La riqueza debe redistribuirse de forma más amplia.
Los gobiernos tendrán que intervenir más para garantizar mejores y más justos resultados de las inversiones del sector privado.
Las nuevas instituciones deben incorporar reformas profundas para garantizar una mejor integración racial.
El capitalismo tal como lo conocemos necesita reformarse. El creciente descontento con la ideología que ha generado tanta riqueza y progreso, pero también tanta desigualdad e inestabilidad, provoca perturbaciones sociales cada vez más frecuentes en todo el mundo. La crisis de la COVID-19 ha dejado al descubierto la mayoría de estas disfunciones, desde el acceso desigual a la atención sanitaria, la educación, las oportunidades económicas y el progreso social, hasta la creciente desigualdad entre naciones y dentro de ellas, así como entre grupos raciales y étnicos. En el centro de estas múltiples crisis se encuentra la tensión entre privilegio y meritocracia.
Desde una perspectiva económica global, el capitalismo, como sistema económico dominante desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha contribuido de forma considerable a alimentar las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas.
Tras décadas de políticas de austeridad impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las economías latinoamericanas, africanas y otras economías de ingresos bajos, como falsa cura para los ciclos recesivos, las respuestas de los países ricos a los efectos macroeconómicos de la crisis de la COVID-19 han rechazado de forma espectacular la restricción del sector público que se vendió a los países en desarrollo como fundamental para el capitalismo de la posguerra.
De hecho, las economías avanzadas han recurrido a políticas poco convencionales y anticíclicas sin precedentes para impulsar el crecimiento económico mediante el gasto público, relegando el enfoque del presupuesto equilibrado a un segundo plano.
Según el FMI, los países del G20 han gastado conjuntamente 9 billones de dólares en estímulos en el primer semestre de 2020, más del 10 % del PIB mundial. Los líderes gubernamentales sostienen que este enfoque fue esencial para mantener la estabilidad económica y social; sin embargo, no todos los países tuvieron el privilegio del margen fiscal y monetario necesario para emular esta respuesta.
Con perspectiva, hay pruebas de que el uso generalizado de planes de austeridad en los países en desarrollo les ha costado miles de millones de dólares en producción, millones de empleos y años de crecimiento estancado, lo que ha contribuido a la gran divergencia entre los países ricos y el resto, que observamos en la actualidad.
Dado el efecto acumulativo de las inversiones pasadas, las deficientes recetas políticas del siglo XX han contribuido a ampliar la brecha entre las economías de ingresos altos y bajos hasta tal punto que solo intervenciones proactivas y de amplia base pueden ayudar a reducirla de nuevo. Olvídense del laissez-faire y de la mano invisible.
Desde una perspectiva social global, crece el descontento del 99 %. La necesidad de justicia social ocupa un lugar cada vez más central, ya que los salarios han crecido solo de forma marginal en comparación con los ingresos y la riqueza del 1 %.
El aumento del desempleo y la inestabilidad laboral han generado resistencia a la inmigración, la globalización y la automatización que sustituye el trabajo humano. La educación no solo se ha mantenido estática y ha dejado de ser apta para formar a los trabajadores en la movilidad social ascendente, sino que también ha fracasado en la preparación de los trabajadores para afrontar los amplios desafíos que surgen de un cambio profundo y rápido en prácticamente todos los ámbitos.
Años de inversión insuficiente en infraestructura pública han erosionado la calidad de los servicios públicos. Sin olvidar los problemas de larga data relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria, las tensiones geopolíticas y la injusticia racial sistémica. En los últimos dos meses, la muerte de George Floyd ha impulsado protestas masivas en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Australia, entre otros muchos países. Los países con un pasado colonial que no han logrado garantizar una plena integración racial ni combatir activamente el racismo sistémico sufrirán un malestar social sostenido y crisis de identidad nacional.
Dicho esto, existe una necesidad urgente de diseñar instituciones que puedan abordar las amplias imperfecciones del mundo tal como lo conocemos. Se necesita un nuevo contrato social que tenga en cuenta los desafíos y las historias específicas de cada país, pero que también pretenda garantizar que “la marea creciente eleve todas las barcas”, a fin de dejar atrás el pasado y allanar el camino hacia un futuro mejor.
En el mundo posterior a la COVID-19, hay tres características que deberán institucionalizarse plenamente como parte del nuevo contrato social local y global.
