Se calcula que las personas con discapacidad representan alrededor del 15 % de la población mundial y constituyen un grupo de talento en gran medida sin aprovechar en el mercado laboral. Además, corren un alto riesgo de quedar aún más marginadas a medida que el mundo del trabajo experimenta rápidas transformaciones, entre ellas los avances tecnológicos, el cambio climático y los cambios demográficos. Como resultado, las desigualdades existentes podrían aumentar, a menos que los países apliquen una serie de medidas para abordar el problema.
En la Unión Europea, el 60 % de las personas con discapacidad tiene empleo, mientras que la tasa para el resto de la población es del 82 %. En Estados Unidos, la cifra es del 37 %, frente al 77 %. En promedio, los trabajadores con discapacidad ganan menos que los trabajadores sin discapacidad y, con frecuencia, se les niega el acceso a la educación, las tecnologías y la protección social, entre otros aspectos esenciales.
Al mismo tiempo, un número creciente de empresas está revisando sus políticas y prácticas, incluidas las relacionadas con la diversidad y la inclusión, los recursos humanos y la accesibilidad, con el fin de que las personas con discapacidad tengan un mejor acceso a oportunidades de empleo.
La campaña «The Valuable 500» se puso en marcha hace un año en la reunión de 2019 del Foro Económico Mundial en Davos. Con el respaldo de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la campaña pide a los directores ejecutivos de 500 empresas que incluyan la discapacidad en el orden del día de sus consejos de administración. Desde entonces, más de 240 empresas han asumido el compromiso. En la reunión del FEM de este año, hubo un acuerdo abrumador en que debemos tomar más medidas en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.
No obstante, junto con todas las iniciativas, deben existir mecanismos que nos permitan hacer seguimiento del progreso y comprobar si realmente estamos cumpliendo el compromiso de «no dejar a nadie atrás» que todos asumimos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La clave para ello es contar con datos desglosados por discapacidad.
A veces se considera que esto es complicado debido a las diversas definiciones nacionales y a cuestiones relacionadas con la confidencialidad y otros factores.
La buena noticia es que existe un acuerdo internacional sobre cómo identificar a las personas con discapacidad, de modo que podamos disponer de estadísticas fiables y comparables que permitan medir la brecha de inclusión.
Esta metodología acordada, el conjunto de preguntas del Grupo de Washington, permite que las encuestas generales, como las encuestas de población activa, incluyan seis preguntas breves para identificar a la población con discapacidad en un contexto determinado. La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado a partir de ello un módulo que permite a los países obtener información más detallada sobre la situación de las personas con discapacidad y las causas profundas que les impiden acceder al mercado laboral.
En la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, los gobiernos y los representantes de trabajadores y empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT declararon que la OIT debe orientar sus esfuerzos a «garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo del trabajo para las personas con discapacidad».
La OIT se compromete a impulsar el debate sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Medir y hacer seguimiento del progreso será fundamental si queremos ir más allá de las palabras.
