Las principales opciones de política fiscal para reducir las emisiones son aumentar el precio efectivo de los combustibles fósiles y las inversiones públicas en energías renovables.
Actuar sobre los combustibles fósiles plantea desafíos a corto plazo, ya que aumentará el coste de la energía para los hogares y las empresas.
Sin embargo, las ventajas a largo plazo son una economía más limpia y potencialmente más competitiva.
Impulsar las energías renovables significa que las familias y las empresas no tendrían que hacer tanto esfuerzo para cambiar sus hábitos de consumo energético, ya que los aumentos de precios serán menores.
Pero esto tiene algunos costes a largo plazo, ya que las subvenciones podrían seguir distorsionando los precios de la energía, y las emisiones en muchas partes de la economía podrían seguir sin mitigarse.
Casi los 32 países de Oriente Medio y Asia Central se han comprometido a contener las emisiones de gases de efecto invernadero como parte del Acuerdo de París. Para cumplir estos compromisos, los países necesitan integrar con urgencia las políticas climáticas en sus estrategias económicas nacionales.
Nuestro nuevo estudio, el primero de su tipo para la región, evalúa su compromiso de reducir las emisiones de GEI e identifica opciones de política fiscal para alcanzar este objetivo.
Estimamos que los países de Oriente Medio y Asia Central se han comprometido colectivamente a reducir las emisiones anuales de GEI en 2030 entre un 13 % y un 21 %, en relación con la tendencia actual, según la disponibilidad de apoyo externo. Esto significa que la región deberá reducir sus emisiones per cápita hasta en un 7 % en los próximos ocho años. Solo unos pocos países han logrado una reducción de este tipo manteniendo el crecimiento económico.
En nuestro esquema de opciones de política para cumplir el compromiso de mitigación de la región, nos centramos en dos categorías de políticas fiscales, y en las compensaciones entre ellas, para frenar las emisiones de GEI: en primer lugar, medidas que aumentan el precio efectivo de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, inversiones públicas en fuentes de energía renovables.
Aumentar el precio de los combustibles fósiles
En cuanto a la primera, los objetivos de mitigación de la región para 2030 podrían alcanzarse mediante la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles, junto con la introducción progresiva de un impuesto al carbono de 8 dólares por tonelada de emisiones de CO2 en Oriente Medio, el Norte de África, Afganistán y Pakistán, o MENAP, y de 4 dólares por tonelada en el Cáucaso y Asia Central, o CCA.
Algunos países ya están dando pasos en esta dirección. Por ejemplo, Kazajistán introdujo un sistema de comercio de emisiones, Jordania ha ido eliminando gradualmente las subvenciones a los combustibles y Arabia Saudita estableció recientemente un mercado regional de créditos de carbono.
Aumentar el precio efectivo de los combustibles fósiles plantea desafíos a corto plazo, porque obliga a la generación actual a soportar la carga de la transición energética. Las personas y empresas vulnerables que dependen de energía barata se verían especialmente afectadas. Aunque los recursos fiscales adicionales procedentes de los ingresos tributarios y de la reducción de subvenciones podrían aliviar estos efectos secundarios, el crecimiento económico podría ralentizarse temporalmente y la inflación podría aumentar.
Sin embargo, a largo plazo, una transición de este tipo dejará a las generaciones futuras una economía más limpia, más eficiente energéticamente y potencialmente más competitiva, porque heredaría menos distorsiones, finanzas públicas más sólidas y una asignación de recursos más eficiente.
Invertir en energías renovables
En cuanto a la segunda, unas inversiones públicas adicionales en energías renovables por valor de 770.000 millones de dólares en MENAP y de 114.000 millones de dólares en el CCA —más de una quinta parte del producto interno bruto actual de la región— entre 2023 y 2030 podrían alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de la región con subvenciones a los combustibles reducidas solo en dos tercios y sin ningún impuesto al carbono.
Los proyectos de energía renovable a gran escala ya están despegando en la región. Por ejemplo, Catar desarrolló la mayor planta solar del mundo, con una capacidad de 800 megavatios que puede cubrir aproximadamente una décima parte de la demanda máxima del país, mientras que Dubái construyó un parque solar de un solo emplazamiento de 5.000 megavatios, que además es el mayor proyecto de su tipo.
Esta opción tiene varias ventajas para la generación actual. Las familias y las empresas no tendrían que hacer tanto esfuerzo para cambiar sus hábitos de consumo energético debido a un aumento de precios menor. Además, las inversiones específicas en fuentes de energía renovable crearán más empleo y un crecimiento más rápido, al tiempo que mejorarán la seguridad energética de los países importadores de petróleo.
Pero este enfoque también tiene algunos costes a largo plazo. Es probable que las subvenciones a los combustibles que queden sigan distorsionando los precios de la energía, limitando las mejoras en la eficiencia energética y dejando las emisiones en muchas partes de la economía en gran medida sin mitigar. El gasto público significativo para acelerar la transición energética podría debilitar las posiciones fiscales y la estabilidad macroeconómica, dejando menos recursos disponibles para las generaciones futuras.
Estimamos que la deuda pública neta en 2030 podría aumentar en un 12 % del PIB en MENAP y en un 15 % en el CCA. Por lo tanto, una transición más suave en este momento podría situar a las generaciones futuras en una senda de menor crecimiento a largo plazo.
Es hora de actuar
Los gobiernos de la región se enfrentan a una decisión difícil: cómo repartir la carga económica de la mitigación del cambio climático entre generaciones. Otras combinaciones de estas estrategias fiscales también son compatibles con el cumplimiento de los compromisos de emisiones de los países.
Los países deberían elegir la opción que mejor se ajuste a sus circunstancias y a los recursos presupuestarios disponibles. Independientemente de la opción elegida, la adopción temprana de una estrategia fiscal ayudará a cumplir los compromisos de mitigación a tiempo y a minimizar las posibles perturbaciones económicas.
Empezar antes proporcionaría tiempo suficiente para el debate público nacional, para que el sector privado se adapte a los cambios de política previstos y para que las autoridades apliquen políticas que hagan frente a posibles efectos secundarios, incluida la mejora de las redes de protección social.
Por último, un inicio temprano impulsará otras políticas y reformas estructurales, lo que ayudará a los países de la región a avanzar por una senda más suave hacia economías más verdes.
