La escasa voluntad política, la falta de recursos y la discriminación persistente contra las mujeres y las niñas: estas son solo algunas de las razones por las que muchos países todavía no abordan de forma abierta e integral la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Las cifras lo confirman. Cada año, en los países en desarrollo, incluidos los de África, más de 30 millones de mujeres no dan a luz en un centro de salud. Más de 45 millones reciben atención prenatal insuficiente o ninguna. Además, más de 200 millones de mujeres quieren evitar el embarazo, pero no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos.
Las Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo Sostenible—presentados en 2015— se crearon para abordar muchos de estos problemas. Los objetivos reconocen que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para la salud y la supervivencia de las personas, la igualdad de género y el bienestar de la humanidad.
Pero muchos países del continente todavía tienen mucho camino por recorrer antes de avanzar en el cumplimiento de estos objetivos.
Con el objetivo de promover estos derechos fundamentales, la Comisión Guttmacher-Lancet sobre salud y derechos sexuales y reproductivos se convocó en 2016.
Fui una de las personas expertas de todo el mundo que formaron parte de la comisión para tratar de encontrar nuevas formas de lograr la salud sexual y reproductiva universal. Nuestro principal hallazgo —publicado este año— es que los servicios de salud sexual y reproductiva están fragmentados, a menudo se duplican y son ineficientes.
Como parte de las conclusiones, hemos desarrollado un conjunto de intervenciones basadas en la evidencia y fundamentadas en los derechos humanos. Estas responden directamente a las carencias identificadas por la comisión. Se espera que, al subsanarlas, podamos contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Al fin y al cabo, promover los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva —especialmente entre las mujeres— ayudará a abordar las desigualdades de género en la salud y otros sectores.
Nuestras conclusiones
Las conclusiones de la comisión abordan componentes de la salud sexual y reproductiva ampliamente reconocidos, como los servicios anticonceptivos, la atención materna y neonatal, y la prevención y el tratamiento del VIH/sida.
Pero también abordan componentes que suelen descuidarse o tratarse de forma aislada. Estas áreas son fundamentales para que las personas puedan tomar decisiones autónomas sobre su salud y sus vidas, e incluyen:
- educación integral en sexualidad;
- abortos seguros;
- prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual distintas del VIH;
- asesoramiento y atención para la salud y el bienestar sexuales; y
- prevención, detección y abordaje de la violencia de género, la infertilidad y los cánceres del aparato reproductor.
Las intervenciones adoptan distintas formas. Un ejemplo consiste en incorporar información sobre cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción y el bienestar sexual en los programas de salud para adolescentes. Esto respeta el derecho de las personas jóvenes a decidir por sí mismas sobre su sexualidad y mejora los resultados de salud.
Otra intervención consiste en ofrecer asesoramiento sobre anticoncepción como parte de la atención posparto y posterior al aborto. Cada año, en las regiones en desarrollo, más de 200 millones de mujeres quieren evitar el embarazo, pero no utilizan métodos anticonceptivos modernos. Facilitarles este acceso les permite obtener anticonceptivos con facilidad y reduce el riesgo de embarazos no deseados.
Esta intervención podría reducir los embarazos no deseados en un 75%, de 89 millones en 2017 a 22 millones. Y solo costaría 9 USD por persona al año. Es un costo modesto, si se tiene en cuenta que la mitad ya se destina a cubrir el costo de los niveles actuales de atención.
Otras intervenciones podrían requerir modificar las leyes o políticas de un país. Por ejemplo, en 2010 el Gobierno de Kenia aprobó leyes que permiten practicar abortos en determinadas circunstancias. Pero ocho años después, los profesionales de la salud todavía se muestran reacios a realizar el procedimiento por temor a las consecuencias legales. ¿Por qué? Porque aún no se ha revisado el código penal y, por tanto, podrían seguir siendo declarados culpables de un delito.
La consecuencia de esta brecha entre la ley y el papeleo es que en Kenia se practicaron cerca de medio millón de abortos inseguros en 2012. Al menos 100 000 de esas mujeres necesitaron atención hospitalaria y alrededor de una cuarta parte murió por complicaciones.
Todo esto demuestra que, aunque lograr el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos es una meta ambiciosa, también es alcanzable y asequible.
Un camino a seguir
Los gobiernos deben tomar varias medidas para abordar estos problemas. En primer lugar, los gobiernos, las organizaciones multilaterales y quienes defienden estos derechos deben adoptar el paquete de intervenciones esenciales de salud sexual y reproductiva recomendado por la comisión y promover su inclusión en la planificación nacional e internacional.
También es fundamental que los ministerios de salud y los proveedores de servicios consideren cómo y dónde introducir estas intervenciones en el sistema de atención de salud. Además, deben determinar la mejor manera de integrar las intervenciones de salud sexual y reproductiva en otros servicios de atención de salud.
Muchos países en desarrollo no están actualmente preparados para ofrecer todo el conjunto de intervenciones. Sin embargo, eso no les impide comprometerse a lograr el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y a avanzar de manera continua y sostenida, sea cual sea su punto de partida.
* La Dra. Zeba Sathar, directora nacional del Population Council en Islamabad, Pakistán, también contribuyó a la redacción de este artículo.
