El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo recientemente al Congreso estadounidense que los estadounidenses deben «trabajar para reducir el precio artificialmente elevado de los medicamentos y hacerlo de inmediato». Tiene razón en que, en Estados Unidos, los medicamentos con receta son muy caros, una realidad que ha provocado un gran enojo entre la población. Pero, al abordar este problema, Trump debe tener cuidado de no socavar la innovación científica.
La relación entre las necesidades médicas no atendidas, la innovación y los altos precios de los medicamentos es compleja y políticamente delicada. Por ejemplo, la aprobación en 1983 de la Ley de Medicamentos Huérfanos de Estados Unidos respaldó con éxito el desarrollo de tratamientos para enfermedades raras. Sin embargo, pese a los incentivos financieros (como las reducciones fiscales) que la ley ofrecía a las empresas para la investigación y el desarrollo, los tratamientos resultantes tienen precios desorbitados. Además, algunas empresas se aprovecharon del sistema y readaptaron medicamentos antiguos para venderlos como medicamentos huérfanos mucho más caros, una práctica que avivó el enojo de la población.
Por justificado que pueda estar parte de ese enojo, la realidad es que el proceso de descubrir y desarrollar nuevos medicamentos es muy difícil y está plagado de riesgos. Los procesos anómalos que subyacen a muchas enfermedades siguen siendo un misterio, y es difícil realizar estudios médicos experimentales que sean a la vez éticos y eficaces.
Como resultado, el proceso de investigación y desarrollo de medicamentos es propenso al fracaso. De cada 100 medicamentos contra el cáncer que llegan a la fase de ensayos clínicos, solo siete obtienen la aprobación regulatoria. La mayoría fracasa mucho antes. Todo esto cuesta dinero.
El proceso de aprobación también eleva los costos de los medicamentos; Trump lo describe como «lento y oneroso». Por supuesto, está concebido para proteger a los consumidores, pero eso no cambia lo caro que puede resultar para quienes innovan. Si se suman todos estos costos, las 15 empresas que más gastan en la industria farmacéutica invierten, en promedio, unos 3.000 millones de dólares en investigación y desarrollo por cada nuevo medicamento que logra llegar al mercado.
Pero la innovación no es obra exclusiva de las grandes empresas farmacéuticas. Al contrario, históricamente, las pequeñas empresas independientes, como Silver Creek Pharmaceuticals, de la que soy director ejecutivo, han sido las responsables de las innovaciones en el desarrollo de medicamentos. Luego, estas empresas venden los medicamentos que desarrollan, o incluso la empresa entera, a compañías más grandes.
Para conseguir inversiones, empresas como la mía deben demostrar que, una vez que un medicamento llega al mercado, los beneficios compensarán con creces los costos de los intentos fallidos. No hay un trato especial basado en el imperativo moral de curar a los enfermos. Al buscar financiación, competimos por el mismo capital que cualquier otro, incluido, por ejemplo, el sector de los videojuegos, que ofrece excelentes rendimientos a los inversores, pero beneficios cuestionables para la humanidad.
El precio de un medicamento novedoso influye directamente en la disponibilidad de capital para financiar el desarrollo del siguiente. Esto importa para todos los sistemas de atención de la salud, pero especialmente para Estados Unidos, porque la innovación científica, también en el sector farmacéutico, representa su principal ventaja competitiva y una de sus contribuciones más importantes al mundo.
Mi argumento de que los precios altos son el precio de la innovación quizá resulte reconfortante para los grupos de presión farmacéuticos. Pero no podemos olvidar la otra cara del asunto: garantizar que los medicamentos estén al alcance de quienes los necesitan.
Trabajé durante 20 años en un sistema que, en muchos sentidos, ejemplifica este segundo imperativo: el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido. Durante ese tiempo, presidí el Comité de Uso de Medicamentos de mi hospital, que seleccionaba los nuevos fármacos en los que invertir nuestro presupuesto limitado. Nuestros criterios eran sencillos: seguridad, eficacia y relación calidad-precio. Aunque mi función ha cambiado, mi opinión sobre lo que constituye una buena relación calidad-precio en un medicamento no ha cambiado.
A veces, mis colegas médicos se sentían frustrados porque no podíamos ofrecerles el medicamento «milagroso» más novedoso: sencillamente, era demasiado caro. Al igual que el NHS en general, teníamos que aprovechar al máximo nuestro presupuesto, recurriendo de forma decidida a los medicamentos genéricos y gestionando las opciones disponibles para quienes prescribían. Me enorgullece nuestro historial de conseguir medicamentos verdaderamente innovadores para nuestros pacientes sin llevar al hospital a la quiebra.
Al fijar los precios de los medicamentos, el país donde nací y mi país de adopción han elegido claramente caminos distintos. Podemos aprender de ambas experiencias.
En el Reino Unido, el Estado decide en la práctica qué medicamentos salen ganando. Aunque esto amplía el acceso a muchos fármacos, también implica costos considerables (porque deja margen para retrasos y presiones de grupos de interés, y las decisiones quedan en manos de personas sin conocimientos especializados) y limita la innovación. Sin embargo, cabe señalar que el NHS cubre al 100 % de la población del Reino Unido con gastos directos mínimos o nulos, y destina a la atención de la salud, como proporción del PIB, menos de la mitad de lo que gasta Estados Unidos.
En Estados Unidos, donde el mercado libre determina los precios de los medicamentos, el resultado son precios más altos, cubiertos mediante seguros, impuestos y copagos. Esto permite que continúe la innovación farmacéutica, pero también dificulta que algunos estadounidenses puedan costear los medicamentos que necesitan. En este sentido, los estadounidenses están asumiendo, en la práctica e injustamente, la carga de financiar futuras innovaciones farmacéuticas que beneficiarán al mundo entero.
La administración Trump se enfrenta ahora a un dilema. Si no se reducen los precios medios de los medicamentos, el enojo popular seguirá intensificándose. Si se recortan indiscriminadamente, el capital saldrá en masa de Estados Unidos y se dirigirá a países más favorables al desarrollo de medicamentos, o abandonará por completo ese ámbito.
Por eso, la administración Trump debería promover un debate racional en el que participen representantes de todos los sectores de la industria de la atención de la salud. Para evitar que el debate sucumba al populismo o a las presiones de los grupos de interés de la industria, debería inspirarse en las lecciones de sistemas como el NHS (que Trump ha elogiado en el pasado) sobre cómo reducir el gasto general en atención de la salud y aprovechar las innovaciones con una buena relación calidad-precio.
Solo un enfoque abierto y matizado como este puede equilibrar los imperativos de garantizar el acceso de los estadounidenses a los medicamentos y preservar la ventaja competitiva de Estados Unidos y su contribución al mundo. La administración Trump debería encabezar este esfuerzo.
