Numerosas crisis han puesto de manifiesto cómo el sistema energético mundial se ve afectado por las perturbaciones geopolíticas y la fragmentación.
Estas perturbaciones no son señal de un fracaso de la transición energética, sino que más bien ponen de relieve la necesidad de afrontar sus limitaciones fundamentales y gestionarlas con eficacia.
El reto ahora es diseñar sistemas energéticos resilientes a las perturbaciones y alineados con las realidades regionales.
A principios de 2022, Jason Bordoff y Meghan O’Sullivan advirtieron en un Foreign Affairs artículo titulado «Green Upheaval» que «hablar de una transición suave hacia la energía limpia es una fantasía», añadiendo que «el proceso será caótico en el mejor de los casos».
Cuatro años y tres crisis después –la COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y la guerra actual en Oriente Medio–, esa advertencia se parece menos a una previsión y más a un diagnóstico. Cada crisis ha sometido a prueba de estrés al sistema energético mundial y ha revelado una verdad central: la transición energética no se desarrolla en un vacío de ambición climática, sino en un mundo moldeado por perturbaciones geopolíticas, fragmentación económica y prioridades nacionales en competencia.
Más allá de las presiones inmediatas sobre los precios, las crisis recientes han expuesto un reto estructural más profundo: el riesgo de que la transición energética agrave las desigualdades existentes, tanto dentro de los países como entre ellos.
Los costes energéticos más elevados afectan de forma desproporcionada a los hogares de menores ingresos, mientras que las respuestas fiscales para proteger a los consumidores varían ampliamente según las regiones. A nivel mundial, se pide a las economías en desarrollo, que ya enfrentan un espacio fiscal limitado, que aceleren su transición al tiempo que amplían el acceso a la energía y apoyan el crecimiento económico.
Estas perturbaciones no son señal de un fracaso de la transición energética, sino que más bien ponen de relieve la necesidad de afrontar sus limitaciones fundamentales y gestionarlas con mayor eficacia.
La seguridad y la asequibilidad energéticas, claves para combatir el cambio climático
La primera lección, y la más determinante, de los últimos años es que la ambición climática no puede sostenerse sin abordar la seguridad y la asequibilidad energéticas.
La COVID-19 expuso la fragilidad de los ciclos de inversión y de los equilibrios entre oferta y demanda. En 2022, la guerra en Ucrania desencadenó una crisis de seguridad energética a gran escala, en particular en Europa, que provocó alzas sin precedentes en los precios del gas natural. La guerra en Oriente Medio sigue reforzando la prima geopolítica incorporada en los mercados energéticos mundiales.
El informe Fostering Effective Energy Transition 2024 del Foro Económico Mundial reflejó este cambio: los países que mantuvieron un progreso equilibrado en el trilema energético –seguridad, asequibilidad y sostenibilidad– demostraron ser los más resilientes.
Donde este equilibrio se rompió, el consenso político se debilitó rápidamente. Varios países europeos volvieron temporalmente al carbón para salvaguardar el suministro, los gobiernos ampliaron las subvenciones a los combustibles fósiles para amortiguar las alzas de precios y la resistencia pública al aumento de los costes de la transición se intensificó.
Tal como anticiparon Bordoff y O’Sullivan, si se percibe que las políticas climáticas socavan la fiabilidad o la asequibilidad, «la transición se ralentizará».
Una narrativa sistémica de transición, múltiples realidades
Si las eras del Acuerdo de París, el Pacto Climático de Glasgow y el Consenso de los EAU se definieron por la convergencia, la fase actual de la transición energética se caracteriza por una divergencia creciente. La crisis en curso en Oriente Medio ya muestra impactos diferenciados en los mercados, con consecuencias globales más amplias probables si las tensiones persisten.
Los referentes regionales de precios del gas lo ilustran con claridad. Los precios del Henry Hub de EE. UU. han vuelto a caer por debajo de 3 dólares/MMBtu, mientras que los referentes europeos y asiáticos se mantienen estructuralmente elevados, entre 18 y 20 dólares/MMBtu, lo que subraya que la crisis energética actual no es global, sino profundamente regional.
