Los 17 Objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible representan un compromiso extraordinario de la comunidad internacional para erradicar la pobreza y mejorar la salud, el medioambiente, la educación y mucho más en todos los países para 2030. El ODS de educación es claro: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos».
Por desgracia, estamos muy lejos de alcanzar este objetivo, especialmente en los países en desarrollo. Más de 250 millones de los 1.600 millones de niños del mundo no están escolarizados, y 400 millones carecen de alfabetización básica. Si las tendencias actuales continúan, para 2030 la mitad de todos los niños no tendrá las competencias básicas necesarias para trabajar.
El principal problema es la escasez de recursos. Aunque los países en desarrollo pueden financiar más del 90% de lo que necesitan para garantizar el acceso universal a una educación primaria y secundaria de calidad, persiste un gran déficit de financiación —que se acercaba a los 40.000 millones de dólares en 2020 y llegará a 90.000 millones en 2030— que debe cubrirse con ayuda internacional.
Resolver este problema ha sido el objetivo de la Comisión Internacional para la Financiación de las Oportunidades de Educación Mundial (la Comisión de Educación), presidida por Gordon Brown y compuesta por destacadas figuras del mundo empresarial, gubernamental y académico. Sin embargo, las dos principales recomendaciones de la Comisión de Educación están mal encaminadas y deberían sustituirse por otras dos soluciones. Ambas serán políticamente difíciles de alcanzar, pero son necesarias para financiar los ODS.
La primera propuesta de la Comisión de Educación consiste en confiar en que «filántropos, empresas y organizaciones benéficas» aumenten sus contribuciones anuales de ayuda de los 2.000 millones de dólares actuales a 20.000 millones para 2030. Es poco probable que esto ocurra. Más importante aún, la caridad no es una forma responsable de financiar las políticas públicas. Como muestra un estudio reciente, las iniciativas benéficas de reforma educativa suelen ser cortoplacistas, descoordinadas y motivadas por intereses propios, y en última instancia contribuyen poco al avance de las prioridades educativas.
La segunda propuesta de la Comisión de Educación consiste en crear un Mecanismo Internacional de Financiación para la Educación, bajo la supervisión del Banco Mundial y varios bancos regionales de desarrollo. Según la propuesta del IFFEd, los bancos de desarrollo pedirían préstamos en los mercados de capitales para aumentar sus inversiones anuales en educación a 10.000 millones de dólares para 2020 y 20.000 millones para 2030.
El principal problema de este enfoque es que el Banco Mundial no debería encabezar la reforma educativa. De hecho, como muestra mi propia investigación, el Banco Mundial lleva tres décadas desviando la reforma educativa en los países en desarrollo al promover una mayor privatización y resultados educativos definidos de manera restrictiva, así como una rendición de cuentas basada en pruebas excesivas.
El enfoque fundamentalista de mercado del Banco Mundial en la educación (y otros sectores) se parece al de centros de pensamiento de derecha como el Cato Institute o la Heritage Foundation. Pero mientras estos se reconocen como organizaciones partidistas que persiguen una agenda ideológica, el Banco Mundial finge ser objetivo e inclusivo. Además, a diferencia de Cato y Heritage, el Banco Mundial es una entidad pública financiada con impuestos que ejerce una enorme influencia en todo el mundo mediante sus donaciones, préstamos y recomendaciones de políticas.
A las generaciones futuras les horrorizará que hayamos permitido que los bancos determinen las prioridades educativas y de otros ámbitos. En vez de otorgar más poder a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, necesitamos una nueva conferencia de Bretton Woods que las haga rendir cuentas democráticamente y las vuelva menos ideológicas.
En la situación actual, el Banco Mundial es el gorila de 500 libras del sistema de ayuda internacional, y el IFFEd propuesto le daría esteroides. También convertiría la coordinación de la ayuda a la educación en una pesadilla administrativa. Además de la Alianza Mundial para la Educación (GPE), centrada en los países de bajos ingresos, y del fondo La educación no puede esperar (ECW), creado recientemente y centrado en países con emergencias humanitarias, tendríamos un tercer organismo enfocado en países de ingresos bajos y medios.
No tiene sentido que tres instituciones multilaterales compitan entre sí por la financiación. Como lleva tiempo sosteniendo Jeffrey D. Sachs, de la Universidad de Columbia, ha defendido desde hace tiempo, necesitamos un solo Fondo Mundial para la Educación que contribuya a alcanzar el ODS de educación, y este podría ser una GPE reformada. Mientras que los donantes dominarían la toma de decisiones del IFFEd, la GPE funciona de manera más democrática, con representación equitativa de los países donantes y receptores y una participación sólida de las organizaciones de la sociedad civil. Aunque la GPE sigue dependiendo demasiado del Banco Mundial, que supervisa el 80% de sus donaciones, eso puede cambiarse.
En lugar del IFFEd propuesto, necesitamos dos cosas. Los países ricos deben cumplir el compromiso, adquirido en 1970 y reiterado desde entonces, de destinar el 0,7% del PIB a la AOD. Aunque algunos países ya lo hacen, la mayoría está muy lejos de cumplirlo. Con solo respetar sus promesas anteriores, los países ricos podrían cerrar el déficit de financiación de la educación y cubrir también las necesidades de financiación de todos los demás ODS. En cambio, la Comisión de Educación exime a los países ricos de cumplir su parte al pedirles que se comprometan a destinar solo el 0,5% del PIB a la AOD, y no antes de 2030.
En segundo lugar, necesitamos un enfoque mundial de la fiscalidad. Como señalamos mi colega y yo en un informe para la Comisión de Educación, las reformas del impuesto de sociedades podrían eliminar la elusión y la evasión fiscales, que le cuestan a la economía mundial más de 600.000 millones de dólares cada año. Para lograr las reformas necesarias, debemos aumentar la capacidad de la ONU en lugar de depender de la OCDE, que solo ha propuesto cambios menores.
También debemos establecer un impuesto mundial sobre la riqueza, como ha propuesto el economista Thomas Piketty, lo ha propuesto. Es obsceno que las ocho personas más ricas del mundo posean tanta riqueza como el 50% más pobre. Al igual que la reforma del impuesto de sociedades y el cumplimiento de las promesas anteriores de financiar la AOD, un impuesto mundial del 1% sobre la riqueza podría financiar todos los ODS en conjunto.
Los ODS, incluso más que los Objetivos de Desarrollo del Milenio que los precedieron, representan un compromiso mundial extraordinario. Pero si la comunidad internacional se toma en serio su cumplimiento, debe hacer algo aún más inédito: respaldar sus palabras con dinero.
