Cuanto más contenido quiera que esté el nuevo coronavirus, más tendrá que confinar su país y más espacio fiscal necesitará para mitigar la recesión más profunda que resultará. El problema de la mayoría del Sur Global es que los responsables de políticas carecen de espacio fiscal incluso en los mejores momentos.
La COVID-19 está devastando economías avanzadas como Italia, Francia, España y Estados Unidos. Más allá de las muertes y el sufrimiento humano, los mercados descuentan una recesión catastrófica acompañada de impagos masivos, como refleja la radical revalorización del riesgo de crédito corporativo por parte de los mercados financieros.
Por horrible que parezca, la situación en las economías avanzadas probablemente será mucho más benigna que la que enfrentan los países en desarrollo, no solo en términos de la carga de la enfermedad, sino también en términos de la devastación económica a la que se enfrentarán. Y aunque dos comunidades académicas (los expertos en salud pública y los macroeconomistas) empiezan a dialogar entre sí, lamentablemente la conversación ha involucrado sobre todo a los países avanzados.
La comunidad de salud pública ha convertido las ecuaciones diferenciales que rigen el contagio en un concepto casi corriente. Hoy se habla del papel del factor R0 (el número medio de nuevas infecciones causadas por cada persona infectada) y de la necesidad de aplanar la curva de contagio mediante el distanciamiento social y los confinamientos.
Los macroeconomistas consideraron inicialmente la pandemia como un shock negativo de demanda que tendría que contrarrestarse con políticas fiscales y monetarias expansivas para sostener el gasto agregado. Pronto, muchos de ellos se dieron cuenta de que este shock es diferente. A diferencia de la crisis financiera mundial de 2008, que provocó un colapso de la demanda, la pandemia de COVID-19 es, ante todo, un shock de oferta. Eso lo cambia todo.
Si la producción se desploma porque las personas no quieren o no pueden gastar, aumentar el poder adquisitivo podría ayudar. Pero si los teatros de Broadway, las universidades, las escuelas, los estadios deportivos, los hoteles y las aerolíneas están cerrados para frenar la propagación del virus, dar dinero a la gente no reactivará esas industrias: no carecen de demanda. Están cerrados como parte de las políticas de salud pública aplicadas para aplanar la curva. Si las empresas no producen porque sus trabajadores están confinados, impulsar la demanda no hará que los bienes aparezcan por arte de magia.
En consecuencia, los macroeconomistas se centran ahora en cómo hacer que el distanciamiento social y los confinamientos sean tolerables y limitar el daño que generará el shock de oferta. En Estados Unidos y el Reino Unido, los gobiernos planean grandes paquetes fiscales para ampliar la atención sanitaria, proteger las nóminas, ofrecer seguro de desempleo adicional, aplazar el pago de impuestos, evitar quiebras innecesarias, reforzar el sistema financiero y ayudar a las empresas y los hogares a sobrevivir a la tormenta.
Pero un supuesto, con frecuencia no explícito, de este enfoque es que los gobiernos podrán movilizar los recursos necesarios, esencialmente endeudándose más, si es preciso, con sus propios bancos centrales, mediante la flexibilización cuantitativa (QE). Los economistas se refieren a la capacidad de los gobiernos para endeudarse como espacio fiscal. En definitiva, cuanto más plana quiera que sea la curva de contagio, más tendrá que confinar su país y más espacio fiscal necesitará para mitigar la recesión más profunda que resultará.
Esto deja a los países en desarrollo en una situación de desamparo. Incluso en los mejores momentos, muchos de ellos tienen un acceso precario a la financiación, y recurrir a la impresión de dinero provoca una fuga de capitales de la moneda y un repunte inflacionario. Y estos no son los mejores momentos.
La mayoría de los países en desarrollo dependen, para obtener ingresos en divisas, de una combinación de exportaciones de materias primas, turismo y remesas: se prevé que todas se desplomen, dejando a las economías sin dólares y a los gobiernos sin ingresos fiscales. Al mismo tiempo, el acceso a los mercados financieros internacionales se ha cortado a medida que los inversores corren a refugiarse en los activos emitidos por el Gobierno de Estados Unidos y de otros países ricos. En otras palabras, justo cuando los países en desarrollo necesitan gestionar la pandemia, la mayoría ha visto evaporarse su espacio fiscal y enfrenta grandes brechas de financiación.
La receta habitual ante el colapso de los ingresos y los problemas de financiación externa es una combinación de austeridad (para ajustar el gasto a los ingresos), devaluación (para encarecer las escasas divisas) y asistencia financiera internacional para suavizar el ajuste. Pero esto dejaría a los países sin recursos para combatir el virus y sin medios para proteger la economía de los efectos perjudiciales de las medidas de confinamiento. Además, la receta habitual es más ineficiente si todos los países la aplican a la vez, debido a los efectos negativos de contagio sobre sus vecinos.
En estas condiciones, aunque los países en desarrollo quieran aplanar la curva, carecerán de la capacidad para hacerlo. Si las personas deben elegir entre un 10 % de probabilidades de morir si van a trabajar y una muerte por hambre prácticamente segura si se quedan en casa, es casi seguro que elegirán trabajar.
Para dar a los países la capacidad financiera de aplanar la curva se necesita un nivel de apoyo financiero que no será viable con los enfoques existentes ni con los balances actuales de las organizaciones internacionales. Para ayudar a gestionar la pandemia en el Sur Global, por tanto, es fundamental hacer recircular hacia ellos el dinero que huye de los países en desarrollo. Para ello, el G7 y el G20 deberían considerar varias medidas.
En primer lugar, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado líneas de canje con los bancos centrales de Australia, Brasil, Dinamarca, Corea, México, Noruega, Nueva Zelanda, Singapur y Suecia. Este mecanismo debería ampliarse a muchos más países. Si el temor a un impago es un obstáculo, estos fondos podrían canalizarse a través del Fondo Monetario Internacional, que debería rediseñar su actual Instrumento de Financiación Rápida para atender las necesidades actuales.
En segundo lugar, a medida que los bancos centrales implementen la flexibilización cuantitativa, deberían comprar bonos de mercados emergentes, especialmente los menos arriesgados, con el fin de liberar más espacio para que las instituciones financieras internacionales se centren en los casos más difíciles.
En tercer lugar, las economías dolarizadas o euroizadas que no tienen moneda propia y, por tanto, prestamista de última instancia, como Panamá, El Salvador y Ecuador, deberían recibir facilidades financieras especiales para que sus bancos centrales puedan respaldar sus sistemas bancarios.
Por último, los países desarrollados no deberían (como lamentablemente la Unión Europea acaba de hacer), obstaculizar ni prohibir la exportación de pruebas, productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
Aplanar la curva de COVID-19 requerirá una acción económica concertada a nivel internacional, especialmente con respecto a los países en desarrollo. Dada la naturaleza global del problema, hacer lo correcto es lo más inteligente.
