Me fascina la perspectiva de las nuevas tecnologías y las alianzas público-privadas innovadoras que alteran el statu quo en la educación de América Latina. En el pasado, los gobiernos tenían dificultades para encontrar recursos para la educación, y sus ciudadanos empobrecidos no podían invertir en su futuro. El gasto en educación, como porcentaje del PIB, fue muy bajo en toda la región durante décadas.
Hoy en día, los gobiernos destinan más recursos a la educación, especialmente a la educación primaria, gracias al aumento de sus ingresos. El sector privado también está inyectando más capital, particularmente en la educación superior, en respuesta a un entorno más abierto y competitivo. Todo esto ocurre mientras una clase media vulnerable pero sana, ansiosa por progresar, sale de la pobreza.
Sin embargo, el avance es lento y los recursos y el gasto educativos siguen todavía muy por debajo de los niveles necesarios. Los fondos de la región se invierten de forma inadecuada y no se destinan a proyectos que mejoren la calidad de la educación. Por ejemplo, en las regiones andinas del Perú, los gobiernos regionales reciben transferencias directas de los impuestos recaudados por las operaciones locales de petróleo y minería. Algunas de estas regiones tienen enormes cantidades de efectivo acumulado, pero muy poca parte de ese excedente se invierte adecuadamente. ¿Se imagina lo que se podría lograr si este excedente se destinara a la educación?
Sin embargo, los gobiernos regionales están tratando de romper el statu quo y han puesto en marcha sistemas de vales educativos (vouchers), que, en mi opinión, podrían tener un impacto significativo. Estos sistemas dependen de la inversión de socios privados para ofrecer educación a jóvenes egresados de las zonas rurales más pobres.
Actualmente, participo en un programa de vales de este tipo en el Perú, denominado Beca 18, que ofrece carreras técnicas a egresados de secundaria seleccionados en zonas remotas y volátiles del país. Sin embargo, el potencial actual está limitado por la ineficiencia, ya que los estudiantes deben ser identificados, evaluados y seleccionados en sus pueblos natales remotos, y luego los candidatos seleccionados deben trasladarse a localidades urbanas o incluso a la capital, en la costa.
Solo puedo imaginar hasta dónde podrían llegar iniciativas como Beca 18 si se combinaran con procesos escalables y las tecnologías de aprendizaje más avanzadas. Los candidatos de las zonas más remotas podrían educarse en sus propias comunidades y alcanzar los mismos niveles de competencia que los estudiantes urbanos de clase media.
Los recursos y la voluntad política están disponibles, pero para que el crecimiento se intensifique realmente, los actores públicos deben rediseñar sus sistemas para medir la calidad que ofrecen los operadores privados. Y estos últimos deben implementar los procesos y tecnologías más avanzados para reducir costos y estandarizar la experiencia de aprendizaje.
Al ampliar el acceso a una educación basada en la calidad, estos esfuerzos público-privados fortalecerían la red de protección social, dando a la clase media emergente un factor estabilizador sólido, y a los más pobres y vulnerables una oportunidad de movilidad social.
Autor: Martin Aspillaga es el director general de Salkantay Partners. Fue nombrado uno de los 199 Jóvenes Líderes Globales, Promoción 2013, por el Foro Económico Mundial.
Crédito fotográfico: Reuters Images