1. El capitalismo y el socialismo deberán fusionarse
En primer lugar, la lenta muerte del capitalismo no equivale a un resurgimiento del comunismo. Sin embargo, repensar el capitalismo, o dar al capitalismo un “Gran Reinicio”, como ha sugerido Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, significa que el capitalismo y el socialismo deberán fusionarse para crear un modelo económico y social productivo e inclusivo.
La riqueza se ha vuelto abundante gracias al capitalismo, pero ahora debe redistribuirse de forma más amplia, como llevan mucho tiempo reclamando los socialistas. En particular, existe una necesidad urgente de volver a vincular la riqueza de los mercados financieros con la economía real.
La gran divergencia de las últimas décadas, tanto entre naciones como dentro de ellas, se debe en gran medida al auge de los activos intangibles (valores negociables y propiedad intelectual) y a los ingresos derivados del privilegio (herencias, ingresos del capital acumulado y condiciones sociales preexistentes, como las redes de riqueza y poder asociadas a la raza, el género, la religión y la cultura), en comparación con el estancamiento de la productividad observado en la economía real.
Si Jeff Bezos fuera un país, su patrimonio neto de 172 000 millones de dólares a 5 de julio de 2020 ocuparía el tercer lugar entre las naciones más ricas de África, tras Nigeria y Sudáfrica, pero por delante de Kenia; controlaría más dinero que la mayoría de una región de 54 países y 1 200 millones de personas. La introducción de un impuesto sobre los ingresos pasivos y la riqueza es esencial en un mundo en el que los individuos son más ricos que las naciones.
Por encima de cierto nivel de riqueza, más ingresos en los bolsillos de las personas con patrimonio ultraelevado resultan menos productivos y menos justos para la economía en su conjunto que si llegaran a los bolsillos de los trabajadores.
De hecho, un número de economistas ha sostenido que la desigualdad conduce a la inestabilidad económica. Un mecanismo mediante el cual esto ocurre es que los ricos consumen una proporción menor de sus ingresos que los pobres. Ahorran dinero que las personas con ingresos más bajos gastarían. Esto provoca una reducción de la demanda agregada, lo que a su vez conduce al desempleo. Por lo tanto, la creación de riqueza y la redistribución de ingresos pueden reforzarse mutuamente. Ambas deben tener la misma importancia en el contexto institucional posterior a la COVID-19 para garantizar la justicia económica.
2. Debemos mejorar la coordinación entre el sector público y el privado
En materia de justicia social, existe una necesidad fundamental de mejorar la coordinación entre el sector público y el privado para garantizar tanto la equidad como la eficiencia. Pese al temor de larga data a una “disyuntiva entre eficiencia y equidad”, en realidad ambas características pueden coexistir, y podemos hacerlo mejor en ambas medidas de lo que lo hacemos ahora.
El impulso para apoyar los incentivos basados en el mercado con el fin de acelerar la privatización de todo ha permitido a los gobiernos recortar el gasto público en favor de las inversiones privadas. En los países avanzados, esto ha provocado un aumento del coste de numerosos bienes y servicios esenciales que tradicionalmente han sido gratuitos para la ciudadanía, mediante mecanismos como las autopistas de peaje, el aumento de las tasas universitarias y la escalada de los honorarios médicos. Esta tendencia también ha conducido a la erosión y exclusión de la calidad de los servicios públicos para quienes más los necesitan.
En el nuevo contexto institucional, los gobiernos deberán intervenir más para garantizar mejores y más justos resultados de las inversiones del sector privado. Una forma de lograrlo es introducir una renta básica universal (RBU), financiada mediante la tributación de la riqueza y los ingresos pasivos, y haciendo un mejor uso del ahorro público.
Los países de ingresos altos tienen los recursos para hacerlo posible. Sin embargo, en los países en desarrollo los recursos son escasos, y tanto el desempleo como las tasas de informalidad son elevados. Una parte excesiva de la actividad económica recae en el ámbito del sector público, lo que genera un gasto público ineficiente e insuficiente en infraestructura, empleo, educación y salud, que a menudo desplaza la inversión del sector privado.
Los gobiernos de los países de ingresos bajos pueden hacerlo mejor si atraen inversión privada para financiar proyectos rentables y destinan las finanzas públicas a proyectos de bajo valor económico pero alto valor social, a fin de garantizar que los servicios sean siempre accesibles para los grupos más vulnerables.
