Hacer frente al cambio climático requerirá cambios profundos en las políticas y en las finanzas.
Los gobiernos deben marcar la agenda mediante objetivos e incentivos.
La colaboración entre los sectores público y privado será fundamental.
La demanda mundial de energía está aumentando. En 2018, creció un 2,3 %. La mayor parte de la demanda se cubrió mediante un aumento del 7 % en la generación renovable, aunque el carbón seguía desempeñando un papel importante en las economías en desarrollo.
Sin embargo, se preveía que la electricidad mundial generada a partir del carbón descendiera un 3 % en 2019, tendencia impulsada por las economías avanzadas de Europa (principalmente el Reino Unido, Alemania y España) y por Estados Unidos. No obstante, los mercados emergentes siguen aumentando su capacidad energética mediante fuentes de combustible tradicionales, entre ellas el carbón.
El reto de las emisiones
El crecimiento de la población y del consumo a escala mundial está contribuyendo al aumento de las emisiones. En 2018, las emisiones aumentaron un 1,7 % con respecto al año anterior, hasta alcanzar un máximo histórico de 33,4 Gt de CO2, un aumento alarmante del 70 % desde 2010. La AIE estima que el carbón ha sido el mayor factor individual que ha contribuido al aumento de la temperatura mundial; las emisiones de CO2 derivadas de la combustión del carbón contribuyeron con 0,3 ˚C del aumento de 1 ˚C que ya hemos registrado.
El Consejo Mundial del Futuro sobre Energía del Foro Económico Mundial estima que la combinación energética mundial es un 81 % de combustibles fósiles, y que esta proporción no ha cambiado en 30 años. Al mismo tiempo, el aumento de las temperaturas mundiales va en consonancia con el crecimiento de la población mundial y la demanda de energía. La AIE afirma que, para 2050, el aire acondicionado será el principal impulsor de la demanda de electricidad. Esto genera un problema circular: el aumento de las temperaturas conlleva mayores necesidades de refrigeración. Es necesario un cambio estratégico para abordar estos retos de forma oportuna y en los puntos adecuados.
Alinear los compromisos mundiales
Casi 197 países son signatarios del Acuerdo de París, y muchos lo han ratificado. Docenas han formulado políticas para apoyar la aplicación de los objetivos del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), véase más abajo.
Y esto es alentador, porque combatir la amenaza del cambio climático y avanzar hacia un desarrollo sostenible requerirá un enorme apoyo normativo e inversión.
La política como acelerador
Las políticas desempeñan un papel fundamental a la hora de influir en los inversores, la industria y las partes interesadas para redefinir sus futuras líneas de actuación. Por ejemplo, el cambio global hacia fuentes de energía limpia, alentado y respaldado por los responsables políticos, está redefiniendo ahora los modelos de negocio de las grandes petroleras, que suelen depender de los combustibles fósiles. Un estudio reciente de Carbon Tracker concluye que las grandes compañías petroleras tendrán que reducir la producción de petróleo un 35 % para cumplir el objetivo de un aumento de 1,5 ˚C de la temperatura mundial.
Los gobiernos y los responsables políticos deben fijar objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad, y crear incentivos y herramientas que propicien que las partes interesadas (incluidos los operadores establecidos) aumenten sus compromisos e inversiones en energías renovables. Las economías emergentes se están poniendo al día en este sentido y avanzan hacia fuentes de energía sostenibles.
Las finanzas sostenibles como acelerador
Las finanzas sostenibles son un factor principal en la transición de la energía de alto consumo de carbono a las energías renovables y verdes. En 2017/18, la financiación climática mundial se repartió en un 44 % de fondos públicos y un 56 % de fondos privados. La energía limpia se está volviendo competitiva, pero las necesidades de financiación son enormes, estimadas en un gasto anual de 1,6 billones de dólares hasta 2050 para alcanzar niveles aceptables de emisiones de carbono.
La transformación hacia una energía sostenible tendrá enormes beneficios sanitarios y socioeconómicos. La IRENA estima que cada 1 $ invertido generará entre 3 y 7 $ de ahorro en costes sanitarios y relacionados con el cambio climático. La disponibilidad de financiación innovadora y con precios adecuados puede liberar este potencial y facilitar la transición. Se necesita financiación para poner en marcha nuevos proyectos y también para salir de proyectos heredados, que a menudo están sujetos a acuerdos de compra de energía (PPA) a largo plazo; estos son ineficientes y caros en algunos países, pero salir de dichos contratos puede resultar aún más costoso.
También es fundamental crear mecanismos de garantía que respalden la transición. Por lo general, los gobiernos ofrecen garantías en la mayoría de las jurisdicciones, pero, como el margen fiscal es limitado, marcos de garantía alternativos liderados por donantes, grandes bancos o inversores extranjeros pueden realmente ampliar y acelerar la transición en los países en desarrollo.
El objetivo de apoyar la transición hacia la energía verde, al tiempo que se satisfacen las demandas energéticas y se reducen las emisiones, exige una planificación integrada y cohesionada a largo plazo entre los participantes del sector público y privado. Los gobiernos deben actualizar continuamente sus planes y políticas, y el sector financiero debe responder de forma continua con herramientas innovadoras.
¿Cómo facilita el Foro Económico Mundial la transición hacia la energía limpia?
El Centro para la Energía y los Materiales conecta a líderes para comprender las complejas transiciones que están transformando los sistemas energéticos, de materiales e industriales. Ofrece una plataforma para explorar cómo se interrelacionan la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad.
Gracias a la colaboración entre cadenas de valor y regiones, el Centro hace posibles trayectorias compartidas que ayudan a los socios a alinearse en torno a soluciones prácticas para una transición segura, baja en carbono y equitativa.
