La transición energética exige modernizar toda la cadena de valor de la energía, incluidas la transmisión y la distribución.
La inversión actual en redes para las energías renovables es insuficiente.
Los modelos de financiación innovadores, como el Independent Transmission Project, pueden ayudar a las empresas de servicios públicos con problemas financieros a mejorar su infraestructura.
La energía es esencial para muchas actividades humanas, en particular para calentar, refrigerar e iluminar edificios, cocinar, producir bienes industriales e infraestructuras, y desplazarse. Sin embargo, el sistema energético mundial es la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles y es responsable de 34 gigatoneladas (Gt) de emisiones de CO2 en 2022, incluidas 15 Gt procedentes de la producción de electricidad y calor. Así, el mundo debe avanzar hacia prácticas que minimicen el impacto ambiental de la extracción, transformación, transporte y uso de la energía y, en particular, que reduzcan las emisiones asociadas.
Para avanzar en la transición para alejarse de los combustibles fósiles, es necesario el desarrollo coordinado de todas las etapas de la cadena de valor energética. Elaborar escenarios energéticos, incluidas las proyecciones de demanda y la planificación de la capacidad de generación eléctrica y de la infraestructura habilitadora, es un punto de partida fundamental. Es especialmente importante anticipar cómo deben evolucionar los sistemas de transmisión y distribución, ya que los proyectos de infraestructura suelen tardar de cinco a 15 años en completarse, frente a uno a cinco años para los nuevos proyectos de energías renovables y las aplicaciones de uso final. Garantizar que esta infraestructura habilitadora se financie y despliegue a tiempo es clave para evitar que se retrase toda la transición.
Se prevé que en 2024 la inversión mundial en energía limpia e infraestructura alcance 2 billones de dólares, impulsada por la energía renovable (771 000 millones de dólares), la eficiencia energética y el uso final (669 000 millones de dólares) y las redes y el almacenamiento (452 000 millones de dólares). Esto supone casi el doble del gasto total en las cadenas de valor del petróleo, el gas y el carbón ese mismo año. Aunque esta tendencia es prometedora, aún existe una inversión insuficiente en infraestructuras relacionadas con la electricidad.
Durante la última década, la inversión en redes eléctricas a escala mundial ascendió a entre 300 000 y 400 000 millones de dólares al año. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que esta cifra debería duplicarse para 2030. En efecto, el mundo necesita ampliar su infraestructura de redes eléctricas, ya que la creciente electrificación, la integración de las energías renovables variables y la adaptación al cambio climático exigen redes eléctricas más grandes y modernas. Se necesita una inversión significativa en infraestructura de transmisión para conectar la nueva generación eléctrica a las redes, así como para respaldar la electrificación de todos los sectores, incluidos los vehículos eléctricos y las bombas de calor. Al mismo tiempo, deberá modernizarse la infraestructura existente, que a menudo está envejecida.
El potencial de los modelos innovadores de financiación
Las empresas de servicios públicos con tensiones financieras –y, según el contexto, los operadores del sistema de transmisión (TSO) o los gobiernos– a menudo no pueden acelerar la inversión en redes eléctricas para mantenerse al ritmo de la transición necesaria. El El Banco Mundial estudió 182 empresas de servicios públicos en mercados emergentes y economías en desarrollo (EMDE); estima que el 60 % de ellas no recauda ingresos suficientes para cubrir sus costes operativos y de servicio de la deuda, y que tendrían que reducir costes o aumentar las tarifas.
Mientras tanto, un número creciente de empresas de servicios públicos de todo el mundo está explorando un abanico más amplio de modelos alternativos de financiación, que van desde la financiación pública total hasta la privatización total, e incluyen las líneas mercantes, la participación privada minoritaria en el capital de un proyecto de transmisión, así como las asociaciones público-privadas (APP).
El modelo del Independent Transmission Project (ITP) es un ejemplo interesante de APP, en el que se invita a actores del sector privado a presentar ofertas para financiar, construir y operar un activo específico de transmisión eléctrica, y el ganador de la subasta recibe una tarifa estable a largo plazo del sector público. Al promotor del proyecto se le paga un flujo de ingresos que normalmente premia la disponibilidad y no el tráfico (lo que significa que los inversores privados no se ven afectados por los cambios en la cantidad de energía transmitida a través de redes interconectadas), y los costes se reparten en el tiempo para el operador público del sistema de transmisión.
