Los esfuerzos para reducir la desigualdad de género, como la educación primaria gratuita y la licencia parental remunerada, transforman las normas y mejoran la salud de las mujeres y sus hijos, según un nuevo estudio.
«Estas políticas tuvieron efectos positivos directos en la salud, así como un impacto positivo en la salud mediado por una mayor igualdad de género en la toma de decisiones», afirma la coautora Jessica Levy, profesora asociada de práctica en la Escuela Brown de la Universidad de Washington en San Luis.
«Sabemos que las consecuencias de la desigualdad de género para la salud recaen con mayor fuerza sobre niñas, mujeres y minorías de género», afirma Levy, «pero las normas de género restrictivas perjudican la salud de todos».
«Las normas de género son las “reglas” a menudo tácitas que determinan qué se valora y qué se considera aceptable para ser masculino/hombre y femenino/mujer. Están profundamente arraigadas en la cultura y las instituciones de nuestras comunidades, y pueden interactuar con otros factores sociales para afectar la salud a lo largo de la vida», afirma. «Saber cómo reducir la desigualdad de género y cambiar las normas de género restrictivas es clave para lograr mejoras duraderas y equitativas en la salud».
3 vías para reducir la desigualdad de género
En el artículo, Levy y sus coautores analizan qué se ha hecho y qué se puede hacer para reducir las desigualdades de género y flexibilizar las normas de género restrictivas, con el fin de mejorar la salud y el bienestar de las comunidades.
Analizaron tres formas clave de lograr este objetivo: los programas de salud con enfoque transformador de género (programas que buscan activamente transformar las normas y mejorar la salud); las leyes y políticas de gran escala; y las acciones relacionadas con la gobernanza.
En primer lugar, en su revisión sistemática de programas transformadores de género, comprobaron que la mayoría de las intervenciones se desarrollaron en África subsahariana (46 %), el sur de Asia (24 %) y América del Norte (16 %).
«Por un lado, nos alentó comprobar que 85 programas cumplían los criterios de inclusión de nuestro estudio y de alguna manera trabajaban para abordar las normas de género y mejorar la salud; sin embargo, solo 16 de esos programas mostraron pruebas reales de un cambio normativo más amplio», afirma Levy.
¿Qué funciona?
Levy afirma que, entre esos 16 programas, los investigadores identificaron cuatro similitudes clave:
involucraron a múltiples partes interesadas en varios niveles;
utilizaron acciones multisectoriales, reconociendo que las intervenciones que van más allá del sector sanitario pueden mejorar mejor los resultados en salud;
emplearon una programación diversificada, combinando estratégicamente actividades que se refuerzan mutuamente y abordan los problemas desde múltiples perspectivas; y
fomentaron la conciencia crítica y la participación de los miembros de las comunidades afectadas, animando a las personas a convertirse en agentes activos en la configuración de su propia salud.
Mediante modelos conceptuales y estadísticos, también estudiaron leyes y políticas con potencial para afectar la igualdad de género y la salud. El análisis de datos de más de 20 países mostró que una mayor igualdad de oportunidades en el trabajo y la educación mejoró la igualdad de género en la toma de decisiones.
El acceso a la educación gratuita durante toda la educación primaria, así como un aumento de 10 semanas en la licencia de maternidad o parental remunerada, incrementaron en alrededor de un 45 % las probabilidades de que las mujeres tuvieran poder de decisión exclusivo o compartido con sus cónyuges/parejas en el hogar, respectivamente. Los investigadores también constataron que estas mismas leyes y políticas mejoraron significativamente la salud de las mujeres y de sus hijos.
«Estos hallazgos son innovadores porque demuestran que estas políticas mejoran la salud, en parte mejorando las normas de género», afirma Levy.
Los investigadores también comprobaron que, en 97 países, un aumento del 10 % en el índice de paridad de género, un indicador que refleja la igualdad de género, se asocia con un incremento de la esperanza de vida de alrededor de uno a dos años en las mujeres y de aproximadamente un año en los hombres.
«Aumentar la igualdad de género en la representación política, por ejemplo, teniendo más mujeres y minorías de género en la mesa de decisiones, hace posible todo esto», afirma Levy.
La investigación se publica en The Lancet.
