Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
El acuerdo mundial alcanzado en París la semana pasada es, en realidad, el tercer acuerdo climático logrado en el último mes. El primero se produjo a finales de noviembre, cuando un grupo de multimillonarios encabezado por Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos anunció la creación de un fondo de 20.000 millones de dólares para respaldar la investigación en energías limpias. Ese mismo día, un grupo de 20 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, India, China y Brasil, acordó duplicar su inversión en energía verde, hasta alcanzar un total de 20.000 millones de dólares al año.
De los dos anuncios previos a París, fue el de la Breakthrough Energy Coalition (BEC), la coalición de Gates y sus compañeros emprendedores, el que acaparó la mayor parte de los titulares. Esto no sorprende, dada la fuerte asociación que existe en el imaginario popular entre innovación y sector privado. Si en la lucha contra el cambio climático se necesita un avance tecnológico, ¿a quién cabría esperar que lo proporcione, si no a los genios de Silicon Valley y de otros centros de innovación de libre mercado?
El propio Gates es el primero en reconocer que la percepción pública está lejos de ser precisa. “El sector privado sabe cómo crear empresas, evaluar el potencial de éxito y asumir los riesgos que permiten convertir las ideas innovadoras en realidad para el mundo”, señala el manifiesto. “Pero en el entorno empresarial actual, es poco probable que el equilibrio entre riesgo y recompensa de la inversión en fases iniciales de sistemas energéticos potencialmente transformadores supere los criterios de mercado de los inversores ángel o de capital riesgo tradicionales.”
Por sí solo, el libre mercado no desarrollará nuevas fuentes de energía con la rapidez suficiente. La rentabilidad sigue siendo demasiado incierta. Al igual que en las revoluciones tecnológicas anteriores, los rápidos avances en energía limpia requerirán la intervención de un Estado valiente y emprendedor, que aporte financiación paciente a largo plazo y modifique los incentivos del sector privado. Los gobiernos deben adoptar decisiones políticas audaces que no solo nivelen el terreno de juego, sino que también lo inclinen hacia la sostenibilidad medioambiental. Solo entonces —y únicamente entonces— llegará la financiación privada. Hasta ahora, sin embargo, la austeridad ha impedido una financiación pública suficiente. Cabe esperar que el acuerdo de París cambie esa situación.
Al igual que con la revolución de las tecnologías de la información, los avances en energía limpia requerirán la participación tanto del sector público como del privado. Como todavía no sabemos qué innovaciones serán las más importantes para descarbonizar la economía, la inversión debe distribuirse entre una amplia gama de opciones. Además, debe haber financiación paciente a largo plazo que ayude a las empresas a minimizar la incertidumbre y a salvar el denominado “valle de la muerte” entre la investigación básica y la comercialización.
El argumento de la BEC —según el cual el “nuevo modelo será una asociación público-privada entre gobiernos, instituciones de investigación e inversores”— pone de relieve, de forma acertada, esta relación. Por desgracia, sin embargo, más allá de Gates y sus colegas, hay pocos indicios de que pueda contarse con el sector privado para liderar el camino.
El sector energético se ha sobrefinanciarizado; gasta más en recompras de acciones que en investigación y desarrollo en innovación baja en carbono. Los gigantes energéticos ExxonMobil y General Electric son, respectivamente, el primero y el décimo mayores compradores corporativos de sus propias acciones. Mientras tanto, según la Agencia Internacional de la Energía, solo el 16 % de la inversión en el sector energético estadounidense se destinó a energías renovables o nucleares. Dejadas a su criterio, las petroleras parecen preferir extraer hidrocarburos de las profundidades más recónditas de la Tierra antes que canalizar sus beneficios hacia alternativas energéticas limpias.
Mientras tanto, los presupuestos de I+D públicos han ido disminuyendo en los últimos años, una tendencia impulsada en parte por la escasa valoración del papel del Estado en el fomento de la innovación y el crecimiento y, más recientemente, por la austeridad tras la crisis financiera de 2008. Los presupuestos ajustados están poniendo en apuros a las agencias que podrían impulsar innovaciones revolucionarias. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA) fue un catalizador de la revolución de las TI. En cambio, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Energía (ARPA-E) tiene un presupuesto de 280 millones de dólares para 2015, apenas una décima parte del de DARPA. En 1981, la energía representaba el 11 % del total del presupuesto público estadounidense de I+D. Hoy solo representa el 4 %. Mientras tanto, las políticas de demanda problemáticas también están en crisis, lo que dificulta el despliegue de las tecnologías de energía renovable existentes.
Los principales organismos del sector público que desempeñan un papel destacado en la promoción de la difusión de las tecnologías energéticas verdes son los bancos nacionales de desarrollo. De hecho, el KfW alemán, el Banco de Desarrollo de China, el Banco Europeo de Inversiones y el BNDES brasileño se encuentran entre los diez mayores inversores en energías renovables, con un 15 % del total de la financiación de activos.
El sector público puede —y debe— hacer mucho más. Por ejemplo, las subvenciones recibidas por las corporaciones energéticas podrían condicionarse a que se invierta en innovaciones bajas en carbono un porcentaje mayor de los beneficios. Al fin y al cabo, fue este tipo de condición —impuesta a la compañía telefónica estadounidense AT&T a principios del siglo XX a cambio de permitirle conservar su monopolio— la que llevó a la creación de Bell Labs, una incubadora crucial de innovación.
Del mismo modo, aunque las donaciones benéficas de los multimillonarios deben ciertamente ser bienvenidas, también debería exigirse a las empresas que paguen una cantidad razonable de impuestos. Al fin y al cabo, como señala el manifiesto de la BEC, “los niveles actuales de financiación gubernamental para la energía limpia son sencillamente insuficientes para afrontar los desafíos que tenemos ante nosotros”. Y, sin embargo, en el Reino Unido, por ejemplo, Facebook pagó solo 4.327 libras esterlinas en impuestos en 2014, mucho menos que muchos contribuyentes individuales.
La disposición de Gates y otros líderes empresariales a comprometerse, junto con su dinero, con la promoción de la energía limpia es admirable. El acuerdo de París también es una buena noticia. Pero no basta. Si se quiere lograr la revolución baja en carbono, será necesario que tanto el sector público como el privado se comprometan más a fondo con la innovación verde, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda.
La publicación no implica el respaldo de los puntos de vista por parte del Foro Económico Mundial.
Para estar al día de la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autora: Mariana Mazzucato es catedrática de Economía de la Innovación en la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex.
Imagen: Un aerogenerador visto cerca de la localidad de Piansano, a 90 km (60 millas) al norte de Roma. REUTERS/Max Rossi.
