Para posibilitar la transición energética, los reguladores y los promotores deben planificar e invertir de forma proactiva en infraestructuras antes de que surja la demanda.
Sin embargo, la construcción anticipada de infraestructuras plantea preguntas importantes: ¿quién debe planificarla y construirla, y quién debe asumir el coste y los riesgos asociados?
Estos son 10 principios que ayudarán al mundo a construir la infraestructura energética «preparada para el futuro» que necesitan los sistemas energéticos de mañana.
La transición energética es una responsabilidad global. Para posibilitarla, los reguladores y los promotores deben planificar e invertir de forma proactiva en infraestructuras antes de que surja la demanda. Sin un desarrollo oportuno, el despliegue de las energías renovables y los esfuerzos de electrificación podrían retrasarse, lo que provocaría un aumento de las emisiones de CO2 y de los costes para los consumidores de energía.
Sin embargo, la construcción anticipada de infraestructuras plantea preguntas importantes: ¿quién debe planificarla y construirla? ¿Y quién debe asumir el coste y los riesgos asociados?
Definición de los requisitos de infraestructura
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), existen tres palancas principales para reducir rápidamente las emisiones de CO2 de aquí a 2030:
1. Capacidad solar fotovoltaica y eólica – La capacidad mundial debería triplicarse, hasta alcanzar los 11.000 GW.
2. Vehículos eléctricos (VE) – El consumo de electricidad en el sector del transporte debería cuadruplicarse, hasta alcanzar los 8 EJ.
3. Electrificación de los usos energéticos basados en combustibles fósiles – la electrificación de la economía debería pasar del 20 % actual al 28 %.
Estos rápidos avances requieren redes eléctricas más robustas y una red de recarga fiable. Sin embargo, el desarrollo de las redes suele ir a la zaga del crecimiento de las energías renovables y de la electrificación. Los proyectos de energías renovables suelen tardar entre dos y cinco años en completarse, y las estaciones de recarga de VE pueden tardar entre uno y dos años en construirse y conectarse, mientras que las líneas de transmisión suelen tardar mucho más, normalmente entre cinco y diez años. Debe garantizarse una capacidad de red suficiente antes de que se instalen las energías renovables o de que surja un aumento de la demanda eléctrica.
10 principios para la inversión en infraestructura energética «preparada para el futuro»
Para orientar las inversiones en infraestructuras en apoyo de la transición energética, a continuación se presenta un conjunto de principios que pueden ayudar al mundo a construir la infraestructura energética «preparada para el futuro» que necesitan los sistemas energéticos de mañana. Estos principios van más allá del sector energético y abarcan los impactos sociales y económicos más amplios de las inversiones en infraestructuras.
1. Planificación y priorización
Dados los largos plazos necesarios para planificar, desarrollar y construir infraestructuras, es imprescindible una planificación avanzada. Los promotores deberían diseñar planes a largo plazo (de al menos diez años), incorporando las necesidades futuras de los usuarios mediante consultas públicas y alineando los proyectos con los objetivos energéticos, industriales y medioambientales. Estos planes deberán además priorizar los proyectos en función de los objetivos políticos y de los beneficios socioeconómicos. La evaluación de los proyectos debería incluir el coste total a lo largo de la vida útil del activo, incluidas las externalidades.
2. Creación de una demanda fiable
La infraestructura debe construirse antes de que surja la demanda futura. Una demanda previsible y visible, respaldada por objetivos políticos claros y por la seguridad regulatoria, permite una planificación e inversión más eficaces.
3. Eficiencia de los procesos administrativos
Con frecuencia, los proyectos de infraestructura se retrasan por las largas esperas para obtener permisos y autorizaciones. Los procesos administrativos deberían simplificarse para reducir los plazos de desarrollo y construcción, lo que incluye la digitalización, la normalización y la dotación adecuada de recursos a la administración pública. El aprendizaje iterativo y activo será clave: las agencias deben probar nuevos enfoques para aumentar la eficiencia de sus procesos administrativos.
4. Financiación y provisión de capital
En las primeras fases de la transición energética, será necesario disponer de grandes cantidades de financiación procedentes de fuentes públicas y privadas. Para facilitar estas inversiones al menor coste, se requieren seguridad regulatoria, casos de negocio sólidos y colaboración entre países y bancos multilaterales. Todos los niveles del sector público —nacional, regional y local— deberían colaborar y alinear sus esfuerzos hacia objetivos comunes.
5. Atención a los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMED)
La mayor parte de las inversiones energéticas en tecnologías limpias se destinan actualmente a China, Europa y Estados Unidos, que reciben el 85 % del capital mundial destinado a energía limpia. Esto contrasta marcadamente con el hecho de que la mayor parte del crecimiento energético futuro procederá del resto del mundo, en particular de los EMED. Este desequilibrio en recursos e inversiones debería abordarse mediante la colaboración internacional y las alianzas tecnológicas.
6. Papel de las empresas públicas (EP)
Las EP son actores significativos que pueden dar forma a la economía con sus decisiones. Como socios en la transición energética, estas organizaciones deberían alinearse con los objetivos políticos y servir como un instrumento público eficaz para desarrollar y alcanzar dichos objetivos.
7. Infraestructuras y cadenas de suministro resilientes
La infraestructura debe diseñarse pensando en la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo, garantizando un servicio de alta calidad y costes reducidos a lo largo del ciclo de vida del activo. Los proyectos futuros deberían tener en cuenta los fenómenos meteorológicos extremos, y las infraestructuras existentes podrían necesitar mejoras por el mismo motivo. Estos principios deberían aplicarse tanto a los activos finales como a la cadena de suministro, desde las materias primas hasta el desarrollo de la mano de obra. Deberían integrarse medidas adicionales, incluidas las evaluaciones de riesgos obligatorias, en los planes nacionales de adaptación para garantizar la resiliencia de las infraestructuras frente a los impactos climáticos.
8. Participación pública y de las partes interesadas
Es necesario implicar desde el principio a todas las partes interesadas pertinentes para optimizar el desarrollo y el rendimiento de las infraestructuras. La participación pública y los mecanismos de supervisión garantizan la transparencia y la aceptación social de los proyectos.
9. Beneficios económicos y sociales
El desarrollo de infraestructuras debería maximizar los beneficios a largo plazo para la sociedad, incluidos el crecimiento económico, la creación de empleo y la equidad social, en particular en las comunidades locales.
10. Seguimiento periódico e intercambio de datos
Todos los objetivos y contribuciones del desarrollo de infraestructuras deberían seguirse de cerca, incluidos su rendimiento y sus impactos. La participación de entidades imparciales desempeña un papel significativo en este contexto. Deberían hacerse públicos datos suficientes para garantizar la rendición de cuentas y mejorar los proyectos futuros.
En última instancia, sigue pendiente una cuestión clave: ¿cómo deberían compartirse entre los sectores público y privado los riesgos de invertir en infraestructuras antes de que surja la demanda? Lograr el equilibrio adecuado es importante para fomentar sistemas energéticos resilientes y con visión de futuro; sin embargo, este desafío sigue abierto al debate, lo que subraya la necesidad de seguir colaborando e innovando.
