El movimiento #MeToo ha aumentado la presión sobre los hombres en puestos de poder para que, al menos, reconozcan los obstáculos adicionales que afrontan las mujeres, desde el acoso en el trabajo hasta una persistente brecha salarial. Pero reconocerlo no basta; tampoco basta con castigar a un poderoso abusador cada vez.
«¡Hechos, no palabras!», gritaban las sufragistas británicas mientras luchaban por el derecho al voto, que conquistaron hace 100 años. Hoy, ese llamamiento a la acción parece más pertinente que nunca. A pesar de todos los avances de las mujeres en el último siglo, la tendencia a apoyar de palabra los derechos y la dignidad de las mujeres sin hacer lo necesario para protegerlas de verdad es más evidente que nunca.
En los últimos meses, movimientos de gran repercusión como #MeToo han amplificado las voces de las mujeres y animado a otras a contar historias desgarradoras de abuso, coacción y acoso. Han dejado al descubierto públicamente a personas en puestos de poder que han abusado, maltratado y victimizado de otras formas a mujeres y niñas: desde el exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein y el magnate de los casinos Steve Wynn hasta empleados de Oxfam que presuntamente intercambiaron sexo por ayuda.
Algunas de estas figuras, como Larry Nassar, exmédico de USA Gymnastics, han sido llevadas ante la justicia. También están afrontando las consecuencias algunos de quienes no protegieron a las jóvenes, incluidos los consejos de administración de USA Gymnastics y Wynn Resorts, y el presidente de la Universidad Estatal de Michigan, donde Nassar formaba parte del profesorado. Todo esto ha aumentado la presión sobre los hombres en puestos de poder para que, al menos, reconozcan los obstáculos adicionales que afrontan las mujeres, desde el acoso en el trabajo hasta una persistente brecha salarial.
Pero reconocerlo no basta; tampoco basta con castigar a un poderoso abusador cada vez. Debemos construir una cultura y un sistema en los que las mujeres —por no mencionar a otros grupos marginados— no tengan que enfrentarse a esas barreras. Y, pese a todas las palabras de apoyo, ha faltado gravemente la acción concreta en este ámbito.
¿Qué aspecto tendría esa acción? Para empezar, abordaría la difuminación de la distinción entre lo privado y lo público, una tendencia que algunos líderes han tardado en reconocer.
En cierto modo, esta difuminación beneficia a las personas marginadas. Ya no se tolera como antes que alguien se comporte profesionalmente en el trabajo, pero de forma monstruosa en casa. Esto quedó claro en el caso de Rob Porter, exsecretario de personal de la Casa Blanca, a quien sus dos exesposas acusaron de violencia doméstica; su segunda esposa solicitó contra él una orden de protección de emergencia en 2010.
La Casa Blanca conocía bien las acusaciones contra Porter, respaldadas por pruebas fotográficas. El trámite de su autorización de seguridad se retrasó debido a la preocupación de que fuera «violento». Aun así, siguió ascendiendo dentro de la administración Trump, que ha intentado repetidamente ocultar el asunto. Solo cuando se hizo pública la información sobre el pasado de Porter se vio obligado a dimitir.
La forma en que la Casa Blanca gestionó el caso de Porter refleja la disposición de la administración Trump a ponerse del lado de cualquiera que sirva a su agenda política, como Roy Moore, el candidato republicano al Senado por Alabama que perdió las elecciones, incluso después de que surgieran acusaciones creíbles de que había hecho insinuaciones sexuales a varias mujeres cuando eran menores. Pero la tolerancia del público hacia ese comportamiento claramente se está agotando. En Alabama, un estado abrumadoramente republicano, los votantes eligieron al rival demócrata de Moore.
Pero la difuminación de la línea entre lo público y lo privado también tiene otra faceta, debido a la interconexión de la vida laboral y social de las personas. Las fiestas navideñas de la oficina o las actividades de trabajo fuera de ella, por ejemplo, pueden generar confusión sobre las normas de conducta, además de oportunidades para comportarse mal.
En algunos casos, se han diseñado eventos sociales para propiciar ese comportamiento. Una investigación encubierta del Financial Times reveló recientemente que el «Presidents Club» organizaba eventos benéficos anuales exclusivos para hombres: encuentros secretos en los que figuras británicas de los negocios, el Gobierno y el entretenimiento recaudaban fondos para causas benéficas. Pero también eran eventos sociales en los que los asistentes bebían, se entregaban a la juerga y acosaban sexualmente a anfitrionas vestidas con poca ropa, a quienes se había exigido firmar acuerdos de confidencialidad.
Tomar medidas eficaces para poner fin a esas actividades beneficia a todos, no solo a las posibles víctimas. Las organizaciones que representan los acosadores también se beneficiarían al reducir el riesgo de sufrir graves daños a su reputación.
En el ámbito empresarial, los directores ejecutivos y los miembros de los consejos de administración tienen una responsabilidad de tutela para proteger la reputación de su empresa. Eso significa aplicar medidas creíbles para garantizar que los colegas o empleados no abusen de su poder dentro ni fuera de la oficina, y exigir responsabilidades a quienes desprestigien a la empresa.
Cada vez es más difícil encubrir los abusos de poder y el incumplimiento del deber de protección, por lo que es más probable que tengan consecuencias negativas. Las figuras poderosas que esperan poder limitarse a expresar su apoyo y ganar tiempo hasta que todo vuelva a la normalidad se llevarán una desagradable sorpresa. La presa se ha roto y el ajuste de cuentas ha comenzado. Al igual que las sufragistas británicas, quienes exigen medidas solo quedarán satisfechos cuando sus demandas razonables se traduzcan en acciones concretas.
