas fuentes (véase Dow et al. 2019 para una descripción completa de las fuentes de datos y los métodos).
Los archivos de mortalidad de acceso restringido que utilizamos contienen diversas características demográficas, como raza, origen étnico, edad, sexo y educación. La educación es de especial relevancia para nuestro análisis, ya que sirve como indicador indirecto de la exposición al EITC y al salario mínimo. Nos centramos específicamente en la mortalidad entre adultos de 18 a 64 años sin título universitario, ya que es la población más probable que se vea afectada por los cambios en el salario mínimo y en el EITC. Si bien el término ‘muertes por desesperación’ incluye normalmente las muertes por sobredosis de drogas, suicidios y enfermedades relacionadas con el alcohol (Case y Deaton 2015), aquí nos centramos en las muertes por sobredosis de drogas y en los suicidios no relacionados con drogas, que es más probable que respondan a los cambios recientes de política a corto plazo.
Nuestro análisis sigue el enfoque estándar de diferencias en diferencias para estimar modelos de mortalidad por causa específica a lo largo del tiempo. Nuestras estimaciones sugieren que ambas políticas reducen significativamente los suicidios no relacionados con drogas en nuestra muestra de menor nivel educativo (adultos sin título universitario). En concreto, destacamos tres hallazgos. En primer lugar, un aumento del 10 % del salario mínimo reduce las muertes por suicidio un 3,6 %, mientras que un EITC máximo un 10 % superior las reduce un 5,5 %. Sobre la base de la tasa media anual de suicidios en esta población durante el período de estudio, esto se traduce en una reducción de más de 1.200 suicidios al año.
En segundo lugar, el efecto de estas políticas en la reducción del suicidio es más fuerte entre las mujeres. Un aumento del 10 % en los salarios mínimos (créditos estatales del EITC) conduce a una reducción del 4,6 % (7,4 %) de las muertes por suicidio. Esto es coherente con las diferencias en la exposición a estas políticas, ya que las mujeres tienen más probabilidades de trabajar en empleos con salario mínimo y de ser elegibles para el EITC.
En tercer lugar, no encontramos efectos diferenciales de los salarios mínimos sobre el suicidio para los blancos no hispanos ni para otros grupos raciales y étnicos; sin embargo, existen indicios sugerentes de que el EITC podría tener efectos mayores entre las personas de color.
En general, comprobamos que la reducción de suicidios es mayor entre los grupos más propensos a verse afectados por salarios mínimos más altos y EITC generosos. No encontramos efectos significativos de estas dos políticas entre adultos con licenciatura o título superior, una población menos propensa a trabajar con salario mínimo o a ser elegible para el EITC. Este hallazgo respalda nuestro mecanismo hipotético, según el cual estas políticas reducen los suicidios al sacar de la pobreza a los grupos de bajos ingresos. Es importante destacar que ninguna de las dos políticas afectó significativamente a las muertes relacionadas con drogas, que han aumentado en Estados Unidos con la mayor disponibilidad de opioides, heroína y fentanilo ilegales. Estos efectos nulos son coherentes con los argumentos de Ruhm (2019), Finkelstein (2016) y otros autores que destacan los impulsores del lado de la oferta del dramático aumento de las muertes por sobredosis de drogas. Es probable que se necesiten otras políticas para combatir estas tendencias.
Evidencia de causalidad
Nuestro estudio aporta la primera evidencia causal de los efectos beneficiosos de estas políticas sobre las muertes atribuibles al suicidio no relacionado con drogas. El diseño de nuestro estudio se basa en el supuesto fundamental de que podemos obtener estimaciones causales de los efectos de las políticas comparando estados que tienen distintos salarios mínimos y tasas del EITC en el mismo año. Para que este enfoque sea válido, debe cumplirse el supuesto de tendencias paralelas; es decir, los cambios en los salarios mínimos estatales y en las tasas del EITC no deben estar correlacionados con factores no observados que impulsen la mortalidad.
Proporcionamos una sólida evidencia del supuesto de tendencias paralelas mediante la estimación de un modelo de estudio de eventos que captura la trayectoria temporal de los efectos alrededor del momento del cambio en el salario mínimo o en el EITC. La intuición detrás de estos modelos es que los salarios mínimos más altos o las tasas del EITC más altas no deberían tener efectos sobre la mortalidad en los años previos a los cambios de política, pero deberíamos observar un cambio discontinuo en el resultado en el momento de la implementación. Este patrón se muestra en la Figura 1, que representa los efectos estimados (y sus intervalos de confianza del 95 %) para el salario mínimo (panel A) y el EITC (panel B), desglosados por sexo.
Figura 1 Modelos de estudio de eventos del suicidio no relacionado con drogas
Observaciones finales
Nuestro hallazgo de que los aumentos del salario mínimo y las ampliaciones del EITC reducen significativamente las tasas de suicidio es coherente con investigaciones recientes que identifican correlatos económicos del suicidio: la falta de empleo, la falta de seguro médico, las ejecuciones hipotecarias de viviendas y las crisis de deuda (Reeves et al. 2012, Chang et al. 2013).
De manera más general, estos hallazgos amplían una literatura emergente que examina la relación entre las políticas económicas y los comportamientos y resultados de salud asociados. Por ejemplo, investigaciones recientes han constatado que los aumentos del salario mínimo reducen la depresión autodeclarada entre las mujeres (Horn et al. 2017), disminuyen los suicidios (Gertner et al. 2019) y no tienen efectos perjudiciales sobre el alcoholismo adolescente ni sobre las muertes por conducir ebrio (Sabia et al. 2019). En general, la mayoría de los artículos recientes sobre los efectos de los salarios mínimos en la salud han identificado efectos beneficiosos, aunque muchos de estos estudios utilizan métodos cuestionables que ponen en duda su validez como análisis causales creíbles (Leigh y Du 2018, Leigh et al. 2019).
Se ha comprobado que las ampliaciones del EITC mejoran significativamente la salud de las madres y los resultados al nacer (Evans y Garthwaite 2014, Hoynes et al. 2015, Markowitz et al. 2017), y un estudio reciente de Lenhart (2019) concluye que las ampliaciones del EITC mejoran la salud autodeclarada. En conjunto, estos hallazgos apuntan a un beneficio sustancial para la salud pública de aumentar el salario mínimo y ampliar el EITC.
El salario mínimo y el EITC aumentan, cada uno, los ingresos de los trabajadores con salarios bajos. Los economistas han constatado en general que las políticas de salario mínimo incrementan los ingresos y reducen la pobreza, con efectos negativos muy escasos o nulos sobre el empleo. Los nuevos hallazgos de este estudio sugieren que los beneficios de las políticas de salario mínimo y del EITC son más amplios de lo que se pensaba y pueden ayudar a combatir los niveles elevados y crecientes de muertes por desesperación.
