Las comunidades energéticas pueden abrir un nuevo camino hacia un futuro más resiliente.
Los precios de los paneles fotovoltaicos cayeron a menos de 0,40 $ por vatio en 2017, desde un promedio de 0,60 $ por vatio en 2015;
Cada vez se utilizan más microinversores para cambiar la forma en que se instala y mantiene el sector fotovoltaico residencial. Sus precios cayeron un 50 %, pasando de 0,03 $/vatio en 2015 a 0,15 $/vatio en 2017;
Con la llegada de la gigafábrica y la equiparación de la capacidad y los costes de producción de otros fabricantes, el precio de las baterías de litio bajó de 550 $/kWh en 2015 a alrededor de 230 $/kWh en 2017.
Han pasado más de dos años desde la COP21 conferencia sobre el cambio climático celebrada en París.
Dos años de opiniones, inversiones, iniciativas y muchos altibajos. Dos años de acciones de todo tipo de partes interesadas, desde grandes empresas hasta agricultores locales. En este tiempo han destacado cuatro elementos: tecnologías que permiten la transformación hacia una sociedad sostenible, marcos normativos que promueven esas soluciones, capacidad financiera para ayudar a implementarlas y enfoques sociales imprescindibles en un mundo cada vez más descentralizado.
¿Por qué necesitamos comunidades energéticas?
En dos años, la evolución tecnológica ha dado pasos enormes, desde las soluciones de almacenamiento hasta nuevas herramientas informáticas, como la cadena de bloques. El avance más impresionante ha sido el acceso a ciertas tecnologías, que ha permitido extender estándares y acceder a una nueva categoría de productos probados. El sector experimentó una caída de precios difícil de imaginar. Por ejemplo, debido a las enormes inversiones en la industria fotovoltaica:
Además, en dos años el impulso político se ha inclinado de forma irreversible hacia la adopción de energías renovables. Los problemas climáticos ya son ampliamente reconocidos y los gobiernos están tomando la iniciativa para combatirlos: China es, con diferencia, el actor más comprometido.
Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado ahora el mismo nivel de compromiso, el mandato del presidente Barack Obama dejó un importante legado, al demostrar que los intereses del capital y del planeta pueden estar alineados, y que reducir las emisiones puede disminuir los costes para la ciudadanía y generar rentabilidad para los accionistas. Cuando Google, Facebook y Apple decidieron comprometerse con el objetivo de utilizar energía 100 % renovable, entendieron muy bien el potencial de unos mayores ingresos y una mayor seguridad para suministrar sus productos.
En dos años, la UE también ha decidido poner en marcha iniciativas importantes, sobre todo desde la presentación del «paquete de invierno», un conjunto de propuestas y normas para un mercado energético centrado en el consumidor. Es un anticipo de una nueva organización energética: menos incentivos financieros directos para estimular el mercado, como las tarifas reguladas, y más transparencia y libertad para que los consumidores elijan. El objetivo es darles poder, pero también proteger a las personas más vulnerables. En Francia, ahora se tiene derecho a autoconsumir la energía fotovoltaica que se produce y a vender el excedente de energía a la red. Pero, lo que es aún más interesante, también se pueden autoconsumir colectivamente energías renovables. Esto significa que, bajo una misma entidad jurídica, consumidores y productores pueden intercambiar energía, asignar el suministro eléctrico y gestionar sus facturas energéticas.
En pocas palabras, en dos años hemos allanado el camino para una profunda transformación del sector energético. Nunca había sido tan fácil acceder a la tecnología adecuada. Pero la tecnología no lo es todo: hay que poner a prueba nuevas formas de legislación y persisten problemas graves.
Una verdad incómoda: ¿son las comunidades energéticas una respuesta?
Si los pilares tecnológicos y políticos del sector energético han avanzado muy rápido en los últimos años, es necesario consolidar los aspectos financieros y económicos. No sabemos cómo invertir ni cómo predecir con precisión los riesgos y el potencial de las energías renovables. Un artículo publicado en la revista Naturereveló recientemente que siempre se ha subestimado el potencial de la energía solar, lo que ha impuesto limitaciones estructurales a su adopción. En otras palabras, la implementación de sistemas fotovoltaicos ha superado sistemáticamente entre un 16 % y un 30 % las previsiones de los modelos teóricos. Esto no es una buena noticia, porque sugiere que las partes interesadas no pueden comprender ni, por tanto, planificar el potencial pleno de esta tecnología. En consecuencia, no preparan adecuadamente la red para esta evolución.
Mientras tanto, la inversión privada en el sector sigue siendo baja. En 2016, un estudio del MIT nos advirtió: «Entre 2006 y 2011, las empresas de capital riesgo invirtieron más de 25.000 millones de dólares en startups de tecnologías de energía limpia (cleantech) y perdieron más de la mitad de su dinero; como resultado, la financiación del sector cleantech se agotó... En 2013, la financiación había caído a 2.000 millones de dólares y desde entonces se ha mantenido más o menos estable». Es significativo que incluso a los inversores profesionales les resulte difícil este campo. Puede deberse a que las herramientas de inversión tradicionales no funcionan o a que tienen un horizonte demasiado corto.
