Soy macroeconomista, pero disiento de los dos grandes bandos de la profesión en Estados Unidos: los neokeynesianos, que se centran en impulsar la demanda agregada, y los partidarios de la oferta, que se centran en reducir impuestos. Ambas escuelas han intentado, sin éxito, superar el débil desempeño que han mostrado de forma persistente las economías de altos ingresos en los últimos años. Es hora de una nueva estrategia, basada en un crecimiento sostenible e impulsado por la inversión.
El desafío central de la macroeconomía es asignar los recursos de la sociedad a su mejor uso. Los trabajadores que deciden trabajar deberían encontrar empleo; las fábricas deberían desplegar su capital de manera eficiente; y la parte de la renta que se ahorra en lugar de consumirse debería invertirse para mejorar el bienestar futuro.
Es en este tercer desafío donde tanto los neokeynesianos como los partidarios de la oferta han incumplido su cometido. La mayoría de los países de altos ingresos (Estados Unidos, la mayor parte de Europa y Japón) no invierten lo suficiente ni de forma acertada en los usos futuros óptimos. Hay dos formas de invertir (en el ámbito nacional o en el internacional), y el mundo se queda corto en ambas.
La inversión nacional adopta diversas formas, como la inversión empresarial en maquinaria y edificios; la inversión de los hogares en vivienda; y la inversión pública en personas (educación, competencias), conocimiento (investigación y desarrollo) e infraestructuras (transporte, energía, agua y resiliencia climática).
El enfoque neokeynesiano consiste en tratar de impulsar la inversión nacional de cualquier tipo. De hecho, según esta visión, el gasto es gasto. Así, los neokeynesianos han intentado estimular la inversión en vivienda mediante tipos de interés mínimos, más compras de automóviles mediante préstamos al consumo titulizados y más proyectos de infraestructura «listos para ejecutar» mediante programas de estímulo a corto plazo. Cuando el gasto en inversión no se mueve, recomiendan convertir el ahorro «excedente» en otro atracón de consumo.
Los partidarios de la oferta, en cambio, quieren impulsar la inversión privada (¡desde luego, no la pública!) mediante más recortes fiscales y una mayor desregulación. Lo han intentado en varias ocasiones en Estados Unidos, la más reciente durante la administración de George W. Bush. Por desgracia, el resultado de esa desregulación fue una burbuja inmobiliaria de corta duración, y no un auge sostenido de la inversión privada productiva.
Aunque la política oscila entre el entusiasmo por la oferta y el neokeynesiano, la única realidad persistente es un descenso significativo de la inversión como proporción de la renta nacional en la mayoría de los países de altos ingresos en los últimos años. Según datos del FMI, el gasto bruto en inversión en estos países ha descendido del 24,9 % del PIB en 1990 a tan solo el 20 % en 2013.
En Estados Unidos, el gasto en inversión pasó del 23,6 % del PIB en 1990 al 19,3 % en 2013, y cayó aún más acusadamente en términos netos (inversión bruta excluida la depreciación del capital). En la Unión Europea, el descenso fue del 24 % del PIB en 1990 al 18,1 % en 2013.
Ni los neokeynesianos ni los partidarios de la oferta se centran en los verdaderos remedios para esta caída persistente del gasto en inversión. Nuestras sociedades necesitan urgentemente más inversión, en particular para convertir la producción muy contaminante, intensiva en energía y con alta huella de carbono en economías sostenibles basadas en el uso eficiente de los recursos naturales y en el paso a fuentes de energía bajas en carbono. Estas inversiones requieren medidas complementarias por parte de los sectores público y privado.
Las inversiones necesarias incluyen el despliegue a gran escala de la energía solar y eólica; una adopción más amplia del transporte eléctrico, tanto público (autobuses y trenes) como privado (automóviles); edificios de eficiencia energética; y redes eléctricas que transporten la energía renovable a grandes distancias (por ejemplo, desde el mar del Norte y el norte de África hasta la Europa continental, y desde el desierto de Mojave en California hasta los centros de población de EE. UU.).
