A nivel mundial, las subvenciones a los combustibles fósiles siguen ascendiendo a cientos de miles de millones de dólares
Para tener alguna esperanza de cumplir los objetivos de emisiones, hay que permitir que los precios de los combustibles se acerquen a su nivel de mercado.
Este nuevo estudio sugiere que eliminar las subvenciones puede tener un gran impacto en las emisiones industriales de CO2.
No faltan pruebas de por qué los gobiernos deberían abandonar las subvenciones a los combustibles fósiles. Los precios artificialmente bajos estimulan el aumento de la demanda de los consumidores y, por tanto, se producen más combustibles perjudiciales para el medio ambiente, lo que contribuye a la contaminación atmosférica y a las emisiones de CO2. Las subvenciones también disuaden a la industria de aplicar medidas de eficiencia energética y pueden retrasar la inversión en maquinaria más eficiente, lo que podría perjudicar la competitividad industrial a largo plazo. Desde el punto de vista del bienestar económico, distribuyen de forma inadecuada fondos públicos que podrían destinarse mejor a usos sociales u otros usos económicos.
Sin embargo, a nivel mundial, el apoyo público a las industrias basadas en el carbono sigue ascendiendo a cientos de miles de millones de dólares. Si se incluyen las externalidades, como la contaminación y el cambio climático, el coste real asciende a más de 5 billones de dólares. La drástica caída de los precios del petróleo en 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, brindó a los gobiernos con problemas de liquidez la oportunidad perfecta para actuar. Pero, hasta ahora, los avances siguen siendo demasiado lentos, y algunos países que emprendieron reformas durante el último año ya parecen dar marcha atrás. Esto se debe a que, a pesar de los enormes costes ambientales y económicos de mantener las subvenciones a los combustibles fósiles, eliminarlas sigue siendo políticamente complicado.
En muchas economías ricas en petróleo, estas subvenciones se traducen en una transferencia de efectivo tanto a los consumidores como a las empresas. Para los consumidores, especialmente los de hogares de bajos ingresos, la garantía de precios bajos en la bomba suele considerarse una prestación pública necesaria y bienvenida, en un contexto en el que faltan servicios esenciales como la sanidad y la educación.
En el caso de la industria, a la que con frecuencia se le concede una subvención aún más generosa en combustible, persiste la creencia de que los altos costes energéticos perjudicarán la competitividad. Las empresas que buscan maximizar sus beneficios temen que cualquier subida afecte a sus resultados finales; los insumos energéticos más caros implican un peor rendimiento y una menor competitividad, o eso sostiene el argumento. En los países en industrialización, donde el acceso a energía a precios competitivos se considera clave para el crecimiento industrial y vital para los sectores que aspiran a acceder a mercados mundiales exigentes, esta idea resulta especialmente difícil de rebatir. Esta opinión está más arraigada en el sector manufacturero, donde la energía suele representar una parte considerable de los costes de producción totales. El daño provocado por la crisis actual no ha hecho nada por disipar estas preocupaciones.
La cuestión se centra en un debate que lleva mucho tiempo preocupando a los economistas: ¿existe una relación de compensación entre la regulación ambiental y el rendimiento económico? ¿Permitir que los precios de la energía reflejen su verdadero coste perjudicará la competitividad de las empresas?
Ya en la década de 1990, la hipótesis de Porter cuestionó la idea generalmente aceptada de que existe una clara relación de compensación, al sostener que la regulación ambiental que da lugar a precios más altos de los combustibles no dañaría necesariamente la capacidad de las empresas para competir. En cambio, las industrias podrían compensar los mayores costes mediante la innovación y la modernización, lo que podría mejorar su competitividad a largo plazo.
Hasta la fecha, un problema ha sido la falta de estudios nacionales que aporten pruebas empíricas sólidas a nivel de empresa sobre cómo las industrias afrontan los mayores costes energéticos y si son capaces de absorberlos con éxito sin perder competitividad.
Un nuevo estudio dirigido por la ONUDI realizado con datos de Omán, un país situado en la costa sudoriental de la península arábiga, ayuda a cubrir esta laguna. Ofrece información clara sobre más de 3.600 empresas manufactureras acerca del tipo de medidas adoptadas para hacer frente al aumento de los precios de los combustibles derivado de una reforma de las subvenciones. Demuestra empíricamente que los precios más altos de los combustibles, lejos de perjudicar la competitividad de las empresas, en realidad mejoran su productividad y eficiencia.
