Los proyectos de energías renovables que requieren mucho suelo pueden afectar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales.
Los gobiernos, las empresas y las IFD que no gestionan activamente los costes en derechos humanos de un proyecto sostenible se enfrentan a riesgos jurídicos, financieros y reputacionales.
Los responsables políticos deberían involucrar a los grupos indígenas y locales en la toma de decisiones.
La crisis climática, que se acelera rápidamente, exige una transformación urgente y profunda de los sistemas energéticos mundiales. Iniciativas emergentes como la de los Estados Unidos, la Inflation Reduction Act y el Pacto Verde Europeo ya se están adoptando para acelerar el tan necesario despliegue de proyectos de energías renovables. Sin embargo, es fundamental que esta transición no solo sea rápida, sino también justa.
Los proyectos de energías renovables suelen requerir mucho suelo, pero pueden llevarse a cabo de forma responsable. Cuando no es así, la falta de una gestión eficaz de los riesgos ambientales y sociales puede causar daños generalizados a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, y suponer riesgos jurídicos, financieros y reputacionales significativos para las empresas, los financiadores y los gobiernos por igual. Afortunadamente, un amplio abanico de actores clave tiene un poder real para impulsar un desarrollo responsable de las energías renovables, garantizar resultados justos y respetuosos con los derechos, y mitigar los riesgos derivados de comportamientos irresponsables.
La huella de las energías renovables
El despliegue de proyectos de energías renovables a gran escala, con diferencias significativas entre tecnologías, puede requerir mucho suelo y competir con otros usos locales de la tierra. Entre quienes podrían verse más gravemente afectados se encuentran los pueblos indígenas, los titulares de tierras consuetudinarias, los pastores, los guardianes de los bosques y los agricultores locales, que gestionan colectivamente una parte significativa de los bosques y las tierras agrícolas del mundo.
Aunque estos pueblos y comunidades desempeñan un papel central en los esfuerzos de mitigación del clima basados en el uso de la tierra, también se cuentan entre los grupos más vulnerables a los efectos del cambio climático. Sin embargo, los gobiernos a menudo no logran consultarlos de manera significativa en la toma de decisiones públicas ni en la planificación y aplicación de las políticas climáticas nacionales. La formulación de políticas de energías renovables y de desarrollo ecológico suele agravar tensiones preexistentes y de larga data entre los Estados y los grupos vulnerables. Estas tensiones suelen tener su origen en un contexto de colonialismo y en la expropiación de tierras ancestrales para el desarrollo.
Excluir a estas comunidades y pueblos de la toma de decisiones sobre el desarrollo a gran escala puede dar lugar al acaparamiento de tierras y a desplazamientos forzosos perjudiciales. Tales resultados pueden causar daños generalizados a los pueblos indígenas y a las comunidades locales por la pérdida de tierras, medios de vida e integridad cultural. Un estudio reciente registró más de 200 denuncias de efectos adversos sobre los derechos humanos vinculados a proyectos de energías renovables entre 2010 y 2020, lo que apunta a un fracaso generalizado de los actores clave en el cumplimiento de sus responsabilidades reconocidas internacionalmente de proteger los derechos humanos. A largo plazo, estos efectos y los conflictos resultantes pueden erosionar el apoyo popular fundamental a las tecnologías de energías renovables.
El coste de las violaciones de los derechos humanos
La justificación de un desarrollo responsable de las energías renovables no es solo altruista. Las empresas, las instituciones financieras de desarrollo y los gobiernos afrontan riesgos reales cuando no priorizan los intereses de las comunidades y los derechos humanos. Las empresas que no abordan adecuadamente los efectos sobre los derechos humanos pueden enfrentarse a riesgos jurídicos, daños reputacionales y pérdidas financieras. Para los gobiernos anfitriones, los retrasos vinculados a la oposición de las comunidades podrían significar un retraso o la pérdida de los beneficios de las inversiones. A ello se suman los riesgos reputacionales que afrontan estos gobiernos anfitriones, ya que las violaciones de los derechos humanos pueden dañar la credibilidad de sus objetivos de seguridad energética, de cero emisiones netas y de desarrollo sostenible más amplio.
En el caso de las instituciones financieras de desarrollo (IFD), los efectos adversos sobre los derechos humanos pueden poner en peligro sus mandatos de sostenibilidad y comprometer su legitimidad como agentes del desarrollo sostenible. Los conflictos y los retrasos también pueden provocar pérdidas financieras significativas para las IFD en forma de impagos de préstamos y fracasos de proyectos. Un estudio de 2021 puso de manifiesto que los proyectos financiados por IFD corren el riesgo de perder entre 25 y 40 millones de dólares debido a retrasos si no mitigan de forma proactiva los riesgos sociales.
