LONDRES – La mayor sorpresa política de 2016 fue que todo el mundo se sorprendiera tanto. Desde luego, no tenía excusa para que me tomara desprevenido: poco después de la crisis de 2008, escribí un libro en el que sugería que, tras el colapso económico, se produciría un desplome de la confianza en las instituciones políticas, con un retraso de unos cinco años.
Ya hemos visto esta secuencia. El primer derrumbe de la globalización, descrito por Karl Marx y Friedrich Engels en su obra de 1848 El manifiesto comunista, fue seguido por leyes de reforma que crearon derechos sin precedentes para la clase trabajadora. Al derrumbe del imperialismo británico tras la Primera Guerra Mundial le siguieron el Nuevo Trato y el Estado de bienestar. Y al derrumbe de la economía keynesiana después de 1968 le siguió la revolución de Thatcher y Reagan. En mi libro Capitalismo 4.0, sostuve que al cuarto derrumbe sistémico del capitalismo global, anunciado por la crisis de 2008, le seguirían convulsiones políticas comparables.
Cuando un modelo particular de capitalismo funciona bien, el progreso material alivia las presiones políticas. Pero cuando la economía fracasa —y ese fracaso no es una fase pasajera, sino un síntoma de profundas contradicciones—, los efectos secundarios sociales disruptivos del capitalismo pueden volverse políticamente tóxicos.
Eso fue lo que ocurrió después de 2008. Cuando se empezó a considerar que el fracaso del libre comercio, la desregulación y el monetarismo conducía a una «nueva normalidad» de austeridad permanente y expectativas reducidas, en lugar de a una crisis bancaria temporal, las desigualdades, la pérdida de empleos y los desajustes culturales del período previo a la crisis dejaron de poder justificarse, del mismo modo que los impuestos exorbitantes de las décadas de 1950 y 1960 perdieron legitimidad durante la estanflación de los años setenta.
Si estamos presenciando una transformación de este tipo, los reformistas que avanzan paso a paso e intentan atender agravios concretos relacionados con la inmigración, el comercio o la desigualdad de ingresos cederán terreno ante políticos radicales que cuestionan todo el sistema. Y, en algunos aspectos, los radicales tendrán razón.
La desaparición de los empleos «buenos» en la industria manufacturera no puede achacarse a la inmigración, el comercio o la tecnología. Sin embargo, aunque estos factores de competencia económica aumentan el ingreso nacional total, no necesariamente distribuyen los beneficios en materia de ingresos de una manera socialmente aceptable. Para lograrlo hace falta una intervención política deliberada en al menos dos frentes.
En primer lugar, la gestión macroeconómica debe garantizar que la demanda crezca siempre al mismo ritmo que el potencial de oferta generado por la tecnología y la globalización. Esta es la idea keynesiana fundamental que se rechazó temporalmente en el apogeo del monetarismo a principios de los años ochenta, se restableció con éxito en los años noventa (al menos en Estados Unidos y Gran Bretaña), pero volvió a olvidarse durante el pánico por el déficit posterior a 2009.
Volver a la gestión keynesiana de la demanda podría ser el principal beneficio económico de la próxima administración estadounidense de Donald Trump, si las políticas fiscales expansivas sustituyen los esfuerzos mucho menos eficientes de estímulo monetario. Es posible que Estados Unidos esté ahora dispuesto a abandonar los dogmas monetaristas de la independencia de los bancos centrales y los objetivos de inflación, y a restablecer el pleno empleo como máxima prioridad de la gestión de la demanda. En Europa, sin embargo, esta revolución del pensamiento macroeconómico aún tardará años.
Al mismo tiempo, hará falta una segunda revolución intelectual, de mayor trascendencia, en lo relativo a la intervención gubernamental en los resultados sociales y las estructuras económicas. El fundamentalismo de mercado oculta una profunda contradicción. El libre comercio, el progreso tecnológico y otras fuerzas que promueven la «eficiencia» económica se presentan como beneficiosos para la sociedad, aunque perjudiquen a trabajadores o empresas individuales, porque el aumento de los ingresos nacionales permite que los ganadores compensen a los perdedores y garantiza que nadie quede en peor situación.
