En 1983, la Unión Soviética inauguró dos reactores nucleares en lo que hoy es Ucrania. Uno de ellos, la unidad cuatro de Chernóbil, sufrió una explosión y un incendio tres años después, que liberaron grandes cantidades de partículas radiactivas a la atmósfera: un accidente catastrófico cuyos efectos aún se sienten mucho más allá de las fronteras de Ucrania. El otro reactor, la unidad uno de la Central Nuclear de Ucrania del Sur, sigue en funcionamiento, aunque todos los indicios apuntan a que debería retirarse.
La prolongada operación de la unidad uno y de las envejecidas centrales nucleares del país probablemente no habría sido posible sin el apoyo financiero de los contribuyentes europeos, canalizado a través del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) como parte de un programa de «mejora de la seguridad» de 600 millones de euros (650 millones de dólares). En contravención tanto del Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo (el Convenio de Espoo) como del acuerdo de préstamo del BERD, el programa se llevó a cabo sin consultar a los vecinos europeos de Ucrania.
Gracias a estos esfuerzos, en 2013 la Inspección Estatal de Regulación Nuclear (SNRIU) concedió a la central de Ucrania del Sur un permiso para prolongar diez años su vida útil. Sin embargo, según un estudio exhaustivo publicado el mes pasado por el Centro Ecológico Nacional de Ucrania (NECU), la evaluación en la que se basó esta decisión presentaba graves deficiencias. De hecho, el reactor de la unidad uno adolece de peligrosas vulnerabilidades, y el desgaste observado en algunas zonas ya supera en un factor de diez los niveles tolerables. Estas vulnerabilidades, advierte el estudio, podrían provocar una emergencia nuclear, incluida la liberación de partículas radiactivas dentro de la unidad, o incluso al medio ambiente.
Este dista mucho de ser un caso aislado. Tres de las unidades nucleares de Ucrania funcionan actualmente más allá de su vida útil de diseño, y otras nueve llegarán al final de su vida útil prevista en los próximos cinco años. Lo más inmediato es que la unidad dos de Ucrania del Sur llegará a ese punto en menos de tres semanas, lo que significa que la SNRIU debe decidir ahora si concede a esa unidad una prórroga de 20 años de vida útil.
La SNRIU tomará esta decisión crucial sin información clave sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que el reactor supone para Ucrania y sus vecinos. Aunque esto contraviene la responsabilidad de Ucrania, como signataria del Convenio de Espoo, de realizar una evaluación transfronteriza del impacto ambiental (por no mencionar que se pierde la oportunidad de considerar posibles alternativas a la continuación de la operación del reactor), no se espera que se lleve a cabo ningún análisis de ese tipo.
El mes pasado, grupos de campaña de países vecinos escribieron a sus representantes en el BERD para pedir al banco que suspendiera su apoyo a la revitalización de las centrales nucleares de Ucrania hasta que se realizara una evaluación transfronteriza. Ya se había enviado una carta similar, firmada por CEE Bankwatch Network y otras 45 ONG medioambientales de toda la región, a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y al director de la Unión Europea en el BERD.
Pero, incluso con un análisis de ese tipo, el regulador nuclear de Ucrania no estaría en condiciones de garantizar la operación segura de las unidades nucleares envejecidas. No solo es dudosa su capacidad profesional, como destacó el estudio de NECU; su independencia se ha visto drásticamente limitada por la reciente decisión del gobierno de reducir significativamente las obligaciones reglamentarias de las empresas y las compañías estatales (salvo en materia tributaria). Como reconoció el BERD en febrero, ahora se prohíbe a la SNRIU asumir el liderazgo de las inspecciones de seguridad, lo que incumple las condiciones del acuerdo de préstamo del BERD.
Y esto sin mencionar la amenaza inmediata que plantea el conflicto militar en curso con los rebeldes respaldados por Rusia en la región del Donbás, en el este de Ucrania. Más allá de los evidentes riesgos asociados a la inestabilidad, está el hecho de que Ucrania depende de Rusia no solo para la mayor parte del combustible que alimenta sus reactores envejecidos, sino también para el tratamiento y almacenamiento de la mayor parte de su combustible gastado. En otras palabras, la dependencia de Ucrania de la energía nuclear, que representa alrededor de la mitad de su generación eléctrica, ha aumentado su vulnerabilidad estratégica frente a Rusia.
Eso por sí solo debería bastar para convencer al gobierno de Ucrania de que no perpetúe la dependencia del país de esta fuente de energía insegura y peligrosa. Si no fuera suficiente, el 29.º aniversario del desastre de Chernóbil, conmemorado este mes, debería servir como un duro recordatorio del daño que puede causar un accidente nuclear.
Ucrania debería aprovechar las fechas de expiración de sus reactores para avanzar hacia un futuro energético más seguro y sostenible. Dado que esto también redundaría en beneficio de Europa, los gobiernos y ciudadanos de la UE deben hacer todo lo posible para apoyar este esfuerzo. Es un compromiso a largo plazo, pero quizá no haya una prórroga de vida útil para asumirlo.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Iryna Holovko es activista por Ucrania en CEE Bankwatch Network y el Centro Ecológico Nacional de Ucrania.
Imagen: Se ven válvulas dentro de la unidad seis, clausurada, de la central nuclear de Greifswald, a las afueras de la localidad nororiental de Lubmin, el 5 de agosto de 2014. REUTERS/Thomas Peter.
