El 1 de julio, los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente. Aunque se ha puesto de moda mantener los asuntos mexicanos al margen de la política estadounidense, en realidad las elecciones mexicanas podrían transformar la comunidad norteamericana. En el epicentro de ese futuro hay un esfuerzo discreto y constante por reformar los mercados energéticos de México y desmantelar los monopolios de las empresas energéticas estatales del país. Estas reformas ya han propiciado contratos que podrían generar inversiones por valor de 200.000 millones de dólares en los próximos años.
Hasta ahora, nadie sabía realmente qué opinaban los votantes mexicanos sobre todos estos cambios, pero las respuestas importan porque los candidatos a la presidencia han expuesto visiones radicalmente distintas del futuro. En abril, realizamos —junto con la Brookings Institution, la Universidad de California en San Diego, la consultora global IHS Markit y un importante periódico mexicano, El Financiero — la primera encuesta sistemática sobre las actitudes de los votantes mexicanos. Lo que descubrimos resulta inquietante e importante mientras los norteamericanos siguen de cerca las próximas elecciones.
A primera vista, el panorama es positivo. Lo más sorprendente es que una modesta mayoría de la población apoya la continuidad de las reformas energéticas (48 %, frente a un 37 % que se opone), aunque considera que no están dando buenos resultados (61 % frente a 27 %) o que no eran necesarias (47 % frente a 41 %). Los mexicanos creen que volver al pasado no es una solución. Durante décadas, los mexicanos consideraron a Pemex, cuya nacionalización en 1938 sigue siendo motivo de una fiesta nacional, la joya de la corona del país. Esa época ya pasó. En nuestra encuesta, los mexicanos opinaron que Pemex no ha actuado en beneficio del país (61 % frente a 30 %). México está en una encrucijada: ninguno de los modelos antiguos funciona, pero todavía no se ha consolidado ninguno de los nuevos.
Un análisis más profundo de la encuesta revela datos inquietantes. Los mexicanos, al igual que los estadounidenses, saben muy poco sobre los problemas y las oportunidades del sector energético. El 63 % creía que la producción petrolera de México había aumentado o se había mantenido igual en los 10 años anteriores a los cambios constitucionales de 2013. En realidad, la producción de petróleo de México alcanzó su máximo en 2004, con 3,5 millones de barriles diarios, y para 2013 la persistente falta de inversión la había reducido a 2,4 millones de barriles diarios. No sorprende que los mexicanos estén confundidos sobre las soluciones: la mayoría no se da cuenta de que la producción se había desplomado.
Casi todo lo importante en el sector energético tarda mucho en dar frutos, porque los ciclos de inversión son largos y se prolongan aún más cuando los inversores no saben si se mantendrán las nuevas políticas. La inversión tarda entre 3 y 5 años en traducirse en producción y, en el mejor de los casos, antes hacen falta dos años para aprobar las leyes y los reglamentos necesarios para organizar una ronda de licitación. Por eso, cuando México modificó su Constitución en 2013 para abrir la producción petrolera a inversores externos, iban a pasar al menos entre 5 y 7 años antes de que la producción pudiera aumentar. Según ese plazo, las reformas avanzan exactamente según lo previsto: hoy se han adjudicado más de 100 campos para inversión, se han realizado importantes descubrimientos comerciales iniciales y se prevé que la producción aumente alrededor de 2020. Ningún país del mundo ha logrado transformar su sector energético de forma tan completa y rápida como México.
Para la población, las reformas todavía pueden parecer promesas incumplidas. Al norte de la frontera, estos resultados importan mucho porque quizá sean las empresas estadounidenses —con sus empleos e inversores estadounidenses— las mejor posicionadas para beneficiarse de la continua apertura de México.
Aunque México ha evolucionado hasta convertirse en una economía global competitiva y ha acumulado un número impresionante de acuerdos de libre comercio que abren el país al comercio y la inversión internacionales, la población teme que la inversión privada en petróleo no beneficie al pueblo mexicano (51 % frente a 34 %). Los mexicanos también desconfían de depender de los extranjeros. Casi dos tercios de los encuestados creían que para México supone un riesgo importante importar de Estados Unidos más del 50 % de la gasolina y el gas natural. Son malas noticias para los estadounidenses, que se han convertido en el principal exportador de gas natural y de productos petrolíferos refinados, como la gasolina.
Justo cuando los mexicanos empiezan a impacientarse por ver beneficios tangibles de las reformas, muchos otros productores de petróleo compiten intensamente por atraer inversión privada, desde Arabia Saudita hasta Rusia y Brasil. Tradicionalmente, los grandes productores de petróleo podían permitirse ser ineficientes porque el dinero seguía entrando a raudales. Esa época ya pasó, y toda la industria petrolera mundial está inmersa en una carrera armamentista para reformarse y mejorar.
Durante los últimos dos años, Estados Unidos ha amenazado abiertamente con cortar los vínculos con México. Ahora le toca a México, y las grandes perdedoras podrían ser las empresas estadounidenses que quieren hacer negocios al sur de la frontera. Resolver este problema no será fácil, pero empieza por hablar abiertamente —con la población, no solo con las élites— sobre cómo funcionan realmente las reformas. Y sobre por qué la apertura y la competencia son buenas noticias para todos.