Estos riesgos también afectan a los Estados en los que tienen su sede las empresas que invierten en energías renovables, cuyas incipientes iniciativas políticas de promoción del despliegue de energía limpia en terceros países pueden verse amenazadas por la oposición y las críticas de las comunidades que experimentan sus propias empresas. Además de la oposición de las comunidades, los retrasos o cancelaciones de proyectos y la consiguiente reducción de los rendimientos financieros a los que pueden enfrentarse las empresas, incluidas las empresas de servicios públicos de propiedad estatal, que operan en el extranjero si provocan o no abordan los efectos adversos sobre los derechos humanos de una inversión.
Enfoques de políticas basados en los derechos humanos
Afortunadamente, existen formas prácticas y pragmáticas de evitar estos escollos y garantizar resultados de desarrollo positivos y responsables. Aunque las empresas deben avanzar en estos objetivos mediante programas de derechos humanos bien diseñados, se habla menos de las instituciones financieras de desarrollo (IFD), las organizaciones intergubernamentales y los gobiernos, que desempeñan funciones importantes en la configuración de una conducta empresarial responsable. En un documento informativo para responsables políticos publicado recientemente, el Centro Columbia para la Inversión Sostenible (CCSI) ofrece orientación sobre las prioridades políticas clave que deben perseguir los distintos agentes de la formulación de políticas y la toma de decisiones para avanzar hacia una transición energética respetuosa con los derechos.
Los gobiernos, las IFD y las organizaciones intergubernamentales deberían reconocer y respetar los derechos humanos y los derechos de tenencia, facilitar una participación significativa de los pueblos y comunidades afectados, impulsar el desarrollo a nivel local mediante modelos de coparticipación en el capital y de reparto de beneficios, establecer sistemas para reparar los daños, y proteger la seguridad de los defensores del medio ambiente, de la tierra y de los derechos humanos.
Estos actores políticos pueden movilizar una amplia gama de estrategias para avanzar en estos objetivos. Para los gobiernos de los Estados anfitriones, instrumentos como los procesos de evaluación de inversiones, las negociaciones contractuales entre inversores y Estados, las políticas climáticas nacionales y la movilización de fondos para fortalecer la capacidad de acción de las comunidades son vías importantes a través de las cuales se pueden proteger los derechos humanos.
El empoderamiento de las comunidades locales y de los pueblos indígenas para avanzar en sus objetivos de desarrollo autodeterminados es una parte importante de la construcción de la capacidad de acción comunitaria. Además de aportar recursos financieros y técnicos independientes para apoyar este desarrollo, los gobiernos de origen también pueden impulsar modelos de coparticipación en el capital justos e inclusivos, y dar prioridad al despliegue de proyectos de pequeña escala dirigidos por las comunidades mediante el apoyo a iniciativas como la Right Energy Partnership y la First Nations Clean Energy Network en Australia.
Los Estados pueden influir en la conducta de las empresas domiciliadas en sus jurisdicciones mediante diversas estrategias, entre ellas las leyes obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, los requisitos de divulgación de sostenibilidad y la renegociación de los tratados internacionales de inversión. Países como Alemania ya han empezado a adoptar una regulación integral que exige a las empresas que operan en el extranjero que garanticen el respeto de los derechos humanos en toda su cadena de valor, y que permite a las víctimas extranjeras de violaciones de derechos humanos reclamar reparación contra empresas ante los tribunales alemanes. Si se aplican bien, estos marcos pueden ser decisivos para promover un despliegue de energías renovables respetuoso con los derechos.
Las IFD, por su parte, pueden aprovechar sus políticas de salvaguardia ambiental y social, sus mecanismos internos de rendición de cuentas y otros elementos de sus prácticas crediticias para influir positivamente en la conducta de sus clientes gubernamentales y del sector privado. Por ejemplo, la política de sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Interamericana de Inversiones ha sido elogiada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un buen modelo, y por grupos de la sociedad civil por institucionalizar la protección de los defensores de los derechos humanos.
Las organizaciones internacionales, incluidas las del sistema de las Naciones Unidas, pueden influir positivamente en el discurso global e impulsar la mejora de las normas políticas y de las prácticas empresariales. Esto puede hacerse por diversos medios, entre ellos la representación significativa de los pueblos indígenas en la formulación de políticas globales, la reforma y aplicación de los fondos para pérdidas y daños, el fortalecimiento de la capacidad de los Estados para diseñar políticas basadas en los derechos, y la facilitación de la aplicación de las convenciones internacionales y regionales sobre derechos humanos.
Aunque el sector de las energías renovables sigue siendo vulnerable a los efectos adversos sobre los derechos humanos, estas inversiones intensivas en uso de suelo pueden realizarse de forma responsable, y en ello reside la importancia de una buena política. Con enfoques de políticas respetuosos con los derechos, los gobiernos, las IFD y las organizaciones internacionales pueden impulsar una transición energética mundial que no solo sea rápida, sino también justa.
