Los impuestos sobre la propiedad estatales y locales son fundamentales para financiar las escuelas públicas de Estados Unidos. Esto significa que las zonas prósperas, con valores inmobiliarios elevados, pueden generar ingresos suficientes para financiar sus escuelas locales, mientras que las zonas más pobres, con valores inmobiliarios bajos, tienen dificultades para recaudar recursos suficientes que permitan mantener programas de alta calidad.
Si se tiene en cuenta que el lugar de residencia es la principal fuente de financiación de la educación, ¿cómo podemos mejorar las oportunidades educativas de los estudiantes de los distritos con altos índices de pobreza? Una solución podría ser aumentar la oferta de viviendas asequibles en comunidades acomodadas, para que algunas familias de bajos ingresos puedan acceder a mejores distritos escolares.
Un informe reciente de la Southern Education Foundation reveló que el número de estudiantes de bajos ingresos en nuestras escuelas públicas ha aumentado a un ritmo alarmante y que estas disparidades de ingresos no hacen más que ampliarse. Hace apenas 25 años, menos del 32 por ciento de los niños de las escuelas públicas provenían de familias de bajos ingresos. Pero en 2013, más del 50 por ciento de los estudiantes de escuelas públicas provenían de familias de bajos ingresos, lo que los convirtió en la nueva mayoría.
Según un nuevo análisis del Urban Institute, los estudiantes de bajos ingresos tienen una probabilidad más de seis veces mayor de estar matriculados en una escuela con altos índices de pobreza, donde más del 75 por ciento de sus compañeros también provienen de familias de bajos ingresos. En marcado contraste, solo el 6 por ciento de los estudiantes de ingresos medios y altos asiste a escuelas con altos índices de pobreza. Quienes estudian en estas escuelas son, de manera desproporcionada, personas de color, lo que complica aún más el panorama.
La concentración de la pobreza en las escuelas públicas representa una amenaza significativa para la calidad educativa, porque las escuelas con altos índices de pobreza suelen estar considerablemente infrafinanciadas y ser de baja calidad. Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, en 2008, más del 40 por ciento de las escuelas con altos índices de pobreza recibieron financiación estatal y local insuficiente para atender a las poblaciones de bajos ingresos, lo que redujo el gasto por alumno destinado a estudiantes desfavorecidos. La falta de financiación en estas escuelas se traduce en una carencia de recursos educativos, como docentes altamente cualificados, cursos de colocación avanzada, programas sólidos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y oportunidades extracurriculares, lo que compromete las vías de apoyo que pueden ayudar a mejorar los logros educativos de los estudiantes de bajos ingresos.
Entonces, ¿cómo podrían las políticas de vivienda asequible mejorar los resultados educativos? Dado que las escuelas y los vecindarios están estrechamente entrelazados, ofrecer oportunidades de vivienda equitativas y asequibles en zonas más prósperas podría elevar el rendimiento académico de los estudiantes de bajos ingresos que residan en esas viviendas. Sin embargo, crear más viviendas asequibles requiere una compleja combinación de subsidios y vales federales, así como una serie de políticas estatales e iniciativas locales. Aun así, algunos gobiernos locales están integrando de forma innovadora la asequibilidad de la vivienda en vecindarios y regiones. Hace décadas, los planificadores urbanos recurrían en gran medida al control de alquileres para limitar cuánto podían encarecerse las viviendas. Ahora recurren a un enfoque de planificación más integral conocido como zonificación inclusiva —una política obligatoria de uso del suelo que exige a los promotores inmobiliarios reservar una determinada proporción de las viviendas para que sean asequibles. Este acuerdo suele ir acompañado de una serie de incentivos para el promotor, entre ellos mayores subsidios para compensar las pérdidas de beneficios derivadas de ofrecer viviendas asequibles. En algunos casos, la zonificación inclusiva es voluntaria, de modo que, a cambio de incentivos, los promotores pueden optar por incluir viviendas asequibles en sus proyectos.
Dada la enorme escasez de viviendas asequibles, establecer zonas de zonificación inclusiva es solo un pequeño paso y debe combinarse con el desarrollo de usos mixtos para garantizar que todo tipo de personas trabajadoras puedan acceder a distintos servicios comunitarios. También hace falta más «upzoning», otra técnica de rezonificación que aumenta la densidad de unidades de vivienda dentro de una zona determinada y que, en teoría, permite crear más viviendas asequibles en una zona sujeta a zonificación inclusiva obligatoria.
El condado de Montgomery, en Maryland, es uno de los muchos gobiernos locales que aplican la zonificación inclusiva, pero fue el primero en utilizar estas innovadoras prácticas de zonificación hace más de 40 años. En la década de 1970, el condado de Montgomery exigió a los promotores de urbanizaciones residenciales que reservaran entre el 12 y el 15 por ciento de las viviendas para que fueran asequibles. Como resultado, un condado que antes era muy próspero comenzó a integrar a más familias de bajos ingresos, que en el proceso también obtuvieron acceso a un sistema escolar de alta calidad y con bajos niveles de pobreza para sus hijos.
En 2010, The Century Foundation publicó un informe que describía los efectos de la integración económica del condado de Montgomery en los resultados académicos. El estudio concluyó que, al final de la escuela primaria, la gran brecha de rendimiento entre los estudiantes de bajos ingresos y sus compañeros más prósperos se había reducido a la mitad en matemáticas y en un tercio en lectura.
Todavía queda mucho por aprender sobre cómo combinar de la mejor manera las prácticas de vivienda asequible con las políticas educativas. Sin embargo, si se implementan adecuadamente, el acceso a una educación de alta calidad y a viviendas asequibles no solo puede mejorar los resultados educativos y reducir las desigualdades para las familias y sus hijos. Como cada vez comprendemos mejor, unas oportunidades educativas más equitativas también pueden significar un crecimiento económico mayor y más sostenible en general.
Este artículo se publica en colaboración con Washington Center for Equitable Growth. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Kavya Vaghul es analista de investigación en Washington Center for Equitable Growth.
Imagen: Caroline Hunt, de 8 años, coloca una pesa en su sitio para equilibrar un rompecabezas en la exposición Math Midway del Boonshoft Museum of Discovery, en Dayton, Ohio. REUTERS/Skip Peterson