Ambos casos son dos caras de la misma moneda. Primero, carecemos del marco adecuado para comprender los efectos económicos y sociológicos de las distintas políticas. Segundo, debemos integrar a un conjunto más diverso de actores para ofrecer mecanismos de financiación a largo plazo. Ambos problemas pueden abordarse integrando de verdad a los colectivos sociales. Cuanto más renovable, más descentralizado y más social. La falta de impacto de las organizaciones financieras puede mitigarse mediante la aparición de nuevos colectivos de la sociedad civil y organizaciones públicas locales. Del mismo modo, las organizaciones sociales de base pueden aportar los conocimientos necesarios.
Debemos reevaluar profundamente nuestras estructuras sociales para acoger los futuros cambios tecnológicos. El objetivo es impulsar comunidades activas: grupos sociales que comparten valores, utilizan medios comunes para aprovechar nuevas fuerzas, beneficios y riesgos, y generan innovación de uso general. Esto debe hacerse mediante entidades jurídicas específicas, cooperativas energéticas o comunidades energéticas, para que sus miembros rindan cuentas unos a otros y las instituciones públicas y privadas respondan democráticamente ante los intereses de la ciudadanía. Promover estructuras activas como estas es más eficaz que limitarse a esperar la participación y las consultas basadas en servicios y productos privados. Las cooperativas son fundamentales para iniciar la reapropiación de nuestro futuro colectivo. Son la pieza que falta para el futuro de la energía, pues pueden catalizar las mejores soluciones e implicarnos en una transformación sostenible y a largo plazo.
Comunidades energéticas
El sistema cooperativo es una estructura jurídica profundamente arraigada en nuestra sociedad industrial moderna y estrechamente vinculada a las cuestiones sociales. Se creó originalmente para dar más poder a los agricultores y a los trabajadores, con el fin de negociar mejores precios y condiciones laborales. Surgió durante la Revolución Industrial, como parte del movimiento obrero. Se diseñó para hacer frente a las duras condiciones de trabajo y ayudar a las personas a controlar sus propios negocios. De manera similar, se constituyeron cooperativas agrícolas como entidades jurídicas en las que los agricultores agrupaban sus recursos. Podían proporcionar a sus miembros insumos para la producción y hacerse cargo de actividades posteriores, como el transporte y la distribución.
Las comunidades energéticas son fruto de este legado. Fueron imprescindibles para la electrificación rural de Estados Unidos en la década de 1930. Ante la ausencia de un gobierno federal fuerte, las cooperativas energéticas locales contribuyeron al desarrollo de la infraestructura eléctrica tal como la conocemos. Incluso sin inversores privados, la Ley de Electrificación Rural de 1936 proporcionó préstamos a bajo interés y asistencia técnica para empoderar a las poblaciones locales y modernizar la infraestructura del país.
Hoy, más que nunca, las cooperativas —entidades versátiles que pueden adaptarse prácticamente a cualquier contexto— siguen siendo pertinentes. Por su propia naturaleza, convierten a sus miembros en ciudadanos que participan en la toma de decisiones y pueden aprovechar todo el potencial de una red descentralizada. Desarrollan proyectos mediante alianzas locales y obtienen inversiones a través de ofertas de participaciones locales a sus miembros, además de financiación mediante deuda, inversión institucional o coinversión. Este capital puede utilizarse para construir instalaciones ecológicas que, de otro modo, estarían fuera del alcance de las personas; a largo plazo, se convierte en una fuente de cientos de millones de euros de inversión en el sector energético.
El plan de negocio está diseñado para asegurar ingresos mediante la venta de electricidad vertida a la red. El objetivo es operar y mantener sus propios activos para reinvertir los beneficios excedentes en un fondo de la comunidad energética. La estructura es flexible y tiene la enorme ventaja de ser compatible con las empresas de servicios públicos actuales, los inversores privados, los ayuntamientos, etc., al tiempo que establece una gobernanza transparente y adaptada a las circunstancias locales. Es una plataforma que podría facilitar la colaboración entre cuatro grupos principales:
Comunidades energéticas que quieren reducir el coste de la energía y pasarse a las renovables al 100 %;
El sector público, que respalda el crecimiento de esta red social con financiación a largo plazo y bajo interés, a cambio de nuevas infraestructuras energéticas;
Startups que ofrecen tecnologías de vanguardia a precios más bajos, a cambio de espacios de experimentación y acceso a datos;
Operadores de sistemas de distribución, que proporcionan a las nuevas entidades jurídicas acceso adecuado a la red y las ayudan a poner a prueba instalaciones inteligentes y a agregar la capacidad energética y la demanda de la red.
El sistema cooperativo es un marco universal para impulsar la participación ciudadana, movilizar el capital de la ciudadanía, poner en marcha innovaciones fructíferas y, en última instancia, acelerar la transición hacia las energías renovables. En términos más generales, el desarrollo de las comunidades energéticas es la piedra angular del futuro de la energía. Es un contrato social que debemos suscribir ahora mismo si queremos una sociedad sostenible.