Además, es necesaria una mayor descentralización que permita a los municipios intervenir de forma más eficaz a nivel local, y que el gobierno central invite al sector privado a invertir y gestionar proyectos de infraestructura seleccionados mediante asociaciones público-privadas. En última instancia, la mejor manera de optimizar la inversión social con fondos públicos en los países en desarrollo es garantizar que los gobiernos proporcionen un entorno propicio para que florezcan el emprendimiento y la actividad de inversión privada, generando riqueza que se distribuya de manera equitativa entre inversores, trabajadores y el Estado.
3. Debemos mejorar el acceso a oportunidades iguales
En cuanto al racismo sistémico, las nuevas instituciones deben incorporar reformas profundas para garantizar una mejor integración racial y para reparar siglos de prejuicios acumulados contra los países colonizados y los grupos minoritarios, especialmente las comunidades negras y morenas. Es importante reconocer el “privilegio blanco” y romper el mito de la meritocracia pura, que ha persistido durante demasiado tiempo como explicación no solo de la divergencia de resultados entre países ricos y pobres, sino también entre personas ricas y pobres en todas las dimensiones de la sociedad.
Los siglos de prejuicios no pueden revertirse en una o dos generaciones. Los líderes del nuevo orden institucional deben diseñar de forma proactiva mecanismos para mejorar el acceso a oportunidades iguales y a programas aceleradores sociales y económicos. Estas iniciativas deben tener una escala macro. Programas como la acción afirmativa están bien intencionados, pero siguen siendo intervenciones defensivas y tácticas para mejorar las probabilidades de las comunidades negras y morenas. La tarea que nos ocupa no trata del 3-5 % de los estudiantes de las universidades de élite del mundo que son negros; se trata de que el crecimiento, el progreso y la movilidad social ascendente sean sistémicos dentro de la comunidad negra y morena.
Esto puede lograrse cambiando el enfoque de “echar una mano” a estas comunidades por el de empoderarlas mediante inversiones públicas a gran escala para equiparar el acceso a condiciones similares a las de las comunidades más privilegiadas. Por ejemplo, las inversiones públicas destinadas a mejorar la infraestructura en los barrios negros aumentarían el valor de los bienes inmuebles para los propietarios negros, mejorarían la calidad de la educación y la atención sanitaria, y ayudarían a construir una comunidad de residentes más acomodados con un interés creado en perpetuar el progreso generacional.
Con algunas excepciones, como Sudáfrica, y la India (dado su sistema de castas y, en particular, la exclusión de los dalits), la justificación de tales inversiones de motivación demográfica en los países en desarrollo no es tan necesaria, ya que la población está abrumadoramente compuesta por grupos desfavorecidos. No obstante, la necesidad de más inversión social y de políticas más socialmente conscientes, como las normas de contenido local e indigenización, es igualmente importante para ampliar el acceso a la justicia racial. Estas iniciativas, como el programa de Empoderamiento Económico de los Negros (BEE) en Sudáfrica, han ayudado a empoderar a quienes antes estaban marginados, pero también han sido criticadas por distorsionar los mercados y por concentrar la riqueza, el poder y la influencia en manos de un pequeño grupo de personas. Los nuevos programas en esta línea no deben repetir estos errores.
La injusticia sistémica es el desafío que define a nuestra era del capitalismo, y la COVID-19 la ha sacado a la superficie. Bajo la abundancia de unos pocos subyace un alto grado de desigualdad. La meritocracia existe, pero es importante distinguir entre los resultados impulsados por el privilegio y los que son fruto de la meritocracia, y diagnosticar los contextos en los que el privilegio obstaculiza la meritocracia.
Ha interesado a los capitalistas promover las virtudes de la meritocracia y minimizar el alcance de la injusticia y el prejuicio. Los países pobres y las personas pobres no son pobres porque no trabajen o no se esfuercen. En muchos casos, la pobreza y la exclusión surgen de trabajar en un sistema en el que el peso del privilegio supera la posibilidad de que el esfuerzo se traduzca en movilidad social.
Las nuevas instituciones deben nivelar el terreno de juego e intervenir activamente, no para revertir el pasado (puesto que lo hecho, hecho está), sino para construir un futuro en el que personas de todo origen racial, social, de género y económico puedan prosperar y ser juzgadas “no por las circunstancias en las que nacieron, sino por el contenido de su carácter”, parafraseando las famosas palabras del Dr. Martin Luther King, Jr. El espíritu de sus palabras sigue resonando en nuestra era, y debemos dejar que guíen nuestras acciones, especialmente nuestras inversiones y políticas, ahora más que nunca.
Esta entrada de blog se publicó originalmente en Harvard Kennedy School Review.