Este principio de la llamada optimalidad de Pareto sustenta todas las justificaciones morales de la economía de libre mercado. En teoría, las políticas de liberalización solo se justifican bajo el supuesto de que las decisiones políticas redistribuirán parte de las ganancias de los ganadores a los perdedores de maneras socialmente aceptables. Pero ¿qué ocurre si, en la práctica, los políticos hacen lo contrario?
Al desregular las finanzas y el comercio, intensificar la competencia y debilitar a los sindicatos, los gobiernos crearon las condiciones teóricas que exigían redistribuir de los ganadores a los perdedores. Pero los defensores del fundamentalismo de mercado no se limitaron a olvidar la redistribución: la prohibieron.
El pretexto era que los impuestos, las prestaciones sociales y otras intervenciones gubernamentales debilitan los incentivos y distorsionan la competencia, lo que reduce el crecimiento económico de la sociedad en su conjunto. Pero, como dijo célebremente Margaret Thatcher: «[…] no existe tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias». Al centrarse en los beneficios sociales de la competencia e ignorar los costos para personas concretas, los fundamentalistas de mercado desatendieron el principio del individualismo que ocupa el corazón de su propia ideología.
Tras las convulsiones políticas de este año, ya no se puede ignorar la contradicción fatal entre los beneficios sociales y las pérdidas individuales. Si el comercio, la competencia y el progreso tecnológico han de impulsar la próxima fase del capitalismo, deberán ir acompañados de intervenciones gubernamentales que redistribuyan los beneficios del crecimiento de maneras que Thatcher y Reagan declararon tabú.
Romper estos tabúes no tiene por qué significar volver a los elevados tipos impositivos, la inflación y la cultura de la dependencia de los años setenta. Así como la política fiscal y monetaria puede calibrarse para reducir al mínimo tanto el desempleo como la inflación, la redistribución puede diseñarse no solo para reciclar los impuestos en prestaciones sociales, sino también para ayudar de manera más directa cuando los trabajadores y las comunidades sufren las consecuencias de la globalización y el cambio tecnológico.
En vez de entregar ayudas en efectivo que empujan a las personas a pasar del empleo al desempleo de larga duración o a la jubilación, los gobiernos pueden redistribuir los beneficios del crecimiento apoyando el empleo y los ingresos mediante subsidios regionales e industriales y leyes de salario mínimo. Entre las intervenciones más eficaces de este tipo, como demuestran Alemania y Escandinavia, está invertir en educación profesional de alta calidad y en la formación continua de trabajadores y estudiantes que no asisten a la universidad, creando vías no académicas para alcanzar un nivel de vida de clase media.
Todo esto quizá suene a remedios evidentes, pero los gobiernos han hecho, en su mayoría, lo contrario. Han hecho menos progresivos los sistemas tributarios y han recortado drásticamente el gasto en educación, políticas industriales y subsidios regionales, y en su lugar han destinado dinero a la atención de la salud, las pensiones y las ayudas en efectivo que fomentan la jubilación anticipada y la discapacidad. La redistribución ha perjudicado a los trabajadores jóvenes con salarios bajos, cuyos empleos e ingresos están realmente amenazados por el comercio y la inmigración, y ha favorecido a las élites financieras y directivas, que son quienes más han ganado con la globalización, y a los jubilados de edad avanzada, cuyas pensiones garantizadas los protegen de las perturbaciones económicas.
Sin embargo, las convulsiones políticas de este año han sido impulsadas por los votantes de edad avanzada, mientras que los votantes jóvenes apoyaron mayoritariamente el statu quo. Esta paradoja muestra que la confusión y la desilusión posteriores a la crisis aún no han terminado. Pero la búsqueda de nuevos modelos económicos que denominé «Capitalismo 4.1» ya ha comenzado claramente, para bien o para mal.
