Las partes interesadas de la COP28 quieren triplicar la capacidad de energía renovable, lo que exige un aumento masivo del uso de terreno para infraestructuras.
La creciente oposición a la expansión de la infraestructura de energía limpia puede abordarse mediante una participación comunitaria centrada en las personas.
Un nuevo libro blanco del Foro Económico Mundial destaca cómo el enfoque centrado en las personas genera valor para las comunidades a partir de nuevos proyectos energéticos.
Es necesario un despliegue masivo de infraestructuras de energía limpia para alcanzar los objetivos de una transición energética sostenible, segura y equitativa. Esto es imprescindible para encarrilar al mundo hacia el objetivo de 1,5 °C. Sin embargo, también debemos reconocer que la nueva infraestructura cada vez se cruzará más con los centros de población y los ecosistemas naturales. Por ello, gestionar el impacto del despliegue de infraestructuras de energía limpia será aún más importante.
Esta semana, en la COP28, las partes interesadas piden a los líderes mundiales triplicar la capacidad de energía renovable hasta al menos 11.000 GW para 2030. De hecho, para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas, este aumento de tres veces se vería seguido de un aumento de nueve veces para 2050. Todo ello requiere superficies de terreno y agua considerablemente grandes. Las estimaciones oscilan entre el 2-3% para la UE y Estados Unidos y hasta el 5% para Japón y Corea del Sur.
Sin embargo, para los desarrolladores de infraestructuras de energía limpia, encontrar emplazamientos de proyectos que no afecten a las personas es cada vez más difícil, ya que la oposición a las nuevas infraestructuras va en aumento. Los términos NIMBY (Not in My Back Yard) y BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) se utilizan para referirse a la oposición a todo tipo de proyectos de infraestructura por parte de comunidades, grupos indígenas, grupos de conservación e incluso autoridades públicas y reguladoras locales.
En la región noroccidental española de Galicia, por ejemplo, la oposición a las infraestructuras de energía limpia a gran escala ha ido en aumento. Bosques densos y pequeños pueblos se alternan en su paisaje verde de colinas con aerogeneradores que aprovechan las condiciones de viento. Amplificada por diferentes grupos de presión y por las redes sociales, la protesta contra los nuevos proyectos retrasa cada vez más e incluso impide el despliegue de energía renovable adicional. Es importante reconocer esto y garantizar que las comunidades formen parte del proceso de toma de decisiones.
Participación comunitaria equitativa para una transición energética justa
A medida que la transición energética limpia sigue ganando impulso, lograr que la gente se sume a este camino será fundamental. Ciertamente, la participación comunitaria no es un concepto novedoso en el ámbito de la energía y las infraestructuras. Existe desde hace décadas y, antes de las energías renovables, se utilizaba en el sector de los combustibles fósiles, con una larga historia de aciertos y errores. Sin embargo, las expectativas sociales han evolucionado. Crece el reconocimiento de la necesidad de una transición energética justa y equitativa. Además, existe un acceso más amplio a la información y una mayor facilidad para amplificar las voces a través de las redes sociales. Si la participación comunitaria no se gestiona bien, las empresas corren el riesgo de perder su licencia social para operar y de erosionar su valor empresarial.
Sin embargo, cuando las empresas gestionan bien la participación comunitaria, el desarrollo de infraestructuras de energía limpia representa una oportunidad considerable para crear un enorme valor para la sociedad, la economía, el medio ambiente y las empresas. La definición de «transición equitativa y justa» ha incluido tradicionalmente el acceso a la energía, la asequibilidad y el desarrollo económico. No obstante, debería ampliarse para incluir resultados de la participación comunitaria, como la creación de empleo, la mejora de competencias locales, la participación en el proceso de toma de decisiones, así como una distribución equitativa de los beneficios.
Mientras tanto, un nuevo enfoque de participación comunitaria centrado en las personas también podría acelerar los plazos para el despliegue de proyectos de energía limpia, beneficiando al medio ambiente y ayudando a los gobiernos a alcanzar el objetivo de triplicar las renovables para lograr los objetivos climáticos y, en algunos casos, los de seguridad energética.
Las empresas también se beneficiarían de la reducción del riesgo de oposición, la eliminación de cuellos de botella y la evitación de costosos retrasos. La participación de las comunidades también puede dotar a los proyectos de conocimiento local para mejorar los planes de proyecto, además de recibir una amplia gama de beneficios.
Esta semana, en la COP28, el Foro Económico Mundial presentó un libro blanco que insta a la industria a integrar enfoques centrados en las personas en el despliegue de infraestructuras. Esto incluye priorizar el impacto comunitario dentro de la estrategia empresarial, así como aprovechar la colaboración intersectorial para avanzar hacia un enfoque de asociación con las comunidades.
El documento insta a los líderes de la industria a desarrollar un marco para medir el impacto centrado en las personas, reconociendo que la velocidad y la escala de la transición energética exigen nuevos enfoques y soluciones que generen resultados para la sociedad, el medio ambiente y la economía.
