¿Cómo debemos regular los drones?

¿Cómo debemos regular los drones?
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Al parecer, los drones están de repente por todas partes. Han sobrevolado las tramas de thrillers televisivos estadounidenses como 24 y Homeland; el gigante minorista en línea Amazon.com los ha planteado como una posible opción de entrega; se han utilizado en zonas de desastre en Haití y Filipinas, y han sobrevolado de forma amenazadora centrales nucleares francesas. Esta tecnología, antes secreta, se ha vuelto casi omnipresente.

Dado que los responsables políticos de Estados Unidos y Europa están decididos a abrir el espacio aéreo civil a los drones no militares, estos aviones no tripulados serán cada vez más comunes. Por eso es crucial identificar y abordar rápidamente los desafíos singulares que plantean para las libertades civiles y la privacidad.

Para empezar, los drones están cambiando significativamente la forma en que se recopilan los datos. Hasta ahora, la mayoría de los drones civiles solo estaban equipados con cámaras de alta resolución, que ofrecían a policías, equipos de búsqueda y rescate, periodistas, cineastas e inspectores de cultivos e infraestructuras una vista panorámica de su entorno. Pero eso está a punto de cambiar. Los fabricantes están experimentando con drones capaces de captar imágenes térmicas, prestar servicios de telecomunicaciones, tomar mediciones ambientales e incluso leer y analizar datos biométricos. Además, algunos operadores se han interesado en recopilar «macrodatos» mediante el uso simultáneo de una variedad de sensores.

Mientras tanto, los drones son cada vez más pequeños, lo que les permite infiltrarse en espacios normalmente inaccesibles. Pueden asomarse por las ventanas, entrar volando en edificios y permanecer, sin ser detectados, en rincones u otros espacios reducidos. Su tamaño y silencio permiten utilizarlos para la vigilancia encubierta, lo que suscita preocupación por el espionaje industrial, el sabotaje y el terrorismo. El próximo dron que sobrevuele una central nuclear francesa quizá sea demasiado pequeño para que alguien lo note.

El precio de los drones también está cayendo en picado. Ya se puede desplegar un modelo básico por apenas unos cientos de dólares. A los operadores comerciales, que quieren mantener buenas relaciones con sus clientes, les interesa utilizar los drones de forma responsable. Pero es probable que a los particulares les importe menos respetar ciertos límites al utilizarlos para espiar a vecinos, familiares o al público en general.

Es necesario actuar. Pero, aunque las implicaciones para la privacidad de los drones pequeños, omnipresentes y de bajo coste, equipados para recopilar una amplia variedad de datos, son evidentes, no lo es cuál sea la respuesta adecuada. Prohibirlos sin más privaría a la sociedad de los numerosos beneficios que ofrecen, desde su uso en tareas peligrosas, sucias o tediosas hasta sus menores costes de operación y mantenimiento en comparación con las aeronaves tripuladas.

Es poco probable que el uso de drones para fumigar cultivos, vigilar la contaminación o realizar la mayoría de las operaciones de búsqueda y rescate suscite serias preocupaciones. Pero otras aplicaciones, en particular por parte de la policía, los periodistas y los particulares, claramente podrían hacerlo. La enorme variedad de posibles aplicaciones de esta tecnología hace casi imposible regularla únicamente mediante leyes. En su lugar, las partes interesadas de todos los niveles deben evaluar caso por caso el posible impacto en la privacidad, la protección de datos y la ética.

Los operadores de drones bienintencionados deben considerar detenidamente cómo sus actividades podrían vulnerar la privacidad y las libertades civiles, y tomar medidas para minimizar estos efectos, utilizando, en la medida de sus posibilidades, herramientas existentes como las evaluaciones de impacto en la privacidad. Las autoridades de protección de datos, las organizaciones de la sociedad civil y los responsables de privacidad de empresas y organizaciones públicas deberían publicar orientaciones sobre el uso de drones, como han hecho con otras tecnologías existentes y emergentes. Las directrices que rigen el uso de la televisión en circuito cerrado podrían servir como un buen punto de partida, pero deben complementarse para tener en cuenta los distintos tipos de datos que puede recopilar un dron.

Los fabricantes de drones también deben poner de su parte, entre otras cosas, proporcionando orientaciones que ayuden a los usuarios —especialmente a los particulares— a utilizar sus productos dentro de los límites de la ley. Deberían incluirse números de serie para que los drones puedan rastrearse. Las autoridades civiles deberían complementar estos esfuerzos considerando cómo podría utilizarse la legislación vigente sobre privacidad, protección de datos, allanamiento y acoso para procesar a los operadores que vulneren los derechos humanos. Por último, las compañías de seguros pueden ofrecer los incentivos adecuados explorando el potencial de mercado derivado de la responsabilidad en caso de uso indebido o accidentes.

El desafío es a la vez urgente y complejo. Es necesario proteger los derechos de los ciudadanos antes de que el mercado y los propios drones despeguen de verdad.

Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica el respaldo del Foro Económico Mundial a estas opiniones.

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Autoría: Rachel Finn es analista sénior de investigación en Trilateral Research & Consulting, donde investiga cuestiones de privacidad, protección de datos y ética relacionadas con las nuevas tecnologías. David Wright es socio director de Trilateral Research & Consulting y autor de Surveillance in Europe.

Imagen: Un avión sobrevuela un dron. REUTERS/Carlo Allegri

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