En India y Brasil, países que llevan más de 10 años aplicando este tipo de esquemas, el número de licitadores estimuló la competencia, lo que demuestra que el ITP puede optimizar la asignación de riesgos y los costes del sistema. Estos esquemas también lograron atraer capital barato de fondos de pensiones y compañías de seguros interesados en el perfil de bajo riesgo de estas inversiones a largo plazo. Además, en la India, los activos ITP resultaron bastante líquidos, lo que permite a las empresas privadas de transmisión monetizarlos para liberar capital destinado a nuevos proyectos.
Una buena planificación puede superar la mayoría de los retos que plantea la implementación de la solución ITP. El sector público debe organizar un régimen de permisos adecuado, la adquisición o el arrendamiento de terrenos, especificaciones técnicas sólidas, ciberseguridad, una compensación justa por el capital adicional y los gastos operativos, criterios de selección y una regulación de ingresos creíble, para fomentar la competencia. En un contexto de necesidades urgentes de inversión y capacidad financiera limitada, la solución ITP es una propuesta útil, siempre que el sector público disponga de tiempo y capacidad suficientes para prepararla.
Cerrar esta brecha de inversión en redes eléctricas requiere soluciones innovadoras, y la inversión pública necesitará el respaldo de la financiación privada, movilizada mediante financiación combinada y otras palancas catalizadoras, así como a través de nuevos modelos de negocio como el ITP. En este caso, los EMDE suelen partir de una base técnica inferior, con redes generalmente más pequeñas, débiles y menos modernas, que actualmente sufren significativamente más cortes de suministro que los países de ingresos altos. Esta base técnica inferior agrava los desafíos más amplios que rodean a la inversión en los EMDE.
Colaborar para cerrar la brecha entre teoría y práctica
Con el fin de ayudar a superar estas barreras a la inversión, la Red para Movilizar la Inversión en Energía Limpia en los EMDE ha elaborado un Manual de soluciones, que presenta más de 100 medidas políticas, herramientas de reducción de riesgos y mecanismos financieros que han contribuido con éxito a desbloquear la financiación de energía limpia en 47 EMDE.
El manual muestra cómo varios países han dado pasos para afrontar este reto de inversión: por ejemplo, Sudáfrica ha incluido las líneas de transmisión y el despliegue de redes como área prioritaria de inversión en el marco de sus Asociaciones para una Transición Energética Justa (JETP), y Egipto pretende financiar la modernización de la red de transmisión eléctrica en el marco de su iniciativa Nexo Agua, Alimentos y Energía (NWFE).
Asimismo, aprovechando análisis basados en la evidencia, a través de su programa de Financiación, Inversión y Movilización de Energía Limpia (CEFIM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apoya a EMDE seleccionados para desbloquear financiación e inversión en energía limpia. Esto incluye el desarrollo de la financiación de redes de transmisión, mediante trabajos analíticos a medida y basados en la demanda, actividades de intercambio de conocimientos y de fortalecimiento de capacidades.
Trabajando en estrecha colaboración con gobiernos, instituciones financieras, organizaciones internacionales y actores del sector energético, la OCDE evalúa cómo movilizar financiación e inversión en líneas de transmisión y desarrollo de redes en distintos contextos nacionales. Los bancos multilaterales de desarrollo se centran cada vez más en apalancar la financiación pública, mientras que organizaciones como el Foro Económico Mundial (WEF) o la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (GFANZ) reúnen a empresas del sector privado e instituciones financieras dispuestas a contribuir a este esfuerzo vital.
Todas estas iniciativas pueden contribuir a cerrar la brecha de conocimiento y a mejorar los marcos jurídicos y regulatorios, los modelos de ingresos y las estructuras de financiación para las redes nacionales de transmisión y distribución, así como a afinar la evaluación de los modelos de financiación aplicables a las redes de transmisión.
Este trabajo, así como los datos y mapas incluidos en él, no debe considerarse como representativo de las opiniones de la OCDE, incluidos sus países miembros y su secretaría. Las opiniones expresadas y los argumentos empleados son las de los autores.