En el último año, los mercados del gas han pasado de una convergencia relativa a una divergencia renovada. A mediados de 2025, los diferenciales de precios eran comparativamente estrechos, pero el invierno de 2025/26 desencadenó una fuerte divergencia, con Europa y Asia experimentando alzas de precios significativas mientras los precios en EE. UU. se mantuvieron más moderados.
Esto refleja una brecha estructural persistente: Estados Unidos se beneficia de ventajas de suministro interno, mientras que Europa y Asia siguen más expuestas a perturbaciones externas, y Asia suele mantener una prima.
Estas dinámicas ilustran una superposición de crisis, con un endurecimiento gradual del mercado a lo largo de 2025 tras la normalización posterior a la COVID-19, que dio paso a un repunte invernal impulsado por preocupaciones de seguridad, condiciones meteorológicas y geopolítica, seguido de una corrección solo parcial que no ha restablecido la convergencia.
Esta divergencia refleja diferencias estructurales más profundas en la dotación de recursos, el diseño del mercado, la resiliencia del sistema y la exposición geopolítica.
De las cadenas de suministro globales al control estratégico
La tercera lección es quizá la más trascendente: la transición energética no solo está transformando los sistemas energéticos, sino que también está remodelando la propia globalización. La COVID-19 expuso la fragilidad de las cadenas de suministro altamente optimizadas, y las sucesivas crisis han acelerado un cambio de la eficiencia hacia la resiliencia y, cada vez más, hacia el control estratégico.
La transición depende de complejas cadenas de valor globales que abarcan minerales críticos, como el litio, el cobalto y las tierras raras, pero también nuevas tecnologías. Como subrayó el artículo «Green Upheaval» de Foreign Affairs, el control de estas cadenas de suministro se está convirtiendo en una nueva fuente de poder geopolítico, con China ocupando una posición dominante tanto en la extracción como en el procesamiento.
En respuesta, los gobiernos están actuando con una urgencia creciente. Estados Unidos y la Unión Europea están desplegando políticas industriales a gran escala, mientras que las estrategias de «friend-shoring» y «de-risking» cobran impulso junto con los esfuerzos por asegurar el acceso a recursos clave mediante la acumulación de reservas y las asociaciones bilaterales.«friend-shoring» y «de-risking» estrategias cobran impulso junto con los esfuerzos por asegurar el acceso a recursos clave mediante la acumulación de reservas y las asociaciones bilaterales.
Sin embargo, este cambio introduce una tensión fundamental. La transición energética exige escala global, mercados abiertos e una interconexión profunda, pero las realidades geopolíticas empujan en la dirección opuesta, hacia la regionalización y la fragmentación. Lo que está surgiendo no es necesariamente una retirada completa de la globalización, sino una forma más gestionada de interdependencia, en la que la resiliencia y la seguridad pesan cada vez más que la eficiencia.
De la gestión de crisis a la reorientación estratégica
Las tres crisis mencionadas no han descarrilado la transición energética, pero sí la han remodelado de forma fundamental. Lo que en su día se concibió como un cambio lineal y coordinado globalmente se desarrolla ahora como una transformación fragmentada, impulsada por crisis y definida por compensaciones, divergencias y competencia estratégica. Como advirtieron Bordoff y O’Sullivan, la transición energética no eliminará la geopolítica; la redefinirá.
El reto que queda por delante no es solo acelerar la transición, sino gestionar su inestabilidad inherente: diseñar sistemas energéticos que no solo sean limpios, sino también resilientes a las perturbaciones, alineados con las realidades regionales y capaces de mantener el apoyo público.
Es fundamental que esto también exija garantizar que los costes y beneficios de la transición se distribuyan de forma más equitativa, tanto dentro de los países como entre ellos, ya que la percepción de injusticia seguirá poniendo en riesgo su viabilidad política y social.
Sin esto, el mayor riesgo no es que la transición energética se vuelva más compleja, sino que se ralentice o se detenga por completo.
