A: «Acabo de enterarme de que los inquilinos han dañado la entrada de mi vivienda, que tengo alquilada. Quiero que me reembolsen los gastos de reparación, pero ¿puedo asumir el riesgo y el coste de un litigio civil?»
B: «¿Por qué no confiar en un algoritmo?»
A: «¿Un algoritmo? ¡Jamás pondría mis derechos legales en manos de un algoritmo!»
B: «Los algoritmos no tienen manos ni corazón, ni preferencias ni actitudes. Simplemente hacen cálculos y ofrecen respuestas objetivas, neutrales y fiables a tus preguntas: cuáles son las mejores soluciones jurídicas y qué probabilidad tienes de recuperar los gastos de reparación. Los algoritmos pueden responder a esas preguntas.»
A: «¿Significa eso que podría seguir adelante incluso sin abogado? Me tranquilizaría saber que recibiría información neutral y objetiva. Solo una pregunta: ¿quién crea los algoritmos?»
B: «Bueno, es complicado; la verdad es que no lo sé…»
A: «Entonces, ¿cómo sabemos si el algoritmo está bien diseñado?»
B: «Se basaría en inteligencia artificial…»
A: «Pero ¿cómo podemos calificar algo de inteligente si no entendemos cómo funciona?»
¿Es una conversación sacada de una obra de ciencia ficción? En absoluto. El análisis de macrodatos y las aplicaciones algorítmicas ya están apareciendo en los tribunales tradicionales de muchos países, tras la integración y ampliación de los sistemas de tecnologías de la información (TI) ya existentes. Una de las principales aplicaciones de TI es la gestión de expedientes, que puede reducir costes y acelerar la tramitación de los casos. Sin embargo, hoy la tecnología parece propiciar un cambio mucho más disruptivo y revolucionario.
En Francia, la posibilidad de usar mecanismos algorítmicos de resolución de disputas para asuntos judiciales relativamente menores se ha incluido en la agenda de reforma de la justicia presentada por la ministra de Justicia, Nicole Belloubet. Podrían verse afectados aproximadamente 2,7 millones de casos.
Sin embargo, la ampliación del procedimiento de mediación en línea a los casos que tradicionalmente han sido tramitados y resueltos por jueces de primera instancia —en particular, las reclamaciones de menor cuantía y las faltas— requiere la atención de académicos y profesionales, así como de la ciudadanía y otras partes interesadas.
Como lo describe acertadamente el jurista Antoine Garapon, nos enfrentamos a una revolución que plantea preguntas serias. Esta revolución consiste en un nuevo método para abordar tanto el proceso de elaboración de normas como la construcción de la realidad, tal como lo describieron Peter Berger y Thomas Luckmann. La transformación digital de la forma en que se imparte justicia a demandantes y litigantes afecta a nuestra manera de construir la realidad, los hechos y los argumentos jurídicos, tradicionalmente delegados en los jueces. ¿Y cuál es el nivel mínimo de conocimiento y conciencia que las instituciones deberían garantizar que tengan los titulares de derechos para que puedan decidir si presentan o no una reclamación, o si inician o no un proceso judicial?
Del procesamiento a la predicción
Hace varios años, el Departamento de Policía de Los Ángeles adoptó un sistema policial predictivollamado PredPol. Aunque superficialmente se parece a la práctica tradicional de cartografiar zonas críticas, utiliza enormes conjuntos de datos sobre comportamientos individuales y vecindarios, y promete orientar mejor los esfuerzos policiales para reducir la delincuencia. En Ámsterdam se está desarrollando una plataforma similar, llamada Sistema de Anticipación de la Delincuencia (CAS).
Sin embargo, estos enfoques plantean muchas preguntas. La labor policial podría reducir la actividad delictiva en un lugar, solo para que se traslade a otro. O los posibles delincuentes podrían esperar a que se marchen los agentes antes de actuar. Un enfoque relacionado es la cartografía de zonas de riesgo, que combina el historial delictivo de una región con los comportamientos locales para determinar las zonas propensas a la delincuencia.
Otra aplicación que va más allá de la simple gestión de casos es la resolución de disputas en línea, adoptada en el Reino Unido y también en los Países Bajos. Muchos académicos y profesionales del derecho sostienen que estos mecanismos tienen un potencial considerable y aún poco explorado.
Aunque los cambios impulsados por las TI pueden plantear dificultades, la jueza Dory Reiling, del Tribunal de Distrito de Ámsterdam, ha sostenido que pueden contribuir a los procesos de toma de decisiones jurídicas y judiciales, así como a los acuerdos en litigios. En un artículo de 2017 sobre la resolución de disputas en línea, cita varios ejemplos:
«El Civil Resolution Tribunal es un tribunal digital creado para resolver disputas relacionadas con la propiedad horizontal y la vivienda subvencionada en Columbia Británica, Canadá. Ayuda a explorar soluciones a un problema, preparar documentos y, si es necesario, acceder a una audiencia ante el tribunal.»
«Rechtwijzer uit elkaar [orientación jurídica para la separación] ayuda a las parejas que quieren separarse o divorciarse a elaborar un plan para la separación y a llevarla a cabo. A finales de junio de 2016, según la información del sitio, más de 1.000 parejas habían empezado a preparar un plan de separación. La herramienta incluye formularios en línea, función de chat, herramientas de cálculo y la posibilidad de recibir ayuda de un experto.»
Macrodatos para detectar comportamientos
La llegada de estas tecnologías también puede tener otros efectos. Por ejemplo, cuando los documentos relacionados con procedimientos de litigio civil se escanean sistemáticamente y se ponen a disposición en formato digital, podría ser posible realizar análisis a gran escala, como parte del análisis de datos.
