La preocupación por la desigualdad económica está en el ambiente casi en todas partes. El problema no es la desigualdad entre países, que en realidad ha disminuido en las últimas décadas, gracias en gran medida a las mayores tasas de crecimiento y a una mayor esperanza de vida en muchos países emergentes (especialmente China e India). Más bien, el foco está en la disparidad de ingresos dentro de los países.
Una razón es que el problema de la desigualdad es real y empeora en muchos lugares. En las últimas décadas, la riqueza y los ingresos se han concentrado cada vez más en la cúspide, el llamado 1 %, mientras que los ingresos reales y el nivel de vida de los pobres y de la clase media en muchos países desarrollados se han estancado o han disminuido.
Esto ya era así antes de que estallara la crisis financiera mundial en 2008, pero la crisis y sus consecuencias (incluidos los niveles de desempleo elevados y prolongados) han agravado las cosas. Y, a pesar de algunas excepciones notables en el norte de Europa y en partes de América Latina, el aumento de la desigualdad ha afectado por igual a los mundos desarrollado y en desarrollo.
Personalidades destacadas llaman la atención sobre el problema como nunca antes. El papa Francisco exhorta al mundo a decir “‘thou shalt not to an economy of exclusion and inequality” porque “such an economy kills”. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habla de una economía estadounidense que se ha vuelto “profundamente desigual”. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, convirtió el tema en el eje central de su campaña electoral, refiriéndose reiteradamente a una “historia de dos ciudades” y a una “crisis de desigualdad”.
El énfasis es comprensible, pero enmarcar el problema como uno de desigualdad conlleva un peligro real. Lo que debería importar no es la desigualdad en sí —para parafrasear el evangelio según Mateo, los ricos siempre estarán con nosotros—, sino si los ciudadanos tienen una oportunidad genuina de enriquecerse o, al menos, de mejorar sustancialmente su situación. La falta de movilidad ascendente, no la desigualdad, es el problema central.
Considerar la desigualdad como el problema puede llevar a toda clase de “remedios” contraproducentes que, de hecho, empeorarían la situación. La tentación más obvia es intentar reducir la desigualdad gravando a los ricos. El defecto de la política redistributiva es que enfatiza el traslado de la riqueza en lugar de su creación. Empobrecer a los ricos no hará más ricos a los pobres.
Por supuesto, hay excepciones a este principio. Por ejemplo, en casos de corrupción extrema y capitalismo de amiguetes, los recursos del Estado son secuestrados por unos pocos. Muchos países ricos en energía entran en esta categoría, razón por la cual muchos observadores hablan de los recursos energéticos y minerales como una “maldición” más que como un beneficio.
Pero, afortunadamente, tales casos son excepciones. Por regla general, una política inteligente consiste no en hacer caer a los ricos, sino en elevar a los pobres y a la clase media. Reducir (o, mejor aún, eliminar) la discriminación por motivos de raza, religión, género y orientación sexual es una forma de lograrlo, como también lo es garantizar los derechos de propiedad, en parte para que las personas puedan pedir préstamos con sus viviendas como garantía para iniciar negocios.
La educación también es vital. Pero esto no implica la necesidad de gastar mucho más en educación; aquí (y en otros ámbitos), importa más cómo se usa el dinero que cuánto se gasta. La variable más crítica que afecta al rendimiento de los estudiantes es la calidad de la enseñanza. Los recursos necesarios para la formación adicional del profesorado y para pagar más a personas talentosas para que se conviertan en docentes y sigan siéndolo pueden compensarse con la voluntad de prescindir de aquellos docentes que no están a la altura de la tarea. Incluso si algunos costes aumentaran, valdría la pena si el resultado fueran ciudadanos mejor formados y más productivos.
La reforma de los planes de estudio es igualmente importante. Los institutos de educación secundaria y lo que en Estados Unidos se conoce como community colleges —instituciones de educación postsecundaria que suelen ofrecer un título de dos años— deben ofrecer cursos adaptados a los empleos que existen o que pronto existirán. Debe fomentarse una estrecha cooperación entre empresas y centros educativos, como se hace a menudo en países como Alemania. Y la educación debe ponerse a disposición de las personas a lo largo de toda su vida de forma económica y eficiente, y no solo al inicio de sus carreras.
También es importante desconfiar de algunas ideas que a menudo se proponen como soluciones, como exigir grandes aumentos del salario mínimo para los trabajadores por hora. El peligro es que desincentive a las empresas a contratar. Sería preferible mantener los aumentos salariales moderados para que las personas puedan encontrar empleo, y buscar otras formas de subvencionar la educación y la atención sanitaria para quienes la necesiten.
La desigualdad es real. Pero solo puede abordarse eficazmente con políticas y programas que fomenten el crecimiento y oportunidades significativas para beneficiarse de él. Lo que está en juego es enorme, ya que el crecimiento económico y la cohesión social dependen de acertar en esto. Pero acertar requiere entender que la desigualdad no es tanto la causa como la consecuencia de los males que nos aquejan.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations; anteriormente fue director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado de EE. UU. (2001-2003) y enviado especial del presidente George W. Bush para Irlanda del Norte y coordinador para el futuro de Afganistán.
Imagen: Un manifestante de Occupy Wall Street corea consignas por la calle 47 en Nueva York. REUTERS/Joshua Lott
