La extracción de combustibles fósiles, a diferencia de sus emisiones, apenas ha figurado en las agendas de políticas internacionales pertinentes, ya que la cuestión está estrechamente entrelazada con decisiones sensibles sobre el suministro de energía que suelen dejarse en manos de los responsables políticos a nivel nacional. Sin embargo, puede argumentarse que las instituciones internacionales —incluidas, entre otras, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la OMC— tienen margen para actuar y abordar la extracción de combustibles fósiles.
En 2013, el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol , advirtió que alrededor de dos tercios de las reservas de petróleo, gas y carbón tendrán que permanecer bajo tierra si queremos alcanzar el objetivo acordado internacionalmente de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de dos grados Celsius respecto de los niveles preindustriales. Aunque avances tecnológicos imprevistos, como un aumento repentino y rápido de la captura y el almacenamiento de carbono, podrían cambiar este panorama, sigue siendo cierto que las políticas climáticas y energéticas, tanto mundiales como nacionales, se centran plenamente en reducir las emisiones de los combustibles fósiles, en lugar de evitar desde el principio su extracción.
Esto no es de extrañar. La mayor parte de la energía mundial sigue procediendo de los combustibles fósiles, y los recursos fósiles siguen siendo abundantes. Además, las grandes inversiones públicas y privadas continúan canalizándose hacia la producción y el consumo tradicionales de energía, en particular mediante cuantiosas subvenciones a los combustibles fósiles. Por ejemplo, la última edición de World Energy Outlook señala que en 2013 los gobiernos desembolsaron unos 550.000 millones de dólares estadounidenses en subvenciones al consumo de combustibles fósiles. En muchos países, los combustibles fósiles siguen considerándose esenciales para el desarrollo económico, también en relación con la pobreza energética. Los productores de combustibles fósiles también incluyen algunas de las mayores empresas del mundo y ejercen suficiente influencia política como para obstaculizar las políticas energéticas y climáticas que no les convienen. En resumen, los obstáculos a la transición para abandonar las fuentes de energía dominantes son considerables.
Existen diversas opciones de política a nivel nacional que podrían ayudar a limitar la extracción de combustibles fósiles y facilitar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Entre ellas figuran compensar a quienes no exploten sus reservas, como se propuso en la fallida iniciativa Yasuní-ITT de Ecuador, o la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles, que los líderes del G20 acordaron llevar a cabo en 2009. Sin embargo, será difícil aplicar estas opciones en la práctica y habrá que diseñarlas cuidadosamente, teniendo en cuenta la política interna. Aun así, la ausencia casi total de debates sobre opciones para abordar la extracción de combustibles fósiles en los foros multilaterales constituye una oportunidad perdida.
Negociaciones internacionales sobre el clima
Lo más llamativo es que las cuestiones relacionadas con la extracción de combustibles fósiles apenas han figurado en la agenda de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Esto se debe en parte a una arquitectura de políticas basada en la contabilidad territorial de las emisiones. Aunque hay buenas razones para mantener este tipo de contabilidad —entre ellas, la disponibilidad de datos—, eso no significa que no puedan aplicarse en paralelo formas alternativas, como la contabilidad basada en la extracción. Como mínimo, los países progresistas podrían contribuir al desarrollo de ese sistema contable adoptándolo de forma voluntaria.
Las Partes del régimen climático de la ONU también podrían tomar nuevas medidas relacionadas con la reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles. Entre las opciones figuran reiterar sencillamente el objetivo de eliminación gradual ya acordado en el G20 y aprovechar la flexibilidad de los sistemas de notificación de la CMNUCC para aumentar la transparencia en torno a estas subvenciones y a las políticas de reforma. La reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles también podría considerarse una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en los países en desarrollo, otro mecanismo de la CMNUCC orientado a abordar las causas del cambio climático; o podría incluirse en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC), que se prevé que sean los componentes nacionales del acuerdo climático mundial que los países esperan alcanzar para finales del próximo año. Aunque algunas de estas opciones están limitadas por el proceso de toma de decisiones por consenso de las negociaciones climáticas, un país o un pequeño grupo de países podría adoptar algunas de ellas con arreglo a las normas actuales.
En las conversaciones climáticas de la ONU podrían estudiarse compensaciones por dejar sin explotar los combustibles fósiles. Tras la presentación de la iniciativa Yasuní-ITT, Ecuador planteó esta cuestión en las negociaciones climáticas, pero la idea no ha recibido el análisis en profundidad que merece. Estas compensaciones plantean numerosas cuestiones políticas y técnicas difíciles, como calcular los beneficios ambientales, garantizar que los combustibles fósiles permanezcan bajo tierra de forma permanente y atraer la financiación necesaria para este tipo de iniciativas. Sin embargo, han surgido cuestiones similares en el contexto de REDD+ —la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal— y, con el tiempo, los países han logrado avances significativos para abordarlas.
Negociaciones comerciales internacionales
Al igual que las negociaciones climáticas, las conversaciones comerciales internacionales han evitado en gran medida las cuestiones relacionadas con la energía, aunque esta claramente está comprendida en el ámbito de los Acuerdos de la OMC. En particular, las subvenciones a los combustibles fósiles están contempladas en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. Y, aunque las controversias internacionales relacionadas con las energías renovables han llegado al árbitro mundial del comercio, las subvenciones a los combustibles fósiles siguen sin ser impugnadas.
Sin embargo, quizá sea más importante que, en general, las tasas de notificación de subvenciones han sido bajas. Podrían introducirse cambios en este ámbito sin modificar el marco jurídico de la OMC; por ejemplo, creando un nuevo órgano subsidiario en el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias para examinar si las notificaciones se ajustan al apoyo realmente prestado por los gobiernos, adoptando una nueva plantilla de notificación que aporte más detalles sobre las subvenciones y permitiendo que las organizaciones no gubernamentales informen sobre su nivel.
Ninguno de estos debates será fácil, y probablemente seguirá siendo difícil alcanzar acuerdos entre países con intereses muy diversos. No obstante, incluso un aumento gradual de la atención prestada al lado de la oferta reconocería que abordar la extracción de combustibles fósiles es una parte indiscutible de la lucha contra el cambio climático y permitiría la cooperación internacional entre países para abordar el desarrollo de combustibles fósiles de acuerdo con los objetivos climáticos y de desarrollo vigentes.
Este artículo se publica en colaboración con The e15 Initiative. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Harro van Asselt es investigador del Stockholm Environment Institute.
Imagen: Vista aérea de la plataforma petrolífera de Oseberg, en el mar de Noruega, antes de la visita del presidente austríaco Heinz Fischer y del rey noruego Harald. REUTERS/Helge Hansen/Scanpix