Muchos documentos y procedimientos jurídicos ya se gestionan mediante herramientas digitales. Sin embargo, nuevas leyes podrían impulsar aún más el uso de la inteligencia artificial.Shutterstock
El conocimiento que puede extraerse de grandes conjuntos de datos sobre litigios civiles o comerciales —y quizá, con el tiempo, también sobre causas penales— podría aportar información sobre las correlaciones entre situaciones, comportamientos y decisiones judiciales. Por ejemplo, pueden detectarse patrones de comportamiento de litigantes, abogados y jueces y ponerlos a disposición del público en general. Los algoritmos también podrían indicarnos la probabilidad de que una decisión jurídica o una resolución judicial de un caso se fije en un determinado nivel, ya se trate de costes, honorarios, penas, sanciones económicas u otros aspectos.
Pero ¿es esto todo lo que necesitamos saber y la historia que queremos contar a las generaciones futuras?
Una cuestión de eficiencia y reducción de costes
Tras una larga serie de reformas orientadas a la independencia judicial, organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OCDE han promovido un enfoque centrado en la eficiencia, en lugar de exclusivamente en la imparcialidad.
En este sentido, se alaba a los sistemas basados en TI por su potencial percibido para reducir costes. Además, la posibilidad de acceder a las instituciones de justicia mediante herramientas en línea —el portal público a través del cual las personas pueden presentar un caso o hacer seguimiento de aquel en el que son litigantes o acusados— puede ser una ventaja para los sistemas judiciales muy dispersos, donde a la ciudadanía quizá le resulte difícil desplazarse hasta los tribunales centrales.
Las cifras del Consejo de Europa ofrecen una visión interesante de cómo y hasta qué punto se han incorporado las TI a los sistemas judiciales.
El ejemplo francés
Las tecnologías de la información también pueden aumentar la igualdad de acceso a la información. Eso es lo que ofrece el sistema SAUJ de Francia: Service d’accueil unique du justiciable («servicio único de atención a los justiciables»).
El SAUJ es un mostrador virtual establecido en los tribunales de primera instancia donde la ciudadanía puede recibir información gratuita, obtener indicaciones y acceder a los casos en los que participa, ya sea como litigante, víctima, testigo o acusado. Su atractivo reside en que simplifica el acceso al sistema de justicia.
Introducido en Francia a modo de prueba en 2014 y evaluado posteriormente en una muestra de tribunales piloto entre 2014 y 2016 —Bobigny, Brest, Dunkerque, Privas y Vesoul, en Francia, y Saint-Denis, en La Reunión—, desde entonces se ha extendido al sistema judicial nacional. El uso del SAUJ busca aumentar la rendición de cuentas de los tribunales ante la ciudadanía, incluida la gestión de recursos, productividad y organización.
Sin embargo, el SAUJ no cuenta toda la historia del impacto disruptivo de las TI en el sistema jurídico, tanto en sentido positivo como negativo.
Cambios transformadores para los jueces
Llevadas más lejos, las tecnologías de la información podrían proporcionar herramientas completamente desmaterializadas para facilitar las decisiones de los jueces o orientar mejor las elecciones de la ciudadanía y sus representantes legales. Por ejemplo, un juez que deba pronunciarse sobre un caso complejo y sin precedentes quizá quiera conocer la jurisprudencia pertinente. El análisis de datos puede ofrecer información útil al analizar casos ya resueltos y sacar a la luz los que sean similares.
También podrían detectarse fácilmente las tendencias en las tasas de apelación y revisión, y revelarse los patrones de decisiones anteriores en situaciones similares. Con estos algoritmos, quienes reclaman una indemnización podrían conocer el resultado de casos parecidos y, si fuera necesario, ajustar sus estrategias o incluso decidir no seguir adelante.
¿Es la tecnología una garantía de calidad e igualdad?
Aunque más tecnología podría aportar más información, ¿nos permitirá tomar decisiones no solo de mayor calidad, sino también más igualitarias?
Hay que responder a varias preguntas. ¿Cómo se diseñarían, desarrollarían y supervisarían estas herramientas de TI? ¿Qué razonamiento inspira la creación de esos algoritmos? ¿Y hasta qué punto puede la ciudadanía conocer mejor ese razonamiento que los siglos de tradición que sustentan los métodos actuales de resolución judicial?
Lo que marca toda la diferencia entre el código jurídico y un algoritmo en cuanto a la calidad de la justicia es la posibilidad de que la ciudadanía comprenda el universo en el que vive y asuma responsabilidad en él. Quienes son titulares de derechos a veces son litigantes, a veces víctimas, a veces emprendedores, pero siempre son ciudadanos.
Por eso, la revolución digital en el ámbito jurídico debe observarse desde el punto de vista de la ciudadanía, al margen de los propios algoritmos. Durante años, la opacidad y la inteligibilidad del sistema judicial han ocupado un lugar prioritario en la lista de dimensiones que debe tener en cuenta un sistema de calidad de la justicia. En la misma línea, si queremos garantizar que las leyes y los casos judiciales sean comprensibles para la ciudadanía y para quienes no son expertos en derecho, ¿deberíamos reclamar también más transparencia y capacidad de respuesta en el proceso de creación de algoritmos (en la elaboración de normas impulsadas por las TI)?
Otra pregunta, distinta pero igual de apremiante, consiste en comprender mejor el punto de vista de jueces y abogados sobre el razonamiento que sustenta las herramientas de TI y su uso, herramientas en las que se basarían sus actividades cotidianas. Esto ayudará a garantizar que sigamos rigiéndonos por la ley y no caigamos en la trampa de equiparar el Estado de derecho con el gobierno del código.
