La confianza es un elemento central de cualquier economía que funcione bien. Según las investigaciones, confiar en los demás es esencial para construir capital social, aumentar la renta per cápita y lograr un crecimiento económico sostenible. La confianza que depositamos en nuestras instituciones públicas y privadas es igual de importante. Significa que, independientemente de los altibajos del ciclo económico, el sistema en sí nunca se cuestiona y, como sociedad, seguimos confiando en las acciones y la credibilidad de nuestros gobiernos, bancos y otras instituciones.
Pero la crisis económica actual está poniendo a prueba esta confianza, con niveles de confianza que caen a mínimos históricos. Veo dos razones para ello: la gente se desencanta cada vez más de algunas instituciones clave del sistema económico y, al mismo tiempo, está igualmente decepcionada por la forma en que se ha gestionado la crisis.
Entre las instituciones económicas cuya credibilidad se ha puesto en duda se encuentran los bancos y las agencias de calificación crediticia, así como los organismos de supervisión financiera e incluso los gobiernos. Los fallos del mercado también han desempeñado un papel. Aunque el correcto funcionamiento de todo el sistema financiero depende de la confianza en estas instituciones, hoy en día inspiran muy poca confianza.
Sin embargo, la causa de la mayor parte del desencanto ha sido el elevado y desigualmente distribuido precio que se ha pagado para afrontar la crisis, especialmente en Europa. Los fallos y distorsiones en el funcionamiento de los mercados financieros son en gran medida los culpables, pero las políticas económicas aplicadas tras la crisis también han contribuido. Las medidas de austeridad, vigentes en toda la eurozona, han provocado un aumento de las tasas de desempleo y, sin embargo, han hecho poco por reducir la vulnerabilidad financiera o la deuda nacional de los países que más celo han puesto en aplicarlas.
La ilustración más impactante del desigual precio que se está pagando es el aumento de la desigualdad de ingresos, con una brecha entre ricos y pobres cada vez mayor. Esta no es una tendencia nueva. Los análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial, basados en datos hasta 2008, mostraron que, en la década previa a la crisis, la desigualdad de ingresos iba en aumento. La deuda de los hogares de ingresos medios y bajos aumentó, especialmente durante los años de la Gran Moderación, y la brecha salarial se amplió. Son precisamente estas mismas personas las que más han sufrido los efectos de la crisis del desempleo y las que ya no están en condiciones de negociar sus salarios.
Este segmento de la población es el que más ha sufrido las medidas de austeridad, que han sido mucho más duras que en cualquier crisis anterior. Los recortes en el gasto público y las reducciones de las prestaciones por desempleo, especialmente a partir de 2011, han afectado a los más vulnerables de la sociedad. En el mismo período se debilitaron en toda la eurozona los estabilizadores automáticos, es decir, aquellas medidas, como los impuestos y las prestaciones sociales, que están pensadas para activarse y evitar que una economía caiga en picado.
Como ya se ha demostrado en crisis financieras anteriores, existe una clara relación entre las políticas de consolidación financiera (medidas adoptadas para reducir el déficit y la deuda públicos) y la creciente brecha de ingresos. Estas políticas han sido más severas e indiscriminadas que nunca, lo que agrava aún más el problema.
Como ha señalado el presidente Obama recientemente reconoció, que la “desigualdad peligrosa y creciente” en Estados Unidos ha provocado una “falta de movilidad ascendente”. Este estancamiento de la movilidad social es aún más evidente en los países periféricos de la eurozona. Los recortes en los presupuestos educativos no solo afectan a la movilidad social y a la igualdad de oportunidades, sino que también amenazan el crecimiento económico. Como se destaca en el Informe sobre la Competitividad Global de este año, la educación es uno de los principales determinantes de la competitividad de un país. A medida que se recortan más fondos en escuelas, educación e investigación, se erosiona la capacidad competitiva de una economía.
Los altos niveles de desigualdad no tienen sentido económico. La creciente desigualdad genera ineficiencias que afectan al crecimiento sostenible y a largo plazo de una economía. Los responsables de las políticas deben tener esto en cuenta al planificar la próxima ronda de medidas para hacer frente a la crisis que sigue afectando a Europa.
Este blog fue encargado por Carlos de Vega, editor invitado del Foro:Blog en español. Es corresponsal sénior y presentador de un programa de entrevistas en Deutsche Welle, Alemania.
Autor: Emilio Ontiveros es catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Afi, una consultora económica y financiera. Su último libro, Global Turning Points, ha sido escrito en coautoría con Mauro Guillén.
Imagen: Una mujer se sienta sobre su maleta mientras espera un tren en Sevilla, España REUTERS/Marcelo del Pozo
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