El huracán María desgarró el manto verde de vegetación que cubría Puerto Rico y dejó destrucción a su paso. Dejó al descubierto la infraestructura antigua y obsoleta de la isla, de la que dependen cuatro millones de personas. El deterioro de la infraestructura, sumado a los errores logísticos de las autoridades federales y locales, provocó una crisis humanitaria, caracterizada por la falta de ayuda esencial y la imposibilidad de restablecer el suministro eléctrico. Esto causó directamente muchas de las miles de muertes atribuidas al huracán María.
La falta de electricidad afectó gravemente a quienes necesitaban respiradores y máquinas de diálisis. Las carreteras bloqueadas impidieron que los pacientes buscaran atención médica y que los vehículos de emergencia llegaran a su destino. A continuación surgieron problemas de salud mental y salud pública. Entre los principales figuraron la falta de electricidad y la duración del apagón, que fue el más prolongado y el de mayor alcance de la historia de Estados Unidos. Contribuyeron varios factores, entre ellos que, cuando ocurrió el desastre, las centrales eléctricas y las redes necesitaban urgentemente reparaciones y mejoras. La topografía de Puerto Rico también es implacable: los caminos y puentes de las regiones montañosas quedaron destruidos o cubiertos por deslizamientos de tierra y árboles caídos, lo que ralentizó las reparaciones.
Sin embargo, quizá fue en la región montañosa de Adjuntas donde comenzó a abrirse un camino hacia el futuro de Puerto Rico. Casa Pueblosirvió de ejemplo de cómo debería ser el futuro energético de la isla, sobre todo después de los huracanes. Casa Pueblo opera una emisora de radio, una sala de cine y un centro comunitario con energía solar. Durante los días y meses de oscuridad que siguieron al huracán María, Casa Pueblo fue un oasis energético para quienes lo necesitaban.
Los miembros de las comunidades cercanas pudieron acudir a Casa Pueblo y conectar sus respiradores, guardar alimentos perecederos en refrigeradores y cargar sus teléfonos celulares. Al ver la urgente necesidad, Casa Pueblo también instaló paneles solares para algunos de los miembros más vulnerables de la comunidad. La insurrección energética de Casa Pueblo, como la llaman, incluye el uso de energía solar en: un transmisor de radio; una emisora de radio; un cine; 25 hogares; 54 refrigeradores; un aula; una barbería; minimercados; dos restaurantes; dos ferreterías y otros pequeños negocios; 10 hogares con un sistema solar de respaldo energético; 14.000 lámparas solares; cinco sistemas permanentes para máquinas de diálisis... y más.
Mientras las autoridades de Puerto Rico luchaban por restablecer la electricidad y desplazarse por zonas remotas, entre carreteras destruidas y trámites burocráticos, Casa Pueblo suministraba energía a las comunidades cercanas. Las comunidades de Puerto Rico pasaron más de un año a oscuras, pero Casa Pueblo volvió a encender sus luces inmediatamente después del huracán. En términos más amplios, Casa Pueblo demostró que, incluso después de un desastre natural, la energía renovable y sostenible garantiza la comunicación, la innovación, la activación económica, la seguridad alimentaria, la educación, los servicios de salud y el entretenimiento.
El huracán María trajo destrucción a Puerto Rico, pero también oportunidades. Los esfuerzos por restablecer la electricidad en la isla deberían incluir fuentes de energía renovables y sostenibles, con miras a poner fin al uso de combustibles fósiles. Como ha demostrado Casa Pueblo, la energía solar sufre interrupciones mínimas tras un desastre natural. Permite generar energía de forma descentralizada en el punto de consumo, eliminando los peligros y las dificultades asociados con el fallo de una red eléctrica principal. Además de las deficiencias éticas de los combustibles fósiles ante el cambio climático, seguir usando combustibles fósiles en Puerto Rico carece de sentido económico y financiero.
Todos los combustibles que permite utilizar la infraestructura actual deben importarse. Esto los somete a leyes de cabotaje como la Ley Jones, que incrementa considerablemente los costos. De hecho, el 50% de los costos de la energía en Puerto Rico se destina exclusivamente a pagar el combustible. Entre 2000 y 2009, salieron 22.000 millones de dólares de la economía local para pagar combustible. Puerto Rico debería aprovechar la oportunidad de romper de una vez por todas su dependencia innecesaria y obstinada de los combustibles fósiles, responsable de miles de muertes tras el huracán María.
A la luz de estos hechos, resulta pasmoso que la junta de control fiscal a cargo del presupuesto de Puerto Rico no esté considerando seriamente opciones de energía renovable y sostenible. En cambio, está promoviendo el consumo generalizado de gas natural. Sin entrar en la cuestión de que una junta de control no elegida democráticamente tome estas decisiones por los puertorriqueños, una inversión masiva en gas natural sencillamente no es una solución sostenible para la isla. Exigiría cambios importantes en la infraestructura y la incorporación de múltiples gasoductos, lo que no solo expondría innecesariamente los recursos naturales de Puerto Rico a peligros conocidos y complicaciones asociados con los gasoductos, sino que también mantendría y ampliaría la adicción tóxica e irresponsable a los combustibles fósiles.
Cabe destacar que los cambios necesarios para incorporar el gas natural no transformarían la infraestructura actual utilizada para suministrar energía a los consumidores. En otras palabras, pese a la enorme inversión, Puerto Rico seguiría siendo igual de vulnerable a otro apagón de la misma magnitud que el ocurrido tras el huracán María. La isla también seguiría siendo igual de vulnerable a las muertes asociadas con un apagón así. Con este conocimiento, es negligente seguir considerando los combustibles fósiles como opciones viables para Puerto Rico en el futuro. El futuro energético de la isla debe sustentarse en fuentes renovables y sostenibles, no en combustibles fósiles.