En 2015, el Gobierno de Omán reformó su antiguo sistema de subvenciones a los combustibles tras una fuerte caída de los ingresos netos por petróleo. Como resultado, el valor de las subvenciones pasó de 1.100 millones de dólares en 2014 a 54 millones de dólares en 2017, lo que ayudó a reforzar las menguantes arcas públicas. Las reformas fueron acompañadas de programas gubernamentales destinados a ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a mejorar su eficiencia y sostenibilidad, incluido el apoyo a la transformación digital.
El documento de la ONUDI, Switching it up: The effect of energy price reforms in Oman, es el primero en analizar el impacto de los precios de los combustibles en el sector manufacturero, siguiendo la evolución de las empresas entre 2012 y 2017 a través de la Encuesta Industrial Anual de Omán. Los resultados indican que el aumento de los precios de los combustibles mejoró la productividad y la eficiencia a medida que las empresas se pasaban a la tecnología digital y a los equipos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Por ejemplo, según los datos, una subida del 10 % en los precios de los combustibles provocó un aumento de la productividad laboral de entre el 4,1 % y el 4,6 %.
A nivel mundial, casi el 45 % de la energía que consume la industria procede de combustibles fósiles destinados a procesos industriales, como la generación de calor para el secado, la fusión y el craqueo. Solo alrededor del 20 % corresponde a electricidad. En Omán, la investigación constató que las empresas respondieron al encarecimiento de los precios cambiando de combustibles fósiles a electricidad. Los resultados mostraron que una subida del 10 % en los precios de los combustibles provocó un aumento del 4,7 % en la cantidad de electricidad utilizada y una caída del 3,6 % en la cantidad de combustibles fósiles empleados. Estos cambios se debieron a que las empresas: 1) utilizaron los combustibles de forma más eficiente; 2) invirtieron en ordenadores y dispositivos electrónicos para mejorar la gestión energética y optimizar el uso de los insumos; y 3) sustituyeron sus generadores de electricidad alimentados por combustible por una conexión a una red eléctrica moderna.
Estos resultados coinciden con otro estudio reciente realizado por la ONUDI y el Banco Mundial sobre Indonesia y México, que concluyó que un aumento de los precios de los combustibles generó una caída del consumo de combustibles y un incremento del uso de electricidad. Esta pauta fue consecuencia de que las empresas sustituyeron equipos de capital obsoletos alimentados por combustible por equipos de capital más productivos alimentados por electricidad.
La figura 1, a continuación, muestra que entre 1990 y 2018 Omán registró un fuerte aumento del consumo de combustibles (gas natural y productos petrolíferos), con un crecimiento débil del consumo de electricidad, lo que sugiere que un aumento de los precios de los combustibles podría desencadenar un potencial sin explotar de mayor penetración de la electricidad.
Los resultados apuntan a una posible vía para otras economías petroleras de Oriente Medio y más allá, al sugerir que los responsables políticos no deberían retraerse ante la adopción de medidas audaces por temor a consecuencias económicas negativas, especialmente en un momento en que muchos luchan por encontrar recursos para combatir la pandemia.
Al contrario, el estudio otorga más fuerza a la hipótesis de Porter, reforzando el argumento de que eliminar las subvenciones a los combustibles fomentaría la modernización de las plantas y ayudaría a eliminar los obstáculos de precio a la adopción de tecnologías ecológicas y de medidas de eficiencia necesarias para reducir de forma permanente las emisiones de CO2.
Cada vez parece más probable que la caída mundial de las emisiones en 2020 sea un fenómeno pasajero. En un informe de datos publicado en marzo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló un repunte de las emisiones relacionadas con la energía tras una histórica caída del 6 % en 2020. Un retorno a la actividad habitual supondría una grave amenaza para los objetivos mundiales de alcanzar emisiones netas nulas a mediados de siglo.
Para tener alguna esperanza de cumplir los objetivos de emisiones, hay que permitir que los precios de los combustibles se acerquen a su nivel de mercado, a fin de crear el entorno empresarial necesario para una adopción más rápida de la energía ecológica. En su última comunicación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Gobierno de Omán reconoció que existe un potencial sin explotar en la electricidad renovable.
Las pruebas empíricas de Omán nos muestran la dirección que deberían seguir otros países. Abandonar definitivamente el hábito de las subvenciones es la forma en que podemos crear, por fin, las industrias competitivas y sostenibles necesarias para combatir los efectos económicos negativos de la pandemia y propiciar una recuperación a largo plazo.
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