Las últimas décadas han traído avances significativos hacia un mundo más justo e igualitario en ámbitos como la reducción de la pobreza, la inmunización y la esperanza de vida. Sin embargo, en algunos ámbitos, el cambio ha sido dolorosamente lento. En uno de ellos –la igualdad de género en la educación–, el problema es tan sencillo como profundo: nos estamos centrando en el indicador equivocado.
Por supuesto, hay buenas noticias. Como señala el Informe de Género 2019 del Seguimiento Mundial de la Educación (GEM) de la UNESCO Informe de Género 2019 , el número de mujeres adultas analfabetas en los países de ingreso mediano alto se redujo en 42 millones entre 2000 y 2016. Y los avances en matriculación en la mayoría de los países implican que los países más ricos se enfrentan cada vez más al desafío opuesto, ya que más niños que niñas no completan la educación secundaria.
Estas disparidades ponen de manifiesto las limitaciones del enfoque actual, que se centra en la paridad de género; es decir, en garantizar que un número igual de niños y niñas asistan a la escuela. Por supuesto, lograr que las niñas asistan a las aulas sigue siendo sumamente importante en algunos de los países más pobres del mundo, y puede lograrse con medidas específicas, por ejemplo, para hacer más seguros sus trayectos diarios. Entre los 20 países con las mayores disparidades de este tipo, Guinea, Níger y Somalia destacan por su compromiso con el cierre de la brecha.
Pero contar con cifras equilibradas de matriculación escolar es solo el comienzo. También es necesario abordar las causas profundas de los resultados educativos desiguales. En los países de bajos ingresos, esto implica evaluar lo que ocurre dentro de la escuela y las oportunidades que existen tras completar los estudios, ambos aspectos condicionados por las actitudes sociales en torno al género.
En todo el mundo, las niñas y las mujeres reciben constantemente el mensaje de que su función principal debe ser la de cuidadoras. En la sexta Encuesta Mundial de Valores, realizada entre 2010 y 2014 en 51 países, la mitad de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que “cuando una mujer trabaja a cambio de un salario, los hijos sufren”.
Ante estas percepciones, es menos probable que las familias y las comunidades den una alta prioridad a la educación de las niñas. La misma encuesta reveló que una de cada cuatro personas en el mundo sigue creyendo que la educación universitaria es más importante para un niño que para una niña.
Este mensaje se refuerza en las escuelas. El alumnado estudia con libros de texto que refuerzan los estereotipos y omiten las contribuciones históricas de las mujeres. Y, aunque la mayoría del profesorado son mujeres, quienes dirigen los centros escolares suelen ser hombres.
No es de extrañar, por tanto, que incluso las niñas que sí reciben algo de educación tiendan más a seguir trayectorias profesionales tradicionalmente “femeninas”, como las profesiones domésticas y de cuidados. Las mujeres representan algo más de una cuarta parte de quienes están matriculados en programas de ingeniería, industria manufacturera y construcción, y de tecnologías de la información y la comunicación.
Estas expectativas basadas en el género también suelen dar lugar a actitudes permisivas –no solo sociales, sino también legales– hacia el matrimonio infantil, el embarazo temprano, el trabajo doméstico e incluso la violencia sexual, también en la escuela. Al menos 117 países y territorios todavía permiten que los niños contraigan matrimonio. Cuatro países del África subsahariana prohíben que las niñas regresen a la escuela durante o después de un embarazo. Y, en la mayoría de los países, es más del doble de probable que las niñas participen en el trabajo doméstico infantil que los niños.
Todo ello limita gravemente las perspectivas de las niñas y las mujeres, dejándolas en una situación de vulnerabilidad económica, social y física. Si queremos proteger los derechos de las niñas, incluido su derecho a la educación, debemos actuar para cambiar las políticas perjudiciales y las normas sociales que las sustentan. Por ejemplo, las estrategias educativas deberían incluir revisiones pertinentes de los currículos y los libros de texto.
Sin embargo, en 16 de los 20 países con la mayor disparidad de género que analizamos, estas consideraciones no figuran en la agenda de las autoridades. Angola, la República Centroafricana, Yibuti y Mauritania apenas mencionan el género en sus estrategias educativas.
Los socios para el desarrollo pueden desempeñar un papel decisivo para cambiar esta realidad. En 2017, algo más de la mitad de la ayuda directa total a la educación incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo principal o significativo. Si los donantes hicieran hincapié en el tipo de cambios integrales que transforman actitudes que se necesitan –así como en la imperiosa necesidad de crear soluciones escalables, replicables y participativas–, podrían contribuir a impulsar el desarrollo de estrategias gubernamentales receptivas y programas públicos sostenibles que sirvan a todas las personas.
El mundo reconoce los beneficios de garantizar la educación para todos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluyen la meta de eliminar las disparidades de género en la educación para 2030. Pero, para asegurar esos beneficios, debemos reconocer las deficiencias de un enfoque centrado en las cifras de matriculación. El Informe GEM ya ha adoptado un nuevo marco para el seguimiento de la igualdad de género en la educación. Los países y los donantes deberían hacer lo mismo y ajustar sus estrategias educativas en consecuencia.
