La capacidad de decidir cuándo o si tener hijos no es solo un derecho humano básico; también es la clave del empoderamiento económico, especialmente para las mujeres pobres. Sin embargo, en demasiados países en desarrollo, este derecho se ve socavado por la falta de acceso a formas seguras y modernas de anticoncepción.
La decisión de formar una familia es una de las más importantes que puede tomar una persona. Además, es un derecho humano fundamental; solo los adultos deberían tener el poder de decidir si, cuándo o con qué frecuencia concebir. Y, sin embargo, para millones de personas en todo el mundo, este derecho sigue sin hacerse realidad.
Más de 200 millones de mujeres en países en desarrollo que desean retrasar o evitar el embarazo no utilizan anticonceptivos modernos. Las mujeres pobres, con menor nivel educativo o que viven en zonas rurales pueden enfrentar barreras económicas, culturales e institucionales significativas para el control de la natalidad, y a menudo, por desesperación, recurren a formas peligrosas de prevención del embarazo. Si las mujeres tuvieran acceso universal a información y servicios de planificación familiar voluntarios, las muertes maternas podrían reducirse hasta en tres cuartas partes y las muertes infantiles hasta en una quinta parte.
Pero la planificación familiar hace más que salvar vidas; también ahorra dinero. Por cada dólar invertido en servicios de salud reproductiva, se ahorran 2,20 dólares en costos de atención sanitaria relacionados con el embarazo. Además, cuanto más tarda una mujer en tener hijos, más tiempo puede participar en la fuerza laboral remunerada, lo que impulsa la salud económica y la prosperidad de las comunidades pobres.
Algunos gobiernos ya han reconocido estos beneficios y están asignando fondos en consecuencia. En Tailandia, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha incrementado su presupuesto de planificación familiar con el argumento de que el gasto adicional ahora reducirá los costos de atención sanitaria en el futuro.
La evaluación de las autoridades tailandesas es correcta; cuando los países en desarrollo realizan inversiones que permiten a los jóvenes formar una familia solo cuando están preparados, las tasas de natalidad disminuyen y la proporción de la población en edad de trabajar aumenta en relación con la población dependiente. Los llamados “dividendos demográficos” se prevé que sean especialmente elevados en los países de África Subsahariana, donde aproximadamente un tercio de la población tiene entre diez y 24 años.
Aun así, a pesar de las numerosas ventajas asociadas a los servicios de planificación familiar, demasiados países siguen sin destinar fondos suficientes a esta parte vital de sus sistemas de atención sanitaria. La Coalición de Suministros de Salud Reproductiva, un grupo global de investigación y promoción, estima que los países en desarrollo afrontan una brecha de financiación de 793 millones de dólares en suministros anticonceptivos en los próximos tres años. Para las mujeres pobres en particular, los servicios financiados por el gobierno suelen ser la única opción para soluciones de planificación familiar seguras y eficaces. Cuando no hay programas públicos disponibles, la capacidad de planificar una familia se debilita y aumenta la tasa de embarazos no deseados.
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La inversión en capital humano, cuando va acompañada de políticas económicas sólidas y mercados laborales dinámicos, genera avances significativos para las economías en desarrollo. Financiar plenamente las necesidades de planificación familiar de los países pobres sacaría a millones de personas de la pobreza, mejoraría las tasas de nivel educativo y ayudaría a cerrar la brecha salarial de género en el Sur Global. Por estas y otras muchas razones, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se compromete plenamente a apoyar los esfuerzos de los países para defender el derecho de las personas, y especialmente de las mujeres, a decidir si y cuándo tener hijos.
Para 2030, el UNFPA aspira a garantizar que las mujeres de todo el mundo puedan acceder a servicios de planificación familiar sin temor a consecuencias ni costos. Pero no podemos lograrlo solos. Los líderes de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deben unirse a nosotros para trabajar en pos de este ambicioso objetivo.
Los países desarrollados podrían cubrir el déficit mundial de financiación de la planificación familiar con apenas 20 centavos por persona al año, una ganga dados los rendimientos previstos para las personas, las familias y las economías. Además del aumento del gasto, serán necesarias nuevas políticas, leyes y la aplicación de las normativas vigentes para ayudar a proteger a las mujeres y empoderar a las parejas jóvenes.
Los esfuerzos por ampliar el acceso a los servicios y la atención en materia de planificación familiar no son nuevos. Hace cincuenta años, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán, la comunidad mundial declaró que “los padres tienen un derecho humano básico a determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos”. En aquel momento, esa idea era visionaria; hoy sabemos que hacerla realidad es una condición para un desarrollo exitoso.
