En vez de liberar a las empresas y a los consumidores, el actual impulso para desregular el mercado energético de EE. UU. trasladará los costes a otros ámbitos.
Otros países liderarán la transición energética, impulsados por las presiones geopolíticas y el sentido económico común que favorecen una menor dependencia de los combustibles fósiles.
La regulación medioambiental es una infraestructura esencial para la transición: establece las reglas que aportan claridad y orientación al mercado.
En febrero, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) revocó la determinación de 2009 que vinculaba los gases de efecto invernadero con la salud y el bienestar públicos, principal fundamento jurídico para regular las emisiones.
En cambio, la UE ha adoptado su Estrategia de inversión en energía limpia, con la promesa de más de 75.000 millones de euros en financiación del Banco Europeo de Inversiones en un plazo de tres años. China, por su parte, anunció su 15.º Plan Quinquenal, redoblando sus esfuerzos en tecnologías limpias para mantener su dominio mundial en la fabricación de energía solar fotovoltaica, turbinas eólicas y baterías para vehículos eléctricos.
La negación de la ciencia en Estados Unidos es indefendible. El sector del transporte estadounidense por sí solo emite tanto como toda la economía rusa. Revertir las normas de este modo podría añadir miles de millones de toneladas de emisiones para mediados de siglo. El Informe de riesgos globales 2026 del Foro Económico Mundial señala que cinco de los 10 riesgos globales más graves de los próximos 10 años son medioambientales, incluidos los tres principales.
Tras dedicar mi carrera a traducir la ciencia primero en políticas y ahora en asignación de capital, considero que el teatro político es secundario en este caso. Es más importante entender qué significa la desregulación medioambiental para los mercados, la estrategia industrial, los responsables de las políticas, los inversores y los fundadores de empresas.
Aunque las regulaciones se pueden reescribir, la física no se cambia con un mazo. El riesgo no desaparece: se desplaza. Aunque el sitio web de la EPA afirma que la decisión supondrá para los estadounidenses un ahorro de costes de más de 1,3 billones de dólares, en realidad el riesgo se redistribuirá a otras partes de la economía.
Los modelos de datos de las aseguradoras tendrán que «incorporar» el mayor riesgo climático en sus precios, lo que elevará las primas, aumentará las exclusiones de las pólizas y limitará la cobertura en las regiones expuestas. Debido a la exposición a desastres relacionados con el clima, las primas de los seguros de hogar en EE. UU. aumentaron un 70 % entre 2019 y 2025.
Después reaccionarán los mercados de crédito. Cuando las primas de los seguros se disparan, las hipotecas garantizadas con esos activos se vuelven más arriesgadas. Luego, los propios activos pierden valor.
Las infraestructuras de propiedad pública, como las redes eléctricas, los puertos, las plantas industriales y los corredores de transporte, estarán cada vez más expuestas al calor, las inundaciones y los incendios forestales. Como resultado, sus necesidades de capital se dispararán. Para hacerse una idea de la magnitud, un informe de la Universidad de Chicago prevé daños por valor de 1 billón de dólares relacionados con el clima y los fenómenos meteorológicos entre 2026 y 2030 en EE. UU.
Con el tiempo, los consumidores acabarán asumiendo estos daños mediante costes e impuestos. No se puede deshacer rápidamente la regulación medioambiental, cada vez más integrada en el capitalismo.
Al otro lado del Atlántico, la política climática europea se distanciará aún más de la estadounidense. La desregulación no detendrá la transición ecológica; solo cambiará quién la construye.
La Agencia Internacional de la Energía señala que dos tercios de cada dólar que se gasta actualmente en energía en el mundo se destinan a tecnologías limpias, no por ideología, sino porque ahora la economía favorece esa opción. Al controlar a gran escala las baterías, los imanes y la electrónica de potencia, China se ha asegurado los cimientos industriales de la Era Eléctrica, y esa ventaja se acumula. Países como India, que también corre el riesgo de perder hasta un 10 % de su renta nacional debido a la crisis climática, podrían ver una oportunidad para llenar el vacío que deja Estados Unidos.
Esta dimensión geopolítica es importante porque, si algo nos han enseñado los últimos años, es que el clima está ahora más ligado que nunca a la seguridad nacional y la soberanía económica. La interrupción del tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz tras los ataques militares contra Irán, que redujo temporalmente un 20 % del suministro diario mundial de petróleo y disparó los precios mundiales del gas en cuestión de días, demostró que la dependencia de los combustibles fósiles no es una estrategia energética, sino una carga geopolítica que no deja de agravarse.
Las baterías, los sistemas de redes eléctricas, los semiconductores, los minerales críticos, la fabricación avanzada y las infraestructuras de energía limpia ocupan ahora un lugar central en la competencia geopolítica y han dejado de ser sectores de nicho. La seguridad energética evita los apagones; la resiliencia de las redes puede proteger frente a las ciberamenazas, y la autonomía industrial protege a los países de la coerción mediante los recursos. El control de estos sistemas define cada vez más la soberanía.
A medida que la geopolítica da forma a la transición energética, esta decisión de la EPA nos muestra que la regulación es una infraestructura de mercado, no una molestia que frena el crecimiento. La regulación es la fontanería del capitalismo: la infraestructura oculta que permite que fluya el capital, se hagan cumplir los contratos y se compartan los riesgos. Las sociedades mercantiles, la responsabilidad limitada, la legislación sobre insolvencia y los mercados de valores no aparecieron de la nada. Fueron innovaciones regulatorias. Sin esta estructura jurídica, el capital de riesgo, las cotizaciones en bolsa y los flujos de capital transfronterizos sencillamente no existirían.
Lo mismo ocurre con las normas medioambientales. Establecen las vías para la inversión, aportan certidumbre sobre la demanda y orientan la innovación en sectores industriales enteros.
Reducir la regulación a «burocracia» es un error. Los mercados no funcionan sin reglas: funcionan por medio de ellas. Se ha demostrado que límites como las normas sobre emisiones afinan el enfoque, fomentan la resolución de problemas a largo plazo y encauzan la innovación. Las normas de eficiencia de los vehículos y las reglas sobre emisiones cumplen una función de política industrial. Impulsan la innovación en baterías, la electrónica de potencia, los materiales ligeros y la arquitectura de los vehículos definida por software. No se trata de un argumento sentimental a favor de la política medioambiental, sino de uno sobre el capital.
El anuncio de la EPA ha empezado a hacer que las empresas estadounidenses se replieguen. El alivio a corto plazo de las obligaciones de cumplimiento que ofrece esta última decisión erosionará la competitividad exportadora. Los fabricantes estadounidenses que frenen la innovación nacional seguirán teniendo que cumplir las normas internacionales para competir en Europa y Asia. Y así aumenta el aislamiento económico.
Hay muchos motivos para entusiasmarse con las políticas industriales limpias en todo el mundo. Siguen siendo fundamentales para las estrategias de crecimiento de numerosos países, ya que cada vez tienen más sentido económico, incluso en muchos estados de EE. UU. Ahora son aún más esenciales ante la desregulación. Es hora de seguir invirtiendo en lo que importa. Aunque la geopolítica, los flujos de capital, las valoraciones bursátiles y los marcos regulatorios parecen estar cambiando, la ciencia no.
