• Los subsidios a los combustibles fósiles persisten a pesar de la crisis climática.
• Distorsionan el mercado energético al mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles fósiles.
• La eliminación de estos subsidios debe ir acompañada de programas sociales que reduzcan el impacto en los hogares más pobres.
En su última reunión de mayo, los ministros de Medio Ambiente del G7 acordaron eliminar gradualmente la financiación pública de los proyectos de combustibles fósiles. Estos compromisos llegan en el momento oportuno: los subsidios a los combustibles fósiles son el secreto mejor guardado de la política energética actual.
En total, se destinan cada año en todo el mundo unos 650 000 millones de dólares a subvencionar fuentes de energía. Dado el amplio consenso en torno a que la inminente catástrofe climática es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad, cabría pensar que estas enormes inversiones se destinan a las energías renovables. Sin embargo, no es así: alrededor del 70 % o 450 000 millones de dólares se destinan a combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, mientras que apenas una cuarta parte (unos 170 000 millones de dólares) se dirige a las energías renovables. El resto respalda la energía nuclear. Esto plantea dos preguntas: ¿cómo puede seguir siendo así? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Persistencia de los subsidios a los combustibles fósiles
Una explicación de la persistencia de los subsidios a los combustibles fósiles se encuentra en los Estados implicados. Países como Irán, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela encabezan la lista; son los denominados «petroestados», donde los elevados subsidios a los combustibles fósiles son una expresión de la estrecha interrelación entre la industria petrolera y el Estado. Sin embargo, estos petroestados solo encabezan la lista cuando se considera el tamaño relativo de los subsidios, es decir, como porcentaje del PIB.
En términos absolutos, el panorama es distinto. Los cinco mayores donantes representan el 44 % de todos los subsidios a los combustibles fósiles, y entre ellos figuran China (número 2) e India (5). Los diez mayores donantes representan el 63 % de los subsidios, entre ellos Indonesia (6), Egipto (8) y el Reino Unido (9). Por último, Italia, Francia, Brasil y Estados Unidos también aparecen entre los 15 primeros. Por tanto, los subsidios a los combustibles fósiles no son en modo alguno un problema exclusivo de los petroestados.
En países en desarrollo como India e Indonesia, los subsidios desempeñan sobre todo un papel sociopolítico: los combustibles baratos para cocinar, calefacción y transporte son un medio para garantizar el sustento de los más pobres. En cambio, en los países desarrollados los subsidios parecen concederse principalmente a través de la falta de transparencia, lo que permite a los grupos de interés obtener ventajas para sí mismos al margen del escrutinio de la opinión pública crítica. Por ello, y a diferencia de los países en desarrollo, son más bien los productores que los consumidores de energía quienes se benefician aquí.
Aun así, el efecto es nefasto: los esfuerzos por reducir las emisiones de CO2 mediante precios más altos se ven frustrados. Esto genera mercados distorsionados, por ejemplo en la financiación de la transición hacia la neutralidad climática; las inversiones en energías renovables resultan menos atractivas en comparación con las alternativas subvencionadas, y el resultado es una asignación subóptima del capital. Por tanto, los subsidios a los combustibles fósiles no solo provocan más emisiones perjudiciales para el clima hoy, sino también mañana.
Solo unos pocos países parecen realmente decididos a eliminar estos subsidios, siendo Estados Unidos el ejemplo más destacado. Pero en el caso de Estados Unidos, esto refleja principalmente la falta de voluntad de introducir una fijación de precios del carbono adecuada. Reducir los subsidios a los combustibles fósiles es la forma sucedánea de imputar el coste social del carbono a los productores de carbono. Incluso en los países donde existe voluntad política, la eliminación de subsidios mediante el «enfoque de corte abrupto» es poco probable que produzca los resultados deseados, como demuestran los casos de Ecuador, que sufrió disturbios sociales en 2019 tras el fin abrupto de los subsidios, y de Francia con las protestas de los «chalecos amarillos» en 2018/19.
Eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles
Por tanto, se necesita un enfoque bien meditado y con tres vertientes que, en última instancia, haga innecesarios los subsidios a los combustibles fósiles.
En primer lugar, apoyando la adopción de alternativas rentables. Desde los patinetes eléctricos de Yakarta hasta los paneles solares en zonas rurales de India, la expansión masiva de las energías renovables avanza con rapidez, y las últimas décadas han demostrado claramente lo esenciales que son las economías de escala en este ámbito. Al duplicarse la capacidad, los costes de producción de electricidad bajan, en general, alrededor de un tercio. Como resultado, generar electricidad a partir de energías renovables resulta hoy más barato que hacerlo con carbón o petróleo.
En segundo lugar, para acelerar la transición hacia suministros energéticos respetuosos con el clima, los subsidios destinados a los productores que actualmente operan en el sector de los combustibles fósiles deberían orientarse a reducir las emisiones. Los productores de energía pueden conservar sus subsidios, pero solo si elaboran planes de transición de acuerdo con el objetivo de 1,5 grados y los cumplen. Si no se alcanzan los objetivos, los subsidios podrán recuperarse.
En tercer lugar, y lo más importante, los subsidios a los combustibles fósiles deben volverse redundantes por razones de política social. Esto es aún más urgente tras la crisis de la COVID-19, que ha agravado las desigualdades existentes. Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles para los consumidores de energía podría incluso contribuir a crear una sociedad más igualitaria, ya que los mayores beneficiarios de estos subsidios son quienes más energía consumen, que habitualmente no son los hogares más pobres.
Tal como están las cosas, eliminar los subsidios recaería con mayor fuerza en los hogares más pobres, que destinan a gastos relacionados con la energía el doble de sus ingresos que los hogares más ricos. Para contrarrestarlo se necesitan programas sociales focalizados. Mediante el uso de los subsidios «ahorrados» a los hogares más ricos, estos programas podrían incluso llegar a autofinanciarse hasta cierto punto. No obstante, estas medidas no deberían limitarse a ofrecer ayuda puntual, sino abordar la causa profunda de la pobreza. La forma más prometedora de hacerlo es invertir en la infancia, lo que genera beneficios en todos los ámbitos: educación, salud, empleo y riqueza. El “American Families Plan” de la administración Biden «American Families Plan» podría servir aquí de modelo. En general, la política climática debe integrarse, en última instancia, en una renovación fundamental del contrato social.
Los subsidios a los combustibles fósiles son un problema y se oponen diametralmente a la política climática moderna. Al mismo tiempo, son una expresión de fracturas sociales y políticas más profundas. Por tanto, eliminarlos simplemente por razones de política climática no es una solución sostenible. También deben eliminarse sus causas. El nuevo compromiso de los países del G7 es un buen comienzo, pero se necesita una estrategia global que incluya a los países en desarrollo y emergentes. El siguiente paso debería ser la adopción de la «Declaración de Nápoles» sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles por parte de los ministros de Medio Ambiente, Clima y Energía del G20 en su reunión del 23 de julio en Nápoles.