Pero justo cuando nuestras sociedades deberían estar realizando tales inversiones, los sectores públicos de Estados Unidos y Europa están en una auténtica «huelga de inversión». Los gobiernos están recortando la inversión pública en nombre del equilibrio presupuestario, y los inversores privados no pueden invertir con solidez y seguridad en energías alternativas cuando las redes eléctricas reguladas públicamente, las normas de responsabilidad, las fórmulas de precios y las políticas energéticas nacionales son inciertas y están muy disputadas.
En Estados Unidos, el gasto en inversión pública se ha recortado drásticamente. Ni el gobierno federal ni los estados tienen mandatos políticos, estrategias de financiación ni planes a largo plazo para catalizar la inversión en la próxima generación de tecnologías inteligentes y limpias.
Tanto los neokeynesianos como los partidarios de la oferta han malinterpretado la parálisis inversora. Los neokeynesianos ven las inversiones, públicas y privadas, como simplemente otro tipo de demanda agregada. Descuidan las decisiones de política pública relativas a los sistemas energéticos y la infraestructura (así como la I+D focalizada para promover nuevas tecnologías) que son necesarias para liberar un gasto en inversión pública y privada inteligente y ambientalmente sostenible. Así, promueven artificios (tipos de interés cero y paquetes de estímulo), en lugar de exigir las políticas nacionales detalladas que requerirá una recuperación sólida de la inversión.
Los partidarios de la oferta, por su parte, parecen totalmente ajenos a la dependencia de la inversión privada respecto de la inversión pública complementaria y de un marco político y regulatorio claro. Abogan por recortar el gasto público, creyendo ingenuamente que el sector privado de algún modo llenará mágicamente el vacío. Pero, al recortar la inversión pública, están obstaculizando la inversión privada.
Los productores privados de electricidad, por ejemplo, no invertirán en la generación de energía renovable a gran escala si el gobierno no dispone de políticas y planes energéticos y climáticos a largo plazo para impulsar la construcción de líneas de transmisión de larga distancia que lleven las nuevas fuentes de energía bajas en carbono a los centros de población. Estos farragosos detalles de política nunca han preocupado demasiado a los economistas de libre mercado.
También existe la opción de utilizar el ahorro nacional para impulsar las inversiones en el extranjero. Estados Unidos podría, por ejemplo, prestar dinero a economías africanas de bajos ingresos para que compren nuevas centrales eléctricas a empresas estadounidenses. Una política de este tipo daría un uso importante al ahorro privado estadounidense en la lucha contra la pobreza mundial, al tiempo que fortalecería la base industrial de Estados Unidos.
Sin embargo, tampoco aquí los neokeynesianos ni los partidarios de la oferta se han esforzado mucho por mejorar las instituciones de financiación del desarrollo. En lugar de aconsejar a Japón y China que aumenten sus tasas de consumo, los macroeconomistas harían mejor en animar a estas economías a utilizar su elevado ahorro para financiar no solo inversiones nacionales, sino también inversiones en el extranjero.
Estas consideraciones son razonablemente claras para cualquiera que se preocupe por la necesidad urgente de armonizar el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El desafío más apremiante de nuestra generación es convertir los sistemas energéticos y las infraestructuras sucios y basados en el carbono del mundo en sistemas limpios, inteligentes y eficientes para el siglo XXI. Invertir en una economía sostenible mejoraría drásticamente nuestro bienestar y utilizaría nuestros ahorros «excedentes» para los fines adecuados.
Sin embargo, esto no ocurrirá de forma automática. Necesitamos estrategias de inversión pública a largo plazo, planificación ambiental, hojas de ruta tecnológicas, alianzas público-privadas para nuevas tecnologías sostenibles y una mayor cooperación global. Estas herramientas crearán la nueva macroeconomía de la que dependen ahora nuestra salud y prosperidad.
Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: Jeffrey D. Sachs, catedrático de Desarrollo Sostenible, catedrático de Política y Gestión Sanitarias, y director del Earth Institute de la Universidad de Columbia, es también asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Imagen: Vista general de la nueva planta solar PS20, inaugurada el mes pasado en el parque solar «Solucar» de Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla, el 7 de octubre de 2009. REUTERS/Marcelo del Pozo